En Junio de 1931 se celebraban elecciones a Cortes Constituyentes. Obtuvieron la mayoría una coalición de republicanos y socialistas. El PSOE obtuvo 116 escaños, seguido del Partido Radical de Lerroux, 90 escaños, que se había convertido en un partido de derecha moderada. El primer cometido de estas Cortes era elaborar un nuevo texto constitucional.
La constitución de 1931 fue el reflejo de un pensamiento democrático y avanzado, y buscaba una redistribución de la riqueza y la creación de un estado del bienestar que alcanzara a toda la sociedad, yendo más allá de la defensa de la doctrina liberal de constituciones anteriores. El problema es que se impuso sobre una importante minoría, de corte conservador, moderado y católico, que veía en las medidas de carácter religioso el ataque a una parte importante de la población española claramente católica.
Como forma de Estado establecía una república democrática de trabajadores, bajo un sistema de gobierno claramente democrático, en el que la persona que ocupaba la Presidencia de la República era elegida cada seis años por los diputados y un número igual de compromisarios. Sus competencias están restringidas y son controladas en todo momento por el legislativo. El Presidente, nombra al Jefe del Gobierno y, a propuesta de éste, a los ministros, a los que ratifican las Cortes, ante las que responden individualmente.
Se proclama la soberanía popular, y se establece una estricta separación de poderes, quedando el legislativo en manos de unas cortes unicamerales, elegidas, cada cuatro años, por sufragio universal que, por primera vez, incluirá a las mujeres (tras una ardua lucha de Clara Campoamor). El ejecutivo se constituía según la mayoría parlamentaria, y estaba presidido por la figura del presidente del gobierno. El control sobre el poder ejecutivo será llevado a cabo por el legislativo, que adquiría un gran poder ya que podía retirarle la confianza en cualquier momento. Se establece un poder judicial totalmente independiente, a la vez que se constituye el Tribunal de Garantías Constitucionales,
con la función de velar por el respeto a la nueva constitución, y cuyos miembros son elegidos por las Cortes.
La Declaración de Derechos, además de la libertad de expresión en todas sus formas (opinión, expresión, imprenta, cátedra) y de asociación, recogía derechos como el del trabajo, la educación y la cultura, o la igualdad de los cónyuges en el matrimonio, además de establecerse el matrimonio civil, el divorcio y la equiparación de derechos para los hijos legítimos e ilegítimos. En la constitución se recoge el apoyo que el Estado está obligado a prestar a la cultura, como un bien universal, al que debe poder acceder todo el mundo, sin restricciones de carácter económico.
Se reconoce el derecho a la propiedad privada de todos los medios de producción, pero quedando subordinada a los intereses de la economía nacional, por lo que se posibilitaban las nacionalizaciones de empresas o de sectores económicos.
Se impuso un Estado laico, pero se reconocía la libertad de conciencia y la práctica de cualquier religión. Pese a la cerrada oposición de la derecha, se impuso la disolución de las Congregaciones religiosas de «obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado» (supónía la expulsión de la Compañía de Jesús, cuya obediencia era directa al Papa), la desaparición del presupuesto de culto y clero, la prohibición del ejercicio de la enseñanza, la industria y el comercio a las Congregaciones religiosas como tales (no a sus miembros individualmente), al tiempo que eran sometidas a una ley especial. Esta postura desató, por un lado, la oposición de la jerarquía eclesiástica, y por otro el aumento de la corriente anticlerical y su radicalización. El problema religioso se convertiría en uno de los puntos débiles de la nueva república.
Desde el punto de vista de la organización territorial, se define la República como un estado integral (un compromiso entre central y federal)
que contempla la posibilidad de que un conjunto de provincias se constituya en regíón autónoma, para lo que deberán presentar su proyecto de Estatuto a las Cortes, a las que compete aprobarlo. La Constitución recoge las competencias susceptibles de ser transferidas a las regiones autónomas y, en un intento de apaciguar a la derecha ante el temor al separatismo o a la disgregación del país, prohíbe la federación de regiones autónomas. Serán Cataluña y el País Vasco las primeras que elaborarán su propio Estatuto de Autonomía, aunque sólo el de Cataluña tendrá vigencia durante la etapa republicana. Los gobiernos municipales serán elegidos por sufragio universal de todos los vecinos del municipio.
La Constitución fue aprobada en Diciembre de 1931, formándose el primer gobierno constitucional presidido por Manuel Azaña como presidente del gobierno, e integrado principalmente por republicanos de izquierdas y socialistas. La presidencia de la República quedó en manos de Alcalá Zamora.
-Desembarco de Alhucemas
Desembarco de Alhucemas: fue un desembarco militar anfibio llevado a cabo el 8 de Septiembre de 1925 en Alhucemas por el ejército y la Armada española y, en menor medida, un contingente aliado francés, que propiciaría el fin de la Guerra del Rif. La operación consistíó en el desembarco de un contingente de 13 000 soldados españoles transportados desde Ceuta y Melilla por la armada combinada hispano-francesa. Fue el primer desembarco de infantería de la historia apoyado por carros blindados, buques y unidades aéreas. La operación tuvo como comandante en jefe al entonces Director Militar de España, general Miguel Primo de Rivera, y como jefe ejecutivo de las fuerzas de desembarco en las playas de la bahía de Alhucemas al general José Sanjurjo, a cuyas órdenes estaban las columnas de las brigadas de Ceuta y Melilla. Entre los jefes participantes en la acción se encontraba el entonces coronel Francisco Franco, quien por su actuación al frente de las tropas de la Legión fue ascendido a general de brigada.
Las primeras elecciones republicanas fueron las más democráticas de las celebradas hasta entonces en la historia de España. El partido que obtuvo más escaños fue el PSOE. Considerados en conjunto, la izquierda alcanzó una clara mayoría. Tiempo después se formó el primer gobierno constitucional, presidido por Manuel Azaña (Acción Republicana) e integrado principalmente por republicanos de izquierdas y socialistas. En un gesto conciliador se cedíó la presidencia de la República al conservador Alcalá Zamora.
El nuevo gobierno se propuso la tarea de realizar una profunda transformación de la realidad española, con el fin de satisfacer las amplias expectativas sociales depositadas en él.
Política religiosa: Se empezaron a promulgar leyes que afectaban directamente los intereses de la Iglesia (disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes, matrimonio civil, divorcio, prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, etc.). Amplios sectores del clero interpretaron estas medidas como una provocación. Esto significó una constante oposición entre la Iglesia, apoyada por el partido de Acción Popular, y la República.
La enseñanza y la cultura: En el campo de la educación, el problema básico con el que se enfrentó la República fue el elevado índice de analfabetismo y la falta de escolarización de casi la mitad de la población infantil. Por ello los mayores esfuerzos se centraron en la enseñanza primaria. Para ello se programó la construcción de nuevas aulas que en algunos casos se vieron frenadas por falta de presupuestos pero que supusieron un aumento de un 50 % sobre las ya existentes. Otro objetivo, en concordancia con el carácter laico del Estado, fue establecer en la escuela la libertad religiosa, tanto para profesores como para alumnos.
La reforma del ejército: La mayoría de los militares se habían mostrado contrarios al régimen republicano, por tanto, la reforma del ejército se convirtió en un asunto prioritario. Los objetivos eran dos: ganarse la fidelidad del ejército para la República y aumentar su eficacia. Para resolver este problema Azaña propuso el retiro, con el sueldo íntegro, de todos los oficiales que no quisieran prestar juramento de fidelidad a la República. Además, se colocó al frente de las principales capitánías generales a militares de confianza. Con ello se aseguró, teóricamente, la lealtad del ejército. Paralelamente, se creó la Guardia de Asalto, como cuerpo afín a la República y encargado del orden público, con el fin de sustituir al ejército en esta función.
La política autonómica: La Constitución mencionaba la posibilidad de conceder la autonomía a las regiones que lo solicitasen. De esta manera Cataluña conseguía su Estatuto en Septiembre de 1932, a través del cual se convertía en regíón autónoma, que sería regida por un gobierno propio, la Generalitat, formada por un presidente, un parlamento y un consejo ejecutivo. El País Vasco, a pesar de la fuerza del movimiento autonomista, no tuvo su estatuto hasta 1936. No obstante, la política autonómica levantó el recelo de un sector del ejército y de los sectores sociales más conservadores temerosos de la posible división de España.
El problema social:
A causa de la crisis económica mundial de 1929, el paro obrero en España constituye uno de los elementos dominantes del panorama social entre 1931 y 1936. La legislación laboral alcanzó gran amplitud durante los dos primeros años de gobierno de la República: leyes de jornada máxima, de regulación del derecho a la huelga, etc. La actitud de los grandes sindicatos frente a la cuestión social no seguía una línea única, aunque, en general, destacó la oposición violenta de los anarquistas hacia la República.
La
reforma agraria: La reforma agraria fue, sin duda, el proyecto económico y social de mayor magnitud que debía acometer la República, pues España seguía siendo un país eminentemente agrario; los campesinos eran casi el 50 % de la población activa y de ellos la mayoría eran jornaleros, es decir, campesinos sin tierra. Sin embargo, el principal problema del campo afectaba a la estructura de la propiedad con amplios latifundios al sur del Tajo, que colocaba a amplios sectores sociales en una situación de miseria y paro. Por ello, periódicamente se producían ocupaciones ilegales y estallidos de violencia social. La Ley de Reforma Agraria establecía la expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas según las costumbres de la zona, para ser repartidas entre las familias de campesinos o entre colectividades de agricultores. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria. Sin embargo el sistema de redistribución presentó muchos problemas, a los que hay que unir la oposición de los terratenientes expropiados, el carácter excesivamente burocrático del Instituto, la falta de estudios previos sobre calidad y rendimientos de la tierra, etc. La tan anhelada reforma agraria supuso una considerable frustración para los campesinos que habían depositado la esperanza de un futuro mejor.
A mediados de 1933, la oposición de los partidos de derechas y la postura violenta de los anarquistas en la cuestión agraria, hicieron aparecen síntomas de inestabilidad. En 1933, Azaña dimitíó como jefe del gobierno y Alcalá-Zamora decidíó convocar nuevas elecciones, que desembocará en el bienio radical-cedista.