. A partir de ese  momento aprobado por las cortes republicanas hasta 1932. A partir de ese momento comenzaron a funcionar las instituciones autonómicas catalanas con Macia como presidente de la Generalitat y Lluis  Companys como presidente del Parlamento de Cataluña. A la muerte de Macia en 1933 le sucedió Companys.

La autonomía vasca siguió un rumbo bastante distinto de la catalana, dad  la oposición que la coalición azañista presentó al nacionalismo vasco por su carácter foralista y católico.

 También faltaba el acuerdo entre las sociedades vasca y Navarra. A pesar del empeño del PNV, el estatuto de autonomía no logró ser aprobado en todas las provincias, incluso fue rechazado por los ayuntamientos de Navarra. El proceso se retomó tras la victoria del Frente Popular en 1936.

Tampoco la autonomía gallega llegó a concretarse durante la II República a pesar de haber sido aprobado el estatuto por los ayuntamientos en 1932. Esto fue conseguido en 1936, pero el estallido de la guerra impidió su puesta en vigor.

 La disolución de la Compañía de Jesús

Con la aprobación de los artículos de la Constitución 26 y 27 se tuvo menos problemas con la iglesia  y el status que había tenido durante la Historia de España. Ahora una de las medidas fue la disolución de la Compañía de Jesús en 1932 y la confiscación de sus propiedades. Los jesuitas habían sido expulsados repetidamente por los gobiernos franceses, españoles e italianos de los siglos XVIII y XIX.

Las causas de la disolución eran su influencia educativa, su riqueza oculta y el poder económico. Regentaban dos escuelas de ingenieros que tenían fama de ser las más eficaces y equipadas del Estado y sus alumnos ocupaban los mejores puestos en las empresas desde principios del siglo XX. Se sabía que era también propietaria de extensas fincas y que tenía un paquete de acciones de la Compañía Telefónica, aunque estas como muchas otras no figuraban a su nombre.

Tanto el artículo 26 de la Constitución  como muchas de las normas impuestas a las Órdenes Religiosas estaban relacionadas con la lucha del gobierno republicano de crear un sistema de escuelas laicas: los municipios proporcionarían los solares y ayudarían económicamente a la construcción de los edificios. El gobierno central contribuiría con el 50 % o el 75 % de los gastos de construcción y pagaría el sueldo al maestro. Pero el intenso ritmo de construcciones escolares no iban a extenderse más de finales de 1932.

 En la modernización del Ejército, durante su primer año como presidente del gobierno, Azaña extendió las reformas militares que él mismo había iniciado como Ministro de Guerra. Se aprobó la Ley del Retiro por la que todo general que no hubiera recibido ningún nombramiento en seis meses pasaría a la reserva. Así se intentó forzar al retiro de lso generales hostiles a la República. Dejó fuera al 40 % de los genrales, es decir, unos 7.500.

La reforma del ejército estaba unida al orden público. Éste hasta el momento había dependido de la Guardia Civil. En la fecha de la proclamación de la República el jefe de este cuerpo era así mismo uno de los más prestigios generales del ejército español: José Sanjurjo. Había sido uan figura clave en el golpe de Primo de Rievra y aconsejó a Alfonso XIII abandonar España porque la Guardia Civil no lo iba a ayudar.

Así las cosas, los dirigentes republicanos querían adoptar métodos más suaves para mantener el orden público que los empleados por la Guardia Civil. Por eso decidieron crear una nueva fuerza urbana para la seguridad: la Guardia de Asalto, que un principio no tendrían que ir armados, siendo entrenados para disolver manifestaciones sin atacar. Pero esto no se pudo cumplir, sobre todo en la recién autónoma Cataluña en la manifestación convocada por los estudiantes de Medicina.

 En la Reforma Agraria, en el Norte de España predominaba el minifundio mientras que en el sur lo característico eran los latifundios. Había dos grandes objetivos: llevar a cabo  una reforma técnica para lograr una mayor productividad y lograr una mejor redistribución de las tierras, muy concentradas en manos de una minoría de propietarios que no las cultivaban. Se buscaba la reforma en el campo al igual que muchas reformas agrarias en Europa Central o América Latina en esta misma época. La Ley de Reforma Agraria causó un enorme debate en el Parlamento y no fue aprobada hasta 1932 en un contexto favorable producido por el fracaso de la sublevación del general Sanjurjo.

De su puesta en práctica se encargó el Instituto de Reforma Agraria 8IRA) apoyado financieramente por el Banco Nacional Agrario. Se autorizó la expropiación de millones de hectáreas pertenecientes a la nobleza. Pero la ley no satisfizo a nadie y durante sus dos años de vigencia, sólo 12.2oo familias recibieron tierras. Durante estos años también se continuó con la política hidraúlica de la dictadura: se construyeron dos pantanos en el Guadalquivir y se comenzó un proyecto que fue interrumpido por la guerra y fue reanundado posteriormente bajo el nombre del Plan Badajoz.

En el Anarcosindicalismo provocaron numerosas huelgas y ocupaciones de tierras, y ante esto, el gobierno respondía con represión, algo que no sólo deterioraba la imagen del gobierno de Azaña, sino que alimentaba la propaganda de los enemigos de las República y el miedo de la derecha a la revolución.

En 1933 se produce un levantamiento generalizado de la Federación Anarquista Ibérica, que sólo triunfó en algunas localidades del sur de Andalucía, como Casas Viejas en Cádiz: su población había perdido la esperanza en la reforma agraria y proclamó el comunismo libertario. Cuando llegó la Guardia de Asalto, algunos huyeron pero  un grupo de campesinos, liderados por Seisdedos se refugiaron en una choza y la guardia le prendió fuego, causando la muerte a varios labriegos y fusilando a 14 campesinos.