12.6.- LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO Y EL TURNO DE PARTIDOS. LA OPOSICIÓN AL SISTEMA. REGIONALISMO Y NACIONALISMO.

En noviembre de 1885 fallecía Alfonso XII tomando la Regencia su mujer María Cristina. Alfonso XII dejaba dos hijas y una regencia problemática, que los carlistas y republicanos aprovecharon para impulsar sus reclamaciones. En estas circunstancias, las instituciones funcionaron adecuadamente, gracias al llamado Pacto de El Pardo (noviembre de 1885), un acuerdo entre Cánovas y Sagasta. Ambos se comprometían a respetar rigurosamente el turno de partidos y a conservar las medidas legislativas aprobadas por los respectivos gobiernos. Sagasta volvió a hacerse cargo del Gobierno, contando con el respaldo colectivo de los obispos asistentes a los funerales del rey. Al año siguiente, el nacimiento de un heredero varón al trono contribuiría a la distensión del clima político.En cuanto a la labor liberal de Sagasta, consiguió restaurar la alianza en las filas de izquierdas, a cambio de la aceptación del principio de soberanía compartida descrita en la Constitución de 1876. Se mantenían, no obstante, las demandas de derechos individuales, la exigencia de la implantación del sufragio universal y dejar abierta la posibilidad de una reforma constitucional. En la práctica, suponía que los principios canovistas habían sido aceptados por los revolucionarios de 1868.Las Cortes surgidas de las elecciones de 1886 aprobaron una legislación representativa del ideario liberal. Destacaron: la Ley de Asociaciones (1887), las leyes de lo contencioso administrativo y del jurado popular (1888), y la ley de sufragio universal (1890).Los problemas a los que tuvo que hacer frente Sagasta fueron prácticamente los de mantener la unidad del partido, ya que la convivencia era bastante complicada entre algunos dirigentes liberales. Finalmente, las acusaciones de corrupción, que afectaban a diversos ámbitos de la gestión pública impedirían la culminación del programa político de Sagasta, siendo los conservadores llamados al poder en 1891.La revisión de las reformas liberales fue rechazada por los conservadores, porque entendían que algunas reformas iban más allá de lo que demandaba la sociedad del momento. El primero de los problemas vino en las elecciones de 1891. A causa de la aplicación del sufragio universal se multiplicó el número de votantes, lo que dificultó la labor de encasillado del Ministerio de Gobernación para asegurar el triunfo electoral de los conservadores y de algunos candidatos distinguidos. Fue necesario acudir al caciquismo, consistente en contar con la ayuda de personajes influyentes en el ámbito local (caciques) a cambio de variados favores, para que en las localidades el resultado de las elecciones se ajustase a lo deseado en Madrid.

   En el plano económico, la crisis llevaría a aplicar políticas proteccionistas de los productos nacionales. Este hecho suponía un cambio muy importante, ya que tanto por parte de los conservadores, como más tarde por parte de los liberales (en sus respectivos gobiernos de 1892-1895 y 1897-1902), se anteponían los intereses nacionales a cuestiones ideológicas como el libre mercado.

   En 1902, al llegar a la mayoría de edad, Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, fue proclamado rey de España, dando fin a la regencia de María Cristina de Habsburgo.

   Sin embargo, el sistema contaría con sus opositores. Una oposición heterogénea y dividida, por lo que no supondría un problema grave. En primer lugar, los carlistas. Tras su derrota en 1876 se dividieron en dos grupos: los que rechazaban el régimen y no colaboraron con él, y los que creyeron más conveniente formar un partido político y luchar dentro de la legalidad. El primer grupo, conocido como corriente integrista y liderado por Ramón Nocedal, se enfrentó al pretendiente carlista (1888) y fue expulsado del partido; se caracterizó por ser profundamente intransigente con el liberalismo.

   En segundo lugar, los republicanos también estaban divididos tras la experiencia del Sexenio democrático. Castelar lideraba el grupo de los posibilistas, que colaboraron con el partido de Sagasta, dentro del régimen. El grupo encabezado por Ruiz Zorrilla, en 1886, organizaría un pronunciamiento militar que fracasaría. Pero no sólo la estrategia a seguir era motivo de división; el modelo de organización del Estado también lo era: Salmerón era partidario de una república unitaria, mientras que la facción de Pi y Margall aspiraba a una república federal. Ambos grupos tenían gran influencia entras las clases medias y los trabajadores de las ciudades, por lo que cuando se unían lograban mayorías electorales, como sucedió en Madrid, Barcelona y Valencia en 1893.

   Paralelamente al desarrollo más o menos normal del sistema, surgiría una fuerza centrípeta a éste: el nacionalismo y el regionalismo. La emergencia de los nacionalismos periféricos partía de la conciencia de las diferencias culturales que existían en España. Cada uno de estos movimientos operaría sobre realidades sociales y económicas particulares por lo que tendría un desarrollo diferente. El nacionalismo surgiría primeramente en Cataluña, donde se formaría la Unió Catalanista (1891) que redactaría las Bases de Manresa, primer documento reivindicador del catalanismo. En el País Vasco el nacionalismo llegaría de la mano del Partido Nacionalista Vasco (1895), fundado por Sabino Arana, auténtico integrista católico que basó su propuesta independentista en la raza y la religión frente a los males del liberalismo. En Galicia, estos planteamientos encontraron eco en el regionalismo liberal de Manuel Murguía, o en regionalismo tradicionalista de Alfredo Brañas. En Valencia, la Renaixença tuvo un carácter más popular que político.