EPÍGRAFE 1: LAS REGENCIAS Y EL PROBLEMA CARLISTA (1833- 1868)
REGENCIA DE MARÍA Cristina (1833 – 1840).
En 1833 muere Fernando VII cuando su hija Isabel tenía tan solo dos años por lo que va a
ocupar la regencia su esposa, María Cristina.
En esta etapa, se confirmó la división del liberalismo en dos corrientes que se mantuvieron a
lo largo de todo el reinado de Isabel II: moderados, partidarios de amplios poderes para la
corona y de un sufragio censitario muy restringido y progresistas, partidarios de la labor
legislativa de las Cortes de Cádiz y de una profunda reforma social y política que limitase el
poder del rey en favor del Parlamento.
María Cristina e Isabel II se mostraron partidarias de los moderados, a los que favorecieron
siempre. Los progresistas sólo gobernaron cuando la situación social o política amenazaba la
estabilidad de la monarquía.
María Cristina ocupó la regencia y nombró un gabinete defensor de la monarquía absoluta.
Los sectores más absolutistas se conjuraron en torno a Carlos María Isidro, quien reclamaba la
corona. Comenzó así la primera guerra carlista, lo que obligó a la regente al cambio de
gobierno.
En Enero de 1834 la reina gobernadora llamó a Martínez de la Rosa para formar un
nuevo gobierno integrado por destacados políticos del trienio liberal. Se concibió el Estatuto
Real de 1834, una constitución que tenía el carácter de carta otorgada, es decir, una concesión
gratuita del monarca aunque en realidad era una convocatoria de Cortes con dos cámaras. La
corona no renunciaba a la soberanía depositada en las Cortes por el rey.
Las relaciones entre gobierno y Cortes se tornaron tensas, y algunos sucesos aumentaron la
crispación. El conde de Toreno en 1835 aplicó importantes reformas, con ayuda de Juan
Álvarez Mendizábal, ministro de Hacienda. Este gobierno disolvíó los conventos con menos de
12 religiosos y la Compañía de Jesús, además se produce la exclaustración de todos los frailes,
lo que supuso la ruptura de relaciones con la Santa Sede y que el clero abrazara con

entusiasmo la causa carlista.
Mendizábal, un liberal progresista, forma un gobierno y desde 1835 a 1837 se consumó la
transición política hacia el sistema liberal. El gabinete de Mendizábal reorganizó la Milicia
Nacional y planteó pagar y ganar la guerra con la desamortización de los bienes del clero. La
desamortización de Mendizábal consistíó en la nacionalización de las propiedades rústicas y
urbanas de Iglesia y su venta posterior en subastas públicas a particulares. Con ello se
pretendía crear una clase de nuevos propietarios afines a la causa liberal y sanear la deuda
pública. El decreto de desamortización de 1836 se convirtió en ley en Julio de 1837.
Un nuevo gobierno progresista en 1837 restablecíó parte de la legislación de las Cortes de
Cádiz y del trienio liberal sobre propiedad señorial y desamortización, y sobre los gobiernos
municipales. Los ayuntamientos pasaron a ser elegidos por sufragio universal masculino, pero
lo más importante fue la convocatoria de unas Cortes que elaboraron una nueva constitución,
aprobada en Junio de 1837. La Constitución de 1837 de carácter progresista, recuperaba
algunos aspectos de 1812 como la separación de poderes y la importancia concedida a los
derechos individuales. También hubo cambios como el refuerzo del poder de la corona y el
paso de las Cortes a ser bicamerales
La ley electoral de 1837, de carácter moderado, sustituyó el sufragio universal masculino por el
sufragio censitario. Así, en las elecciones de Octubre de 1837 sólo votó algo más del 2% de la
población. Los gobiernos liberados se vieron condicionados por el poder militar, encarnado en
los generales más prestigiosos: Narváez en el liberalismo moderado y Espartero en el
progresista. Debido a la ley de ayuntamientos se provocó una confusa situación política que
concluyó con el nombramiento de Espartero (12 de Octubre) como presidente y la renuncia a
la regencia de María Cristina.
REGENCIA DE Espartero (1840-1843)
Tras la guerra carlista se inició el llamado “régimen de los generales” en el que destacaron tres

figuras: Espartero, Narváez y O’Donnell. Espartero fue nombrado regente. Este general era el
líder de la corriente progresista dentro del liberalismo. Fue autoritario, y cuando no consiguió
apoyo entre los progresistas, recurríó a los moderados para aprobar las leyes. Espartero exigíó
ser regente único y así lo consiguió el 8 de Mayo de 1841. Gobernó apoyándose en hombres
incondicionales a su persona, más que en miembros de ala progresista. Realizó con fuerza la
venta de los bienes del clero secular frenada en 1840 y apostó por el librecambismo. En 1841
O’Donell protagonizó un levantamiento moderado que fracasó.
En el año 1842 comenzó la crisis de la regencia de Espartero, que tenía un reducido apoyo
parlamentario, además, sufría un aislamiento internacional propiciado por la conspiración de
los moderados y María Cristina, con la ayuda del general Narváez.
En 1842 se produjeron los sucesos de Barcelona. El textil catalán se vio amenazado por la
política librecambista, que permitía la entrada de tejidos británicos por un tratado comercial
con Inglaterra. En este contexto, una recluta de soldados derivó en tumultos callejeros. El
propio Espartero se ocupó de la represión del motín y ordenó el bombardeo en Barcelona.
Este grave incidente redujo los apoyos al regente. Tras perder las elecciones de Abril de 1843
disolvíó las Cortes mientras la rebelión se extendía por toda España. Con el apoyo del general
Narváez, Espartero renunció a la regencia y esta situación obligó a adelantar la mayoría de
edad de la reina, de tan solo 13 años.
LA Guerra Civil CARLISTA (1833-1840).
El mismo año de la muerte de Fernando VII los sectores más absolutistas se conjuraron en
torno a Carlos María Isidro, para tomar el poder. Don Carlos reclamaba la corona porque la
Ley Sálica impedía a una mujer ocupar el trono . Comenzó así la primera guerra carlista a
causa de los enfrentamientos entre los liberales que apoyaban la regencia de María Cristina y
los absolutistas que apoyaban a Carlos María Isidro.
El programa ideológico del carlismo se resumía en la defensa de la religión, el absolutismo
monárquico, el foralismo (de ahí el apoyo que recibíó en Cataluña, provincias vascas y
Navarra) y los privilegios del Antiguo Régimen. Sus bases sociales fueron el clero, el
campesinado pobre, gran parte de la nobleza, y sectores de las clases medias defensoras de
los fueros.
La primera guerra carlista se inició nada más morir Fernando VII. Se distinguen tres fases:
1ª etapa: a finales de Septiembre de 1833 hubo brotes armados en Valencia, Castilla,
Navarra y las provincias vascas. Se formaron dos zonas de guerra abierta : las provincias
vascas y el norte de Cataluña, a las que se sumaron partidos de guerrilleros en Aragón,
Galicia, Asturias o La Mancha. En Julio de 1835 finalizó esta fase.
– 2ª etapa: desde Julio de 1835 hasta el 1837. Con difusión a todo el terreno nacional.
– 3ª etapa: de Octubre de 1837 a Agosto de 1839. Acabó con el triunfo de las tropas
gubernamentales. Dentro del carlismo surgíó una división entre los más conservadores
(apostólicos) y los menos radicales, partidarios de negociar.
Triunfó esta última postura, lo que permitíó la firma del Convenio de Vergara (1839) entre los
generales Espartero, del ejército isabelino, y Maroto, de las fuerzas carlistas. En él se prometía
el mantenimiento de los fueros vascos, que Espartero incumplíó.
El rechazo a este acuerdo prolongó la guerra en Cataluña y Aragón hasta la derrota definitiva
en Morella (Junio de 1840).