Reinado de Alfonso XII: el sistema canovista y la constitución de 1876

12.5. Reinado de Alfonso XII:


La Restauración de la monarquía borbónica con Alfonso XII comenzó a producirse cuando Cánovas del Castillo hizo firmar al príncipe Alfonso el Manifiesto de Sandhurst (1 de Diciembre de 1874). Entonces se produjo un pronunciamiento militar (29 de Diciembre de 1874), ocurrido en Sagunto y protagonizado por Martínez Campos, que acabó con el Sexenio Revolucionario e impuso la Restauración borbónica. Cánovas era un político pragmático y moderado procedente de las filas de la Uníón Liberal. Había sido el líder del partido alfonsino, pero en esos años se atrajo a las élites políticas y sociales contrarias al absolutismo y también a los excesos de la democracia y al desorden de la República. Su principal mérito fue dotar a la monarquía de un sistema liberal y autoritario del que quedaban excluidos (y fuera del sistema) los partidos antimonárquicos, antiliberales, antinacionales y masas populares quedaron excluidos y fuera del sistema. Cánovas aspiraba a construir un sistema político estable y sólido (basado en el orden social), siendo el modelo inglés su fuente de inspiración. Éste se basaba en la alternancia en el gobierno de dos grandes partidos y en la consolidación de dos instituciones fundamentales, la Monarquía y el Parlamento, que hacían innecesaria la elaboración de una Constitución escrita. Los objetivos prioritarios de Cánovas eran la estabilización de la vida política y la consolidación del poder civil, que acabó con la práctica del pronunciamiento y relegó de manera definitiva a los cuarteles el protagonismo militar, siendo el país pacificado. Entre las funciones propias del Ejército estuvieron: el final de Tercera Guerra Carlista (1876), por el cual se suprimieron los fueros e instituciones vascas (1876), hecho que alimentó posteriormente el nacionalismo reivindicativo, y la firma de los conciertos económicos por los cuales el País Vasco conservó la autonomía fiscal; y también el final de la Primera Guerra de Cuba (1878, Paz de El Zanjón), que rebrotó en 1895.Otro de los elementos que hicieron posible el sistema político de la Restauración fue la Constitución de 1876, que permanecíó vigente hasta 1931, aunque fue suspendida y vulnerada en varias ocasiones. Constituyó una Constitución elástica y, con ella, la soberanía fue compartida entre el rey y las Cortes, unos planteamientos propios del liberalismo doctrinario. Además, se mantuvo la declaración de derechos de la Constitución de 1869. No existía una clara división de poderes. El rey tenía poder hegemónico sobre el Parlamento: potestad ejecutiva (elegía al Gobierno) y legislativa (poder de veto, iniciativa legislativa). El Gobierno, además, necesitaba de la doble confianza del rey de las Cortes, que eran bicamerales. El Congreso era elegido por sufragio censitario (desde 1890 por sufragio general masculino) y el Senado era elegido por la Corona. Por último, se llevó a cabo el turno de partidos. Se configuraron dos fuerzas políticas que aceptaban las reglas del juego y podían alternarse en el Gobierno. Por un lado el Partido Conservador, liderado por Cánovas hasta su muerte y después por Francisco Silvela. Aglutinó a liberales moderados, a miembros de la Uníón Liberal, a progresistas, a católicos tradicionales, obispos, altas jerarquías eclesiásticas, a la aristocracia y a los terratenientes. Por otro lado estaba el Partido Liberal, encabezado por Sagasta, representó la izquierda liberal. Sagasta era un antiguo progresista que había dirigido el Partido Constitucionalista y era jefe de Gobierno cuando se produjo el pronunciamiento militar de Sagunto. Aceptó la Constitución de 1876 y se atrajo a conservadores desencantados con la política de Cánovas (como Martínez Campos), a antiguos demócratas y progresistas (Montero Ríos, Moret, Martos), a militares, funcionarios, banqueros, profesionales liberales e incluso a republicanos (Castelar), que sólo colaboraron con el partido.La alternancia política en el Gobierno era pacífica. Éstas no se marginaban entre sí, ni recurrían a la insurrección popular o al Ejército para desalojarse mutuamente del poder. El turno de partidos era arbitrado por el monarca. El candidato a presidente del Gobierno debía ser designado por el rey y contar también con una mayoría sólida en las Cortes para gobernar. En caso contrario, obténía del monarca el decreto de disolución de las Cortes, promovía la convocatoria de elecciones y lograba una mayoría que le permitiera seguir gobernando. Para crear mayorías parlamentarias y garantizar su victoria electoral, cada grupo político procedía a la manipulación de las elecciones. El fraude electoral permitía que la decisión adoptada por el rey de relevar al Gobierno tuviera siempre el apoyo «popular» necesario. Este sistema fue conocido como caciquismo. Cada partido se cimentaba en una red de relaciones personales y en clientes o amigos políticos que le prestaban apoyo a cambio de favores. A menudo, cada dirigente controlaba políticamente una comarca. Cuando había elecciones, movilizaba a sus clientes que compraban o presionaban a los electores y a los poderes locales, falseaban las listas electorales o manipulaban los votos obtenidos. El conjunto de prácticas fraudulentas en las elecciones recibíó la denominación de pucherazo. El Ministerio de Gobernación era el organismo encargado de controlar el proceso electoral a través de los gobernadores civiles, que estos a su vez controlaban a los alcaldes de su misma ideología. Este ministerio se ocupaba generalmente de elaborar el encasillado. Las personas que realizaban estas prácticas eran los denominados caciques. El caciquismo era más eficaz en las áreas rurales, apolíticas y desmovilizadas, que en las urbanas, donde la opinión pública y los votos eran difíciles de conseguir. La alternancia en el poder se inició en 1881, cuando el rey llamó a gobernar a Sagasta en lugar de a Cánovas. Tras la muerte de Alfonso XII en 1885, su esposa, María Cristina de Habsburgo, embarazada (de Alfonso XIII), asumíó la regencia (1885-1902) jurando la Constitución. Cánovas, jefe del Gobierno cuando fallecíó el rey, acordó con Sagasta cederle el poder durante los primeros años de la regencia en el llamado Pacto de El Pardo.

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