1. Panorama general del reinado de Alfonso XIII

El reinado de Alfonso XIII (accedió al trono en 1902) comprende dos periodos: la crisis del régimen de la Restauración, hasta 1923, y la Dictadura del general Primo de Rivera.

El periodo que va de 1902 a 1923 transcurre en una permanente crisis política que afecta a los fundamentos mismos del sistema de la Restauración. Las causas fueron:

• La división dentro de los partidos del turno dinástico (conservador y liberal).
• El progresivo debilitamiento del caciquismo restó eficacia al falseamiento electoral, por el mayor peso del voto de las ciudades. Por lo que las mayorías de los partidos dinásticos en las Cortes fueron precarias, a lo que contribuyó el crecimiento de partidos políticos al margen del sistema.

Una serie de grandes problemas marcaron la vida política durante el reinado:

1. El aumento de la movilización y de la conflictividad social.
2. La reaparición de la “cuestión religiosa”. Se extendió el anticlericalismo en buena parte de las clases populares urbanas.
3. El problema militar: aumento de la influencia del ejército como institución, no como líderes políticos.
4. La consolidación de movimientos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña.
5. El problema de Marruecos (guerra colonial).

2. Intentos de modernización y Crisis de 1909

Con Antonio Maura (conservador) y José Canalejas (liberal), llegó al gobierno una nueva generación de políticos, influida por el regeneracionismo, que intentó reformar desde dentro el sistema. Pero el miedo a una verdadera participación democrática que podría suponer un peligro para el mantenimiento del turno dinástico imposibilitó llevar a cabo una reforma en profundidad.

El Gobierno Corto de Maura (1903-1905)

En el ámbito conservador, Antonio Maura inició el llamado «gobierno corto» entre 1903 y 1905. Pero las tensiones entre Maura y el Rey acabaron con este gobierno.

Gobiernos Liberales (1905-1907) y la Ley de Jurisdicciones

Entre los liberales, al morir Sagasta, sin un líder unánimemente apoyado, se optó por la rotación de líderes al frente del gobierno (1905-07). Tuvo lugar el enfrentamiento entre el ejército y la prensa catalanista, promulgándose la Ley de Jurisdicciones (1906) por la cual quedaban bajo jurisdicción militar las ofensas a la unidad de la patria, al ejército y a la bandera.

El Gobierno Largo de Maura (1907-1909) y la Semana Trágica

El nuevo gobierno de Maura (1907-9) impulsó la regeneración conservadora del sistema a partir de una nueva clase política, apoyada por las «masas neutras» (clases medias). Pretendía crear un Estado fuerte y eficaz, desbancando a la vieja casta caciquil, pero impidiendo que las clases populares adquiriesen protagonismo. Entre sus medidas destacan: el Proyecto de Reforma de la Administración Local y la Reforma Electoral de 1907.

La Guerra de Marruecos y la Semana Trágica de Barcelona (1909)

El inicio de la guerra colonial en Marruecos: Desde 1906 (Conferencia de Algeciras), se estableció un protectorado franco-español en Marruecos. A España se le concedió una franja en el norte (el Rif y la Yebala). La penetración en esta zona se vio estimulada por intereses mineros y por la voluntad de convertir a España en una nueva potencia colonial, restaurando el prestigio del ejército.

Ante los ataques de los rifeños, el gobierno decidió enviar tropas reservistas, que debían embarcar en Barcelona, lo que provocó un gran movimiento de protesta popular (julio de 1909) en la ciudad, la Semana Trágica. Se multiplicaron los enfrentamientos con las fuerzas del orden público (barricadas) y se dio un fuerte movimiento anticlerical (incendio de 80 edificios religiosos). El ejército puso fin a la revuelta. La represión fue muy dura, se ejecutaron 5 sentencias de muerte (Francisco Ferrer i Guardia, pedagogo anarquista). Maura se enfrentó a duras críticas y los liberales y republicanos se unieron para exigir su dimisión. Alfonso XIII disolvió las Cortes y traspasó el gobierno a los liberales.

El Gobierno de Canalejas (1910-1912)

José Canalejas formó un gobierno liberal (1910) que intentó modernizar la vida política con un mayor reformismo social y limitando el poder de Iglesia (Ley del Candado). Sustituyó el impuesto de consumo por un impuesto progresivo sobre las rentas urbanas. Se suprimió la redención en metálico, siendo obligatorio el servicio militar en tiempos de guerra. Se promulgaron leyes para mejorar las condiciones laborales. Se elaboró la Ley de Mancomunidades, aprobada en 1914, con el gobierno conservador de Dato, que otorgaba autonomía administrativa, no política, a Cataluña. Canalejas fue asesinado (1912), lo que volvió a escindir a los liberales.

Fuerzas de Oposición al Sistema

Entre las fuerzas de oposición al sistema, el republicanismo, aunque siguió dividido, se convirtió en un amplio movimiento de carácter reformista. El principal partido fue el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. El PSOE abandonó su aislamiento político. En 1909, se pactó una alianza electoral entre los partidos republicanos (excepto los lerrouxistas) y el PSOE. Con la conjunción republicano-socialista, en 1910, los socialistas obtuvieron su primer diputado en el Congreso (Pablo Iglesias). El PSOE conocerá un notable incremento de su fuerza electoral y de su influencia política.

La expansión de los nacionalismos en el primer tercio del siglo XX supuso un elemento de cambio de la política española. En Cataluña, en 1901 se creó la conservadora y autonomista Lliga Regionalista (Cambó), que electoralmente se convirtió en la fuerza hegemónica en Cataluña hasta 1923. En el País Vasco, el PNV, en 1917-18, logró 6 de los 7 escaños de Vizcaya.

El obrerismo organizado conoció un gran aumento de militantes. El sindicalismo socialista, la UGT, tuvo un crecimiento estable (240.000 en 1921). El anarquismo fue muy importante en Andalucía y en Cataluña, donde se creó la CNT (1910), sindicato anarcosindicalista.

3. La Crisis de 1917 y el Desastre de Annual

La crisis de 1917 (militar, política y social) puso en peligro la pervivencia de la Restauración. La coincidencia entre los graves problemas del sistema político, el descontento militar y la conflictividad social provocó una protesta generalizada de los partidos marginados del poder, de los militares y de las organizaciones obreras. Pero el movimiento de 1917 fracasó porque los sectores descontentos no tenían un programa común con el que actuar unidos y no lograron la convergencia de sus intereses.

La Crisis Militar

La inflación disminuyó el valor real de los salarios militares. El descontento entre los oficiales medios y bajos desembocó en la formación de las Juntas de Defensa, que reclamaban un aumento salarial y se oponían a los ascensos por méritos de guerra, reivindicando la antigüedad como único criterio. El manifiesto de las juntas (junio) culpaba al gobierno de los males del ejército y del país, y hacía un llamamiento a la renovación política con un lenguaje «regeneracionista». Lo que hizo creer a la oposición que el ejército podría sumarse a un movimiento de renovación del sistema político. Pero los acontecimientos demostraron que las reivindicaciones de las juntas tenían poco que ver con las de otros sectores y que eran un grupo de presión en favor de sus intereses profesionales.

La Crisis Política

El gobierno Dato, ante la crisis, suspendió las garantías constitucionales y clausuró las Cortes. La Lliga organizó en Barcelona la Asamblea de Parlamentarios catalanes, que exigía la formación de un gobierno provisional y elecciones a Cortes constituyentes. La Asamblea convocó una reunión de todos los parlamentarios españoles, a la que acudieron republicanos y socialistas. El gobierno prohibió la reunión, que se celebró el 19 de julio y fue disuelta por la Guardia Civil.

La Crisis Social

En 1916, por la inflación, se produjo un gran movimiento huelguístico. CNT y UGT firmaron un manifiesto instando al gobierno a contener los precios o convocarían una huelga general. En agosto de 1917, la UGT, con apoyo del PSOE, llamó a la huelga general demandando la creación de un gobierno provisional y unas Cortes constituyentes. La huelga tuvo una incidencia desigual, no sumándose la CNT. El gobierno declaró la ley marcial y el ejército reprimió el movimiento.

El Desastre de Annual (1921)

Tras la I Guerra Mundial, las autoridades españolas reemprendieron sus acciones militares para afianzar el dominio del territorio marroquí. En julio de 1921, el general Silvestre inició una campaña con el objetivo de extender el control español alrededor de Melilla, adentrándose en el Rif, sin proteger su retaguardia. Los rifeños, liderados por Abd el Krim, derrotaron en Annual a las tropas españolas que sufrieron 13.000 bajas. El desastre de Annual puso en evidencia la deficiente organización del ejército y tuvo consecuencias importantes para la estabilidad del sistema político.

La prensa y los contrarios a la intervención colonial culparon de la derrota al gobierno y al ejército y se acrecentó el distanciamiento entre los militares y la clase política. Se nombró una comisión en el Congreso encargada de elaborar un informe (Expediente Picasso) sobre las responsabilidades militares y políticas de Annual. Este informe provocó fuertes debates en las Cortes y contó con la oposición del ejército, que quería frenar el asunto. El expediente nunca llegó a presentarse ante las Cortes, ya que días antes de su discusión se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

1. La Reorganización del Estado y la Política Económica y Social

El Directorio Militar suspendió el régimen constitucional y disolvió las Cortes. Prohibió las actividades de partidos y sindicatos y reprimió al obrerismo radical (cenetistas y comunistas). Primo de Rivera gobernó por medio de decretos. Con el objetivo de liquidar el caciquismo e iniciar la regeneración prometida, se elaboró un Estatuto Municipal y otro Provincial. Pero la renovación política se limitó a sustituir unos caciques por otros. El régimen creó un partido gubernamental, la Unión Patriótica, sin un programa ideológico definido, para proporcionar apoyo a la Dictadura.

El Fin de la Guerra de Marruecos

Durante la primera etapa de la Dictadura, el conflicto de Marruecos centró el interés de Primo de Rivera. En colaboración con Francia se coordinó el desembarco de Alhucemas (1925) con un gran éxito. Abd-el-Krim terminó rindiéndose a los franceses. En 1927, el Protectorado estaba pacificado.

El Directorio Civil (1925-1930)

Durante el Directorio Civil, Primo intentó institucionalizar su régimen con la creación de una Asamblea Nacional Consultiva (1927). La Asamblea tuvo un carácter corporativo y autoritario (representantes de las corporaciones elegidos por sufragio indirecto, funcionarios de la Administración y representantes sociales escogidos desde el poder). El sufragio universal quedó relegado al olvido.

Política Económica Intervencionista

La Dictadura se benefició de la buena coyuntura económica de los años 20. La política económica intervencionista combinó el proteccionismo del mercado nacional con un impulso al desarrollo industrial. Las medidas más importantes fueron:

1. Subvencionar industrias con problemas económicos (compañías ferroviarias y las navieras).
2. Constitución de monopolios en sectores económicos clave: Compañía Telefónica Nacional de España, CAMPSA (petróleo).
3. Un ambicioso programa de obras públicas: mejora de carreteras, construcción de embalses, para producir electricidad y aumentar las superficies de regadío.

Para financiar esta política económica, la Dictadura recurrió al endeudamiento del Estado, provocando un grave déficit presupuestario.

Política Social y la Organización Corporativa Nacional

En el ámbito social, se pretendía eliminar los conflictos sociales mediante la intervención del Estado en la regulación del trabajo. Se creó la Organización Corporativa Nacional, que organizaba las relaciones laborales por profesiones, creando los comités paritarios, formados en igual número por patronos y obreros. Reglamentaban los salarios y las condiciones de trabajo, así como la mediación y arbitraje en caso de conflicto. Estos comités encontraron el apoyo de los socialistas de la UGT, cuya actividad era permitida, mientras la CNT era prohibida y se potenciaba a los Sindicatos Libres.

2 La Oposición a la Dictadura y su Caída

La oposición a la Dictadura estuvo integrada por algunos líderes de los viejos partidos del turno, por los republicanos (que organizaron Alianza Republicana), por sectores del ejército (el cuerpo de artillería), por intelectuales (Unamuno) y por el obrerismo radical de los comunistas y de los anarquistas de la CNT y de la FAI (Federación Anarquista Ibérica). También el PSOE cambió su posición colaboracionista, y, en 1929, se pronunció a favor de la República.

La abolición de la Mancomunitat en 1925 y la prohibición del uso público de la lengua catalana, hicieron que el régimen fuese visto en Cataluña como anticatalanista.

El relativo consenso inicial que había tenido el golpe de Estado entre las clases conservadoras se fue resquebrajando. Esto se acrecentó con el fin del ciclo económico alcista de los años 20. Temeroso de que el desprestigio creciente de la Dictadura afectase a la Monarquía, Alfonso XIII retiró la confianza a Primo de Rivera, que dimitió en enero de 1930. El general Berenguer le sustituyó en el gobierno, con el objetivo de volver al sistema constitucional de la Restauración, pero las medidas encaminadas a esto se llevaban a cabo muy lentamente y, como resultado de la Dictadura, los partidos dinásticos, conservador y liberal, prácticamente habían desaparecido como instrumentos políticos sobre los que volver a edificar el orden constitucional monárquico.

El Fin de la Monarquía

Esto favoreció la causa republicana, que comenzó a organizarse y cuya propaganda, permitida de nuevo, presentó a la Monarquía como ajena a la nación. Resaltándose todo lo que unía a la oposición republicana: regenerar la nación española por medio de una revolución política democrática con un programa de profunda reforma social. La oposición a la Monarquía se concretó en agosto de 1930, con el Pacto de San Sebastián, firmado por: Acción Republicana y el Partido Radical-Socialista, la izquierda republicana, cuyos miembros procedían de las profesiones liberales; el Partido Republicano Radical, que integraba a muchos pequeños y medianos patronos; los representantes del republicanismo de izquierda de Cataluña y Galicia (ORGA) y, finalmente, los grupos que, procedentes de los partidos dinásticos, mostraban una reciente conversión al republicanismo, como es el caso de la Derecha Liberal Republicana (Alcalá Zamora y Miguel Maura). En octubre de 1930, entraron en la coalición el PSOE y la UGT, representantes de una parte de la clase obrera organizada.

La conjunción republicano-socialista creó un Comité Revolucionario, presidido por Alcalá-Zamora, que debía convertirse en el gobierno provisional de la futura República. Este Comité mantendrá contactos con ciertos militares que protagonizarían un movimiento insurreccional contra la Monarquía, secundado por una huelga general organizada por la UGT. En diciembre de 1930, se produjo la insurrección republicana de Jaca, que terminó en fracaso. Los capitanes conspiradores, Fermín Galán y García Hernández fueron fusilados, mientras que el Comité Revolucionario era encarcelado.

En febrero, se constituyó el último gobierno de la Monarquía presidido por el almirante Aznar, que se comprometió a convocar elecciones, empezando por las municipales, y unas futuras elecciones generales a Cortes constituyentes. La convocatoria de las elecciones municipales permitió a los republicanos organizar lo que fue, de hecho, un plebiscito sobre la Monarquía. Las elecciones municipales del 12 de abril dieron un claro vuelco a la situación política del país. El resultado electoral fue desigual: aunque el número de concejales monárquicos superó globalmente al de republicanos, en las grandes ciudades (donde el voto era libre y representativo) los monárquicos habían sufrido una gran derrota. Lo que significó el fin de la Monarquía de Alfonso XIII.

La Segunda República (1931-1936)

1. La Instauración de la II República y la Constitución de 1931

Tras conocerse el resultado de las elecciones municipales del 12 de abril, el día 14, fue proclamada la República en diversas ciudades españolas (Valencia, Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Madrid), mientras que la población salía a la calle para celebrar la llegada del nuevo régimen. Ante esto, Alfonso XIII suspendió la potestad real y decidió abandonar el país partiendo hacia el exilio. El Gobierno del Comité Revolucionario se convirtió en Gobierno Provisional de la República.

La República fue recibida con un gran entusiasmo popular y con la esperanza de un cambio radical en España. Se abría la oportunidad de crear un verdadero sistema democrático, de modernizar las estructuras del Estado y de iniciar amplias reformas económicas y sociales (una más justa distribución de la riqueza) y desarrollar unas formas culturales más libres.

Pero la República nació en circunstancias difíciles. Coincidió con la crisis económica de los años 30 y con el ascenso del fascismo en Europa. En España, sus bases sociales eran amplias pero diversas, con una frágil cohesión interna. Apoyaron el proyecto republicano sectores de las clases medias de las ciudades más dinámicas y los obreros afines al socialismo. Estos grupos la reciben con esperanza: cada grupo, en cambio, defiende “repúblicas” distintas.

La Constitución de 1931

Las Cortes elaboraron la Constitución de 1931, promulgada el 10 de diciembre. La Constitución suponía una democratización a fondo del sistema. La declaración de derechos del ciudadano era amplísima. Sobre la Organización Nacional: establecía que el Estado era integral (unidad de España), pero se reconoce el derecho de autonomía de las regiones que aprueben un estatuto.

Se establecían unas Cortes unicamerales (la base del sistema), elegidas por Sufragio Universal (incluyendo a las mujeres), que, como representes de la soberanía nacional, tenían un amplio poder legislativo y de control del Ejecutivo. El periodo legislativo de las Cortes era de cuatro años, contaba con Diputación permanente y voto de censura al Gobierno. El poder ejecutivo se repartía entre Gobierno y el Presidente de la República (Jefe del Estado). El Presidente de la República era elegido de forma indirecta por las Cortes y unos compromisarios por un periodo de seis años. Actuaba como un poder moderador del sistema. Tenía capacidad de veto, pero si en la segunda votación una ley era aprobada por 2/3 de las Cortes, no la podía vetar de nuevo. Podía disolver las Cortes dos veces, pero si en la primera sesión de las terceras Cortes se consideraba que no hubo razones para adelantar las elecciones se le podía destituir del cargo con el voto de 3/5 de la cámara. El poder judicial estaba dirigido por el Tribunal Supremo. Se establecía un Tribunal de Garantías Constitucionales.

La propiedad privada de los medios de producción podía ser expropiada por causa de utilidad social, con derecho a indemnización. Se ponían las bases constitucionales a las reformas económico-sociales. La Constitución declaraba que el Estado era laico, sin religión oficial, y establecía una completa libertad de conciencia y de cultos. Se declaraba la educación y la cultura como atribución esencial del Estado, cuya obligación era garantizarla y extenderla entre todos sus ciudadanos.

Aprobada la Constitución, se eligió como Presidente de la República a Niceto Alcalá Zamora.

Entre octubre de 1931 y septiembre de 1933, Manuel Azaña presidió una serie de gobiernos de hondas convicciones reformistas. Estos gobiernos representaban una alianza sociopolítica más reducida que la que instauró la República, aunque más homogénea ideológicamente (republicanos de izquierda y socialistas) y con mayor cohesión interna. De la coalición republicano-socialista se fueron desenganchando, en primer lugar, la derecha republicana de Alcalá Zamora, que, al no estar de acuerdo con los artículos constitucionales referidos a la cuestión religiosa, dimitió como presidente de Gobierno Provisional y fue sustituido por Azaña (octubre de 1931) y, en segundo lugar, el Partido Republicano Radical de Lerroux que no aceptó formar parte del primer Gobierno Constitucional (diciembre de 1931), una vez aprobada la Constitución, al no estar de acuerdo con la permanencia en el mismo de los ministros socialistas.

2. Las Principales Reformas del Bienio Reformista (1931-1933)

Se abordaron problemas que atenazaban el desarrollo de la sociedad española desde comienzos del siglo XIX. Las principales reformas fueron:

1) La Reforma Agraria

La reforma agraria fue el proyecto más importante. En la mitad sur de España, más del 50% de la tierra era de los grandes propietarios. La sociedad agraria tradicional tenía que ser profundamente remodelada en sus estructuras si se quería modernizar el país.

El 15 de septiembre de 1932 se aprobó la Ley de Reforma Agraria. Las fincas sujetas a expropiación eran de 13 tipos diferentes (antiguos señoríos, las deficientemente cultivadas, las posibles de regadío,…). El Instituto de la Reforma Agraria (IRA) contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y facilitaba el asentamiento de familias campesinas. La reforma se aplicó con muchas limitaciones.

La aplicación de la reforma agraria tuvo graves consecuencias sociales. La mayoría de los propietarios agrícolas se aliaron con los enemigos del régimen. Por otro lado, los campesinos quedaron decepcionados, frustrándose las esperanzas depositadas en la República. Se orientaron hacia posturas más revolucionarias (ocupación de tierras, choques con la Guardia Civil).

2) Las Reformas Laborales

Las reformas laborales. El Ministerio de Trabajo de Largo Caballero elaboró el primer conjunto de leyes que abarcaban la totalidad de las relaciones entre obreros y patronos en industria, servicios y agricultura. Se estableció la obligación del contrato de trabajo y la jornada de 8 horas. Se crearon los jurados mixtos, encargados de elaborar las bases de trabajo y vigilar su cumplimiento. Las asociaciones de obreros y patronos de los oficios nombrarían de forma paritaria a sus representantes en los jurados. Esto provocó la oposición de las organizaciones patronales y también de la CNT, al considerarla reformista y favorable a la UGT.

3) La Reforma del Ejército

La reforma del Ejército. El problema militar estribaba en un ejército con excesiva oficialidad, mal dotado y organizado, y, desde la crisis de 1917, convertido en elemento intervencionista en la vida política. Azaña, como Ministro de Guerra, pretendía la modernización del ejército. El 23 de abril, se estableció que el juramento de fidelidad de los militares sería hacia la República. Quienes no lo hicieran causarían baja en el Ejército. El día 25, publicaba el decreto de retiros que concedía la posibilidad de pasar al retiro a todos los profesionales que lo pidieran, con el mismo sueldo que disfrutan como activos. Se acogieron al retiro más de 8.000 jefes y oficiales de 20.376. La reforma era beneficiosa técnicamente, pero no creó un Ejército adepto a la República. Al contrario, la revisión de los ascensos por méritos de guerra en África creó gran malestar. Azaña no consiguió reducir el carácter antidemocrático de una parte considerable del ejército.

4) Las Reformas Religiosas

Las reformas religiosas. La República intentó limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la vida social. La Constitución declaró la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. Se permitió el divorcio y el matrimonio civil. Se prohibió la enseñanza y las actividades económicas a todas las órdenes, además por La Ley de Congregaciones (1933) se previó la posibilidad de disolución de alguna orden si suponía un peligro para el Estado (como se había hecho con los jesuitas). El problema religioso creó al régimen republicano algunos de sus mayores enemigos. La jerarquía católica manifestó su antagonismo hacia la República y movilizó a la opinión católica en su contra (la influencia de la Iglesia seguía siendo muy importante entre las clases medias rurales y sectores de la burguesía urbana provinciana).

5) Las Reformas Educativas y las Realizaciones Culturales

Las reformas educativas y las realizaciones culturales. La reforma de la enseñanza pretendía promover una educación liberal y laica y que el Estado garantizase el derecho a la educación a toda la población. El centro de su actividad fue la enseñanza primaria (creándose 10.000 nuevas escuelas y 7.000 nuevas plazas para maestros). Se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Se promovió el desarrollo cultural de los sectores sociales con menores ingresos (las Misiones Pedagógicas encaminadas a difundir la cultura en las zonas rurales (bibliotecas, cines, coros, teatro); las Universidades Populares, que ligaban la enseñanza con los ámbitos obreros).

6) La Organización Territorial del Estado

La organización territorial del Estado. La Constitución había reconocido la personalidad de las regiones y el derecho a la autonomía. En abril de 1931, el Gobierno provisional reconoció un gobierno autonómico en Cataluña (la Generalitat). En 1932 fue aprobado el estatuto de autonomía de Cataluña, que tendría un gobierno y un parlamento propios con competencias en materia económica, social, educativa y cultural, y se reconocía la cooficialidad del catalán. Las primeras elecciones al Parlamento catalán dieron la victoria a ERC y Maciá fue elegido presidente de la Generalitat. En el País Vasco, hasta el inicio de la guerra civil, en octubre de 1936, no se aprobó un estatuto de autonomía con el apoyo de nacionalista, republicanos y socialistas.

4. Adversarios del Reformismo, Conflictividad Social y Fin del Bienio Reformista

El régimen republicano encontró la oposición de los sectores más afectados por las reformas (Iglesia, Ejército, propietarios de tierras, organizaciones patronales) que fueron reorganizándose políticamente. Se crearon nuevas organizaciones de derecha no republicana. En marzo de 1933 se fundó la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), coalición de la derecha católica, dirigida por José María Gil Robles. A principios de 1933, los monárquicos alfonsinos, con posiciones políticas cada vez más antidemocráticas y autoritarias, fundaron Renovación Española, liderada, desde la vuelta de su exilio, en 1934, por José Calvo Sotelo. Los carlistas se agrupaban en Comunión Tradicionalista. Sectores derechistas más intransigentes crearon grupúsculos fascistas: las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. 1931), unidas, en 1934, a Falange Española (fundada en 1933), dirigida por José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador, formándose FE de las JONS.

Un sector del ejército, dirigido por el general Sanjurjo protagonizó un golpe de Estado para forzar el viraje de la República hacia la derecha (agosto 1932), pero fracasó. En 1933 se creó la UME (Unión Militar Española), organización clandestina de militares derechistas y antirreformistas.

Por otro lado, el desencanto de los trabajadores ante a la lentitud de las reformas provocó una gran conflictividad, alentada por el paro. En la CNT (un millón de afiliados), la FAI, el núcleo más radical y revolucionario, desbordó a la dirección de la CNT, protagonizando las sublevaciones anarquistas de mineros en el Alto Llobregat (1932) y de campesinos en Andalucía (Casas Viejas, 1933).

A lo largo de 1933, fue cada vez mayor la crisis de la coalición republicano-socialista y el desgaste del gobierno Azaña, y se vio desacreditado como consecuencia de las duras medidas policiales adoptadas para controlar el orden público y mantener la legalidad vigente, sobre todo, por la durísima represión en Casas Viejas. Alcalá Zamora retiró su confianza a Azaña y forzó su dimisión como presidente del Gobierno (septiembre 1933), disolvió las Cortes, y convocó elecciones para noviembre de 1933.

2 Los Orígenes del Frente Popular

A lo largo de 1935, la izquierda empezó a reorganizarse. Azaña que ya, en 1934, creó Izquierda Republicana (fusión de Acción Republicana, Partido Republicano Radical Socialista y la ORGA), pretendía recomponer una amplia coalición de republicanos y socialistas que fuera capaz de reinstaurar en el gobierno de la República el espíritu reformador del primer bienio republicano. Para ello, Azaña decidió alentar un movimiento popular de afirmación republicana por medio de grandes mítines.

Mientras el PSOE, dominado por Indalecio Prieto, fue partidario de pactar y colaborar con Azaña, la UGT, liderada por Largo Caballero no lo fue. Con la convocatoria de las elecciones, la UGT accedió a participar en la coalición con los republicanos, con la condición de que fuera sólo un pacto electoral, con el objetivo fundamental de la liberación de los presos. Para reforzar el carácter obrero de la coalición, la UGT forzó la entrada en el pacto de otros partidos obreros. En la coalición electoral, llamada Frente Popular, estaban partidos republicanos de izquierda (Izquierda Republicana, ERC, Unión Republicana) y partidos y organizaciones obreras (PSOE, UGT, PCE, POUM y Partido Sindicalista).

La propaganda de las derechas se centró en consignas “anti”, sin propuestas de gobierno, bajo la denominación común del frente de la contrarrevolución. Las bases de este frente eran la CEDA y el Bloque Nacional (Renovación Española y Tradicionalistas).

El resultado de las elecciones marcó una clara división: el Frente Popular obtuvo el 48% de los votos

, mientras las derechas se hicieron con el 46,5%; las fuerzas que se reclamaban de centro sólo obtuvieron un 5,4% de los votos.  La Ley electoral (igual que en 1931 y 1933) otorgaba una prima importante a la mayoría; de ahí que el Parlamento elegido fuese mayoritariamente de izquierdas. 

14.4.3. El periodo de gobierno del Frente Popular.

  El 18 de febrero se formó el gobierno del Frente Popular, presidido por Azaña, formado sólo por los republicanos de izquierda, limitándose socialistas y comunistas a darle su apoyo parlamentario. Se concedió la amnistía y se liberó al gobierno de la Generalitat. Alcalá-Zamora fue destituido por la mayoría parlamentaria (posibilidad que establecía la Constitución si el Presidente de la República disolvía dos veces las Cortes durante su mandato). El 10 de mayo Azaña fue nombrado Presidente de la República y fue sustituido por Santiago Casares Quiroga al frente del gobierno. El gobierno del Frente Popular reanudó el proceso reformista interrumpido durante el bienio derechista.  

  El triunfo de las izquierdas trajo consigo una intensa movilización popular. A diferencia de 1931, lo legislado se aplicaba sin titubeos. Los trabajadores del campo se adelantaron a veces a la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, ocupando de fincas y tierra. Los sindicatos obreros impusieron a los patronos la readmisión en sus puestos de trabajo de todos los despedidos como resultado de la revolución de 1934. Los sindicatos aprovecharon su nueva posición de fuerza para plantear nuevas exigencias. La movilización obrera y la resistencia de los patronos a nuevas concesiones provocaron el movimiento de huelgas más generalizado de los habidos hasta entonces. 

  La iniciativa política de la derecha no republicana pasó a los sectores más radicales: la derecha autoritaria monárquica y Falange Española. La primera, desde  el Parlamento, reclamaba la directa intervención militar. La segunda se dedicó a la violencia y al atentado en la calle, lo que provocaba la respuesta de los militantes de izquierdas. Esperaban que la pérdida de autoridad del gobierno, la violencia y el desorden callejero, añadidas a la creciente movilización obrera y campesina, impulsaran a los militares a intervenir directamente contra el gobierno de la República y establecer un nuevo sistema que aboliera el Parlamento y suprimiera los partidos políticos.

4.6.1 La dimensión internacional de la guerra de España

 El ambiente internacional en 1936 era poco propicio para los republicanos. Las naciones fascistas (la Alemania nazi, la Italia de Mussolini) ya habían comenzado su política de presiones contra la legalidad internacional. Las naciones democráticas -Reino Unido y Francia- temerosas ante el violento nacionalismo militarista de Hitler, practicaron el apaciguamiento.

 Es en este contexto internacional estalló la guerra española. Cuando a los pocos días del golpe de estado el gobierno de la República intentó comprar armas para luchar contra los sublevados, Francia y Gran Bretaña crearon el Comité de No Intervención (agosto de 1936). Se trató de un pacto paraevitar que ninguno de losbandos pudiera recibir ayuda exterior y de esta manera evitar la internacionalización del conflicto. El Comité no impidió que los dos bandos recibiesen ayuda exterior. En el Comité estaban los países que más asistencia prestaron a los combatientes, Alemania, Italia y la URSS, para vigilarse los unos a los otros. La política de No Intervención fue una injusticia para la República y una de las causas de su derrota al negar a un Estado soberano, reconocido por la legalidad internacional, el derecho a adquirir armas para defenderse de una insurrección de su propio ejército sublevado, que recibió, prácticamente sin impedimentos, la ayuda de Italia y Alemania.

  La Italia de Mussolini (con el CTV (Cuerpo de Tropas Voluntarias)) y la Alemania de Hitler (con la Legión Cóndor) intervienen en España desde el principio de la contienda.Con la guerra de España, la Italia fascista y la Alemania nazi reforzaron su alianza, y apoyaron a Franco con cerca de 100.000 soldados, cientos de blindados y más de 1.200 aviones de guerra. Por su parte, la URSS de Stalin, desde octubre de 1936, apoyó a la República, que tuvo que buscar la ayuda soviética ante el abandono por parte de Francia y Gran Bretaña, con unos 5.000 hombres (fundamentalmente instructores militares), cientos de tanques y más de 1.000 aparatos de aviación.

  También hay que mencionar las Brigadas Internacionales, unos 60.000 voluntarios de izquierdas (nunca estuvieron al mismo tiempo en el frente más de 20.000), la mayor parte de elloscomunistas, que se incorporaron a laguerra en defensa de la República.

1. El carácter social del régimen franquista

La victoria del bando nacional en la Guerra Civil, solucionó por la violencia la crisis abierta en España desde 1917. El bloque social dominante, la oligarquía de la Restauración, con apoyo del Ejército y de la Iglesia, logró reconquistar su hegemonía socio-económica, puesta en peligro en la República. El régimen franquista también se apoyó en las clases medias rurales y de ciudades provincianas. Entre los jornaleros agrícolas, obreros industriales y clases medias republicanas de las grandes ciudades, la Dictadura tuvo escaso respaldo. Pero la represión, la miseria y el hundimiento moral de la derrota impidieron cualquier reacción general contra la Dictadura. Después, la propaganda, el aumento del bienestar y el relevo generacional hicieron que parte de estos sectores adoptaran una actitud de acomodamiento apolítico, de aceptación del régimen e incluso de respaldo al franquismo.

2. Los componentes ideológicos del régimen franquista

Los componentes ideológicos del régimen franquista fueron:

-El antiliberalismo, oposición a la democracia parlamentaria, considerada ajena a la tradición política española, y el antimarxismo-comunismo

-La Dictadura se identificó con el catolicismo, en su versión más tradicionalista y reaccionaria, generalizándose el término de nacional-catolicismo para denominarla.

–Tradicionalismo y ultranacionalismo español. En contraposición, todo sentimiento nacionalista de autonomía de las regiones y nacionalidades fue descalificado como antiespañol y perseguido.

–Militarismo. En cualquier acto público se exaltaba a la bandera, al ejército y al himno nacional.

–Componentes fascistas: símbolos inspirados en el fascismo; un partido único; exaltación del Caudillo; desprecio a las instituciones liberal-democráticas; o la violencia como medio de un control de masas.

15.1.3. La institucionalización de la Dictadura franquista: la creación del nuevo régimen

El nuevo régimen político se estableció como sistema autoritario, sin Constitución ni libertades democráticas, inspirado, en principio, en el modelo totalitario fascista. Desde la Guerra Civil, se fue organizando un régimen basado en un jefe de Gobierno del Estado (Franco), que concentraban todos los poderes del Estado (Jefe de Estado). Franco también era el jefe nacional del partido único (FET y de las JONS) y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas (Generalísimo). Ante está concentración de poder, se empezó a llamar a Franco el Caudillo. La consolidación del poder de Franco culminó, en enero de 1938, al designar su primer gobierno, momento en el que ejerció de manera efectiva todos sus poderes. Además, Franco tendrá el poder de promulgar leyes (poder legislativo), lo que le permitía establecer o modificar leyes políticas básicas que institucionalizaban el régimen y regulaban el sistema franquista. Eran las Leyes Fundamentales. La estructura política y la doctrina del Estado franquista se denominaron el Movimiento Nacional.

Otro poder controlado por el Estado fueron los Sindicatos Verticales (sindicato corporativo de Falange), establecidos en la primera ley fundamental del franquismo, el Fuero del Trabajo (1938), basado en los principios del nacional-sindicalismo falangista y en la organización corporativa del fascismo italiano. Se prohibía el sindicalismo de clase y se otorgaba el control de las relaciones laborales a los Sindicatos Verticales, donde se integrarían empresarios y trabajadores por ramas de producción.

La estructura imitadora del fascismo empezó a cambiar a partir de 1945, vencidas las potencias fascistas en la Guerra Mundial. La organización del partido único perdió peso mientras lo ganaba la estructura de Gobierno. El régimen fue asemejándose a un dictadura militar reaccionaria. El partido único nunca llegó a controlar las instituciones del Estado (como en los regímenes fascistas), ni en la época de mayor influencia de los falangistas (1939-42), por el contrario, a partir de 1945, FET de las JONS se convirtió en un instrumento burocrático en poder del Estado y de su Jefe: Franco.

Debido a la oposición exterior de las potencias democráticas al sistema político español, el régimen inició, desde 1943, por medio de Leyes Fundamentales, reformas que le permitieran prescindir de muchos de sus signos de tono fascista y empezar a adoptar formas que resultaran menos chocantes para las democracias liberales occidentales. Estas Leyes Fundamentales fueron:

–La Ley de Cortes(1942). Se reinstauraban las Cortes, con funciones de deliberación y ratificación de las decisiones de Franco. No tenían nada que ver con una verdadera representación democrática. Entre los representantes en Cortes (procuradores), unos eran designados por el poder, otros eran elegidos por distintas asociaciones profesionales y por las llamadas corporaciones: familia, municipio y sindicato.

–El Fuero de los Españoles(1943), una Declaración de Principios que aceptaba una serie de derechos individuales característicos de los sistemas políticos liberales (igualdad ante la ley, habeas corpus, seguridad jurídica, libertad de expresión y de asociación (pero ni política ni sindical)) que no se cumplían posteriormente. Su objetivo real era enmascarar el carácter autoritario del régimen.

–La Ley de Referéndum(1945) permitía al Jefe del Estado convocar un plebiscito (referéndum) para que el “pueblo” aprobara directamente una Ley Fundamental.

–La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Elaborada en 1946, fue aprobada en el primer referéndum del franquismo en 1947. En ella se establece que laforma del Estado español después de la muerte de Franco será la monarquía. Y autorizaba a Franco a proponer a su propio sucesor.

De la segunda etapa del franquismo son las Leyes Fundamentales: la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) y la Ley Orgánica de Estado (1967) (Se comentarán posteriormente).

A este sistema se le llamó democracia orgánica. Pero estaba muy alejado de una auténtica democracia liberal: todo el poder político se concentraba en el Jefe del Estado; no había auténticas instituciones representativas; los escasos referendos y elecciones eran manipuladas desde el poder; no había libertad de asociación política ni sindical; y existía la censura previa…

Franco había impuesto en España un modelo de Estado autoritario-totalitario muy difícil de definir, pues era un híbrido de dictadura militar, Estado fascista y monarquía absoluta sin rey.

15.1.4. Las «familias» del régimen franquista

Franco no sustentó nunca su régimen en un solo grupo político o ideológico, sino sobre diversas «familias», que tenían caracteres muy distintos. Unas eran grupos corporativos (el Ejército y la Iglesia), otras eran políticas (Falange, el tradicionalismo-carlismo y sectores católicos y monárquicos).

La amalgama de doctrinas que confluyeron en la ideología del régimen acabó por convertirlo en un nacional-catolicismo, en el que la influencia de la Iglesia fue determinante. A cambio de su apoyo, la Iglesia se convirtió en un verdadero poder, gozó de privilegios e impuso la unidad católica con exclusión oficial de otras religiones. Se hizo del catolicismo, en su versión más intransigente, el fundamento principal de la ideología del régimen y del sistema educativo. Se impuso una estricta moral católica, pública y privada, cuyo incumplimiento era castigado con el Código Penal. Su control de la educación era completo: la Iglesia era titular de gran parte de los colegios, y la enseñanza religiosa era obligatoria incluso en la Universidad. Además la Iglesia tenía competencias en materia de censura.

Los católicos de asociaciones de la Iglesia o, más tarde, del Opus Dei, suministraron dirigentes de un alto nivel técnico. Obispos y prelados participaron en las Cortes franquistas y en el Consejo del Reino.

La Falange perdió poder y sus originarios ideales de tipo fascista se transformaron en ciega lealtad al Caudillo. Se convirtió en aparato burocrático del régimen y sus Sindicatos Verticales en un instrumento de control del mundo obrero. Dependientes de FET de las JONS, se crearon organizaciones de encuadramiento político e ideológico: el Frente de Juventudes, la Sección Femenina (la rama femenina de FET de las JONS). Se editaron numerosas publicaciones de propaganda. El régimen introdujo en la enseñanza clases obligatorias de Formación Política en los principios básicos de la doctrina falangista.

El Ejército fue la columna vertebral del sistema y nunca discutió el poder del Generalísimo. Éste sólo tuvo algunos problemas con los generales partidarios de una pronta restauración de la Monarquía.

También los monárquicos colaboraron. Los carlistas tuvieron un papel secundario. Los alfonsinos creían que, terminada la guerra, la Dictadura dejaría paso a la Monarquía. Pero Franco no tenía intención de reponer la Monarquía de manera inmediata, más bien pretendió construir un régimen personal. Sin embargo, mantuvo relaciones, aunque difíciles, con Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y heredero de la Corona. A pesar de esto, muchos monárquicos colaboraron con el régimen ocupando puestos clave.

En realidad, todas estas familias no dejaban de ser ficticias. Franco, que carecía de una ideología política clara, elegía sus colaboradores al margen de etiquetas. Para hacer carrera se precisaba lealtad personal a Franco, prudencia y carencia de excesivas ambiciones. Además, el dictador buscó siempre equilibrar la participación de los diferentes grupos en el Gobierno.

15.2.1.1. La autarquía

En 1939, España era un país arruinado demográfica y económicamente. El hambre afectaba a gran parte de la población. Se optó por la autarquía económica, sistema económico autosuficiente sin dependencia del exterior basado en el fascismo italiano. Para alcanzar la autosuficiencia económica, el régimen se aisló del exterior y sustituyó el mercado por la intervención estatal.

La política económica autárquica tuvo dos grandes ejes de actuación:

-La reglamentación (cupos) del comercio exterior (importaciones y exportaciones).

-El fomento industrial orientado hacia las actividades de interés militar. En 1941, se nacionalizó la red de ferrocarriles con la creación de RENFE y se fundó el Instituto Nacional de Industria (INI), conglomerado de empresas públicas. En este contexto, la industria privada se desarrolló difícilmente.

Las consecuencias de esta política económica fueron nefastas: estancamiento de la producción industrial y agrícola. Las decisiones de la Administración consolidaron una economía muy poco competitiva, en la que la lentitud burocrática, la corrupción y el tráfico de influencias fueron constantes

En productos intervenidos, los productores tenían que vender la totalidad de la producción a un precio fijo al Estado, que era el que vendía estos productos a los consumidores a un precio regulado. Fijándose los precios, en general, por debajo de la oferta y la demanda, lo que condujo al desabastecimiento de alimentos. Los productores ocultaban gran parte de su producción, para no venderla a unos precios oficiales poco rentables. Esto ocasionó las colas en los puntos de venta oficiales y el mantenimiento del racionamiento, hasta 1953, prolongando el hambre. Provocando la aparición del estraperlo o mercado negro: compra y venta de forma fraudulenta de productos intervenidos a precios mucho más altos que los oficiales, debido a su escasez.

Los precios oficiales no favorecieron a los más débiles, como se justificó, dando origen, en cambio, a numerosos negocios basados en la especulación e influencia en la Administración. Gracias al estraperlo, una minoría (grandes productores y especuladores)­ se enriqueció a costa de la pobreza general. Los precios duplicaron o triplicaron los del mercado oficial, multiplicándose las ganancias que se hubieran obtenido en un sistema de libre mercado. También se dio una gran escasez energética (racionamiento de carbón y petróleo, restricciones eléctricas).

15.3.2. La última etapa del franquismo. La crisis final del régimen

En 1969, el escándalo MATESA, caso de corrupción en el que se vieron implicados cargos e instituciones públicas, provocó una crisis de Gobierno. Franco formó un nuevo Gobierno con Carrero Balnco como Viceprecidente y once ministros del Opus Dei (el llamado Gobierno monocolor)

En 1969, Franco designó a don Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de rey, quien juró la Ley de Príncipios Fundamentales del Movimiento ante las Cortes, nombrándosele Príncipe de España.

A partir de 1970, los Gobiernos fueron cada vez más dé­biles. La oposición universitaria y obrera desbordaba al régimen, que sólo supo responder con la represión.

A partir de 1973, se inició una grave crisis económica internacional, la crisis del petróleo. En España, esta crisis se inició con la subida de los precios, un retroceso del turismo, que redujo la entrada de divisas, y una disminución de las inversiones extranjeras. La crisis afectó fundamentalmente al sector industrial, quebraron numerosas industrias y se incrementó el paro. A partir de 1975, los índices de crecimiento de la economía española se frenaron bruscamente: con una inflación del 26 % anual y un paro creciente.

Además, el envejecimiento de Franco suscitó el debate sobre el futuro de la Dictadura. Dentro del régimen se fue produciendo la ruptura entre los apertu­ristas-reformistas, partidarios de reformar el sistema para ir acercán­dolo progresivamente a un modelo parlamentario, y los sectores más inmovilistas, opuestos a cualquier cambio, y que pronto fueron denominados como el “búnker”

En 1973, se agudizó la contestación al régimen. Apareció una nueva organización armada, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), y continuaron las acciones de ETA. En junio de 1973, Franco separó por vez primera la jefatura del Estado de la del Gobierno. Nombró presidente de Gobierno a Carrero Blanco, que formó un gabinete con mayoría de miembros del Opus Dei y de franquistas “puros” (fieles a Franco), como Carlos Arias Navarro, ministro de Gobernación. El objetivo era atajar la creciente pro­testa y preparar el futuro relevo en la jefatura del Estado.

El 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco moría víctima de un atentado de ETA. Carrero era clave para mantener la unión de las familias franquistas y asegurar la continuidad del régimen. Los inmovilistas consiguieron imponer a su candidato a la pre­sidencia del Gobierno, Carlos Arias Navarro, que, en enero de 1974, formó un gabinete de franquistas puros, pero también con algunos ministros aperturistas. Arias tuvo una actuación muy ambigua. Parecía que pretendía el aperturismo pero sin desbordar los principios del régimen, que impedían una verdadera libertad política. Fue famoso el discurso del presidente del Gobierno pronunciado el 12 de febrero de 1974 en las Cortes, en el que se habló de una apertura del régimen hacia un mayor pluralismo político (posibilidad de elección de alcaldes, reformas sindicales y una nueva ley sobre asociaciones políticas). Pero pronto se evidenció que las reformas prometidas no eran sino un formalismo con poco contenido real y que el régimen era incapaz de democratizarse. Algunos de los ministros más aperturistas dimitieron de sus cargos ante la imposibilidad de aplicar reformas en profundidad.

La oposición organizada incrementó sus acciones. Se intensificó la acción terrorista del FRAP y de ETA. Mientras el único recurso del gobierno continuó siendo la represión. Por último, el Gobierno se vio también contestado por los sectores más inmovilistas del régimen. Éstos no estaban dispuestos a tolerar ni siquiera las limitadas reformas propuestas por el Gobierno e iniciaron una serie de acciones violentas contra personas e instituciones sospechosas de izquierdismo.

A lo largo de 1974 y1975, las enfermedades de Franco, que le impedían ejercer el gobierno, se hicieron más frecuentes. El príncipe Juan Carlos hubo de ejercer en varias ocasiones la jefatura interina del Estado, pero sin poder alguno.

Los grupos de la oposición al régimen se agrupaban en torno a dos organismos: 1) en la Junta Democrática de España(julio de 1974) en torno al P.C.E., CC.OO y otros grupos de distintas tendencias; 2) en la Plataforma Nacional de Convergencia Democrática(junio de 1975) estaban: el P.S.O.E., partidos democristianos y socialdemócratas y algunos grupos de extrema izquierda. La Juntacomo la Plataformahicieron públicos unos puntos mínimos: amnistía política, implantación de la libertad de asociación políticas y convocatoria de elecciones para Cortes Constituyentes, cuyo cumplimiento consideraban necesario para hallar salida a los problemas políticos del país

La represión no cesó y en 1975 se promulgó una nueva Ley Antiterrorista que castigaba a los terroristas a la pena capital. Tras el verano, varios miembros de ETA y FRAP fueron condenados a muerte. El 27 de septiembre cinco de los condenados fueron ejecutados. Se produjo entonces la última de las grandes oleadas de protesta internacional contra el régimen de Franco, respondida con la última de las grandes concentraciones en la Plaza de Oriente, el 1 de octubre.

Además, el Gobierno hubo de hacer frente a un nuevo foco desestabilizador, el conflicto en el Sáhara Occidental. Colonia española, ambicionada por Marruecos. En 1973 se había creado el Frente Polisario, formación nacionalista y de tendencia socialista que propugnaba la independencia saharaui. España optó por la descolonización y permitir un referéndum de autodeterminación en el territorio. Marruecos planteó sus supuestos derechos sobre el Sáhara Occidental, ante el Tribunal de la Haya, que falló en su contra. Ante esto el rey Hassan II de Marruecos organizó en octubre de 1975, en plena agonía de Franco, la Marcha Verde, una invasión pacífica de miles de civiles del Sáhara. Ante el peligro de un conflicto bélico con Marruecos en un momento tan delicado, España,el 14 de noviembre, firmó el Acuerdo de Madrid, entregando el Sáhara a Marruecos y Mauritania.

El 20 de noviembre de 1975, después de una larga agonía, Franco falleció a los 83 años de edad. El 22 de noviembre, Juan Carlos I jura ante las Cortes como rey.