Represión y Memoria Histórica en Castilla y León
Modalidades de la Represión Franquista
La represión en Castilla y León, bajo el control de los sublevados, tuvo una dimensión nacionalista casi exclusiva, a diferencia de la zona republicana. A pesar de la poca resistencia y la debilidad de las organizaciones de izquierdas en la región, la represión fue dura y prolongada. Desde 1936, la región se caracterizó por un fuerte predominio derechista, lo que no impidió la severidad de la represión. El objetivo principal era evitar cualquier conato de oposición en la retaguardia de la sublevación, utilizando el terror como principal herramienta.
La represión fue ejercida tanto por el ejército, a través de los Consejos de Guerra, como por milicianos falangistas y otras organizaciones de derechas, a menudo de manera incontrolada. Los tristemente célebres «Paseos» o «Sacas» fueron comunes en Valladolid, Palencia y otros lugares de la región. Estas «sacas» consistían en la ejecución extrajudicial de republicanos que previamente habían sido encarcelados, a menudo bajo la falsa promesa de su liberación. Un ejemplo notorio es el caso de Antonio José, músico burgalés, cuyo cadáver apareció en Estépar tras ser sacado de la cárcel.
Lugares solitarios como el Monte de Villadangos, Campo de Fresno, Monte Torozos y Monte de Orbada se convirtieron en escenarios frecuentes de estas ejecuciones sumarias. Esta violencia fue desproporcionada en relación con los enfrentamientos políticos y sindicales previos a la Guerra Civil. En la provincia de Soria, a pesar de una violencia prebélica no particularmente llamativa, la eliminación física durante la Guerra Civil fue extremadamente dura. En Segovia, la represión se llevó a cabo bajo las órdenes directas del gobernador civil, que también era militar. Según el experto Santiago Vega, la situación fue mucho más extrema que la vivida en la primavera de 1936. En Salamanca, la represión también fue intensa, a pesar de la falta de antecedentes de violencia significativa.
El Conteo de las Víctimas
La contabilización del número de víctimas en España y en Castilla y León es un asunto complejo y polémico. Las cifras iniciales de Salas Larrazábal (6.500 personas) se consideran actualmente demasiado bajas. Las cifras proporcionadas por las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica, a raíz de la iniciativa de Garzón, elevan el número de víctimas computadas en Castilla y León a unas 15.269, aunque se reconoce que esta cifra no es definitiva debido a la falta de investigación en todas las fosas de la región. Estas cifras sitúan a Castilla y León como la tercera región con mayor número de ejecutados, después de Andalucía y Valencia, lo que subraya la magnitud de la violencia sufrida por la población, un hecho sorprendente dada la tradicional orientación derechista de la región.
El Terror y la «Justicia» Militar
La violencia alcanzó su punto álgido en los meses de julio y agosto (el llamado «terror en caliente»), con un gran número de muertes violentas, muchas de ellas clasificadas como «desconocidos». Sin embargo, la represión continuó durante toda la guerra y después de ella. En León, se extendió hasta 1937, superando incluso las muertes dictadas por tribunales institucionales. En Salamanca, las víctimas fueron principalmente personas que se opusieron al alzamiento militar.
El «terror legal» se basó en la Junta de Defensa Nacional y en un bando de finales de julio de 1936 que extendía la declaración del Estado de Guerra a todo el territorio, otorgando primacía a lo militar sobre lo civil. Serrano Suñer describió esta situación como una «justicia al revés». El ejército desempeñó un papel central en la represión a través de los Consejos de Guerra, que, aunque aparentemente legales según el Código de Justicia Militar, fueron utilizados para reprimir a las autoridades legales, invirtiendo su propósito original. Estas penas se aplicaron en juicios sumarísimos, procedimientos rápidos en los que los acusados carecían de garantías jurídicas y su destino estaba predeterminado. Estos juicios, diseñados para aterrorizar a la población, apenas se diferenciaban de los métodos ilegales.
Socialmente, los jornaleros y obreros fueron el grupo social más perseguido. La represión no era indiscriminada, sino selectiva, y se centraba en autoridades del Frente Popular, como alcaldes, líderes sindicales y miembros de partidos políticos. También se perseguía a cualquiera que hubiera votado al Frente Popular, así como a miembros de los Ateneos republicanos o la Casa del Pueblo. Incluso ser católico no garantizaba la inmunidad si se había tenido un papel destacado en el Frente Popular.
Además de los motivos políticos, también influyeron venganzas personales y familiares. En Segovia, según Santiago Vega, los motivos políticos se mezclaban a menudo con venganzas personales o familiares. En Salamanca, se calculó que el 75% de las víctimas pertenecían a estos grupos. Otros grupos especialmente perseguidos fueron los maestros, funcionarios, empresarios, comerciantes, militares, policías, ferroviarios y masones. La represión no solo se basó en ejecuciones, sino también en encarcelamientos sin fundamento jurídico, multas, vejaciones públicas, cambios obligatorios de residencia y marginación social.
Las Cárceles y Campos de Concentración
Las cárceles existentes en Valladolid eran insuficientes, por lo que se habilitaron nuevos espacios como cocheras de tranvías, el matadero municipal y la academia de caballería. También se crearon campos de concentración, inicialmente para militares republicanos, pero que también albergaron a civiles. En Valladolid, se establecieron dos campos: el Campo de la Espina y el de Medina de Rioseco. Se estima que, desde su creación a finales de 1936 hasta el final de la guerra, unos 500.000 personas pasaron por estos campos. Esta situación se repitió en Salamanca y otros puntos de la región.
Además, se disolvieron de manera fulminante partidos, sindicatos y organizaciones afines a la República, y se confiscaron sus bienes. Los bienes de la UGT y CNT se convirtieron en una fuente de recursos para el Sindicato Vertical. Esta confiscación se extendió también a familias y personas destacadas por su filiación republicana, como los parientes de Azaña, Rivas Cherif, Gordon Ordax, Azcárate y Ruipérez. Además, se instruyeron expedientes de responsabilidades políticas, acusando a personas de haber simpatizado con la República, lo que conllevaba multas elevadas y la subasta de sus bienes. En Zamora, se instruyeron 2.300 casos.
También se llevó a cabo una depuración severa de la administración y empresas militarizadas, como las ferroviarias, así como de las empresas privadas. En la enseñanza, se establecieron comités depuradores para los tres niveles educativos, por los que pasaron todos los funcionarios, quienes eran declarados «exentos de mancha», «susceptibles de sanción» (que implicaba traslado y pérdida de plaza) o «expulsados del cuerpo». En Burgos, de más de 1.500 funcionarios, más de 300 fueron sancionados y 130 expulsados, sin contar los encarcelados o ejecutados, que fueron unos 80.
Además, hubo todo tipo de vejaciones públicas, como cortar el pelo, hacer tragar aceite de ricino y traslados forzosos, que sufrieron todos aquellos que estuvieran relacionados con la República.
La Memoria Histórica
El enfoque sobre la memoria histórica ha variado desde la Transición a la Democracia. Inicialmente, se hizo énfasis en no recordar la violencia del pasado para fomentar un acercamiento entre los bandos y consolidar la democracia. Sin embargo, con la entrada en escena de los nietos de los represaliados, se invirtió el enfoque, exigiendo que se potenciara la memoria de la represión.
Esto supuso una revisión de la Guerra Civil, la dictadura y la transición, a menudo con un tono crítico hacia los partidos, los políticos y las instituciones. En relación con esta cuestión, surgió un movimiento social plasmado en identidades como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que busca localizar fosas para exhumar los restos de los fusilados e impulsar actuaciones legales para hacer realidad una nueva política de la memoria cruenta y represiva del pasado.
Sin embargo, no se ha logrado un consenso en torno a estas medidas, ya que la derecha española se ha mostrado contraria a revisar la represión franquista.
Esta necesidad colectiva de revisar el pasado ha surgido en un contexto internacional marcado por la caída del Muro de Berlín, la desaparición del Apartheid y la democratización de América Latina. Este contexto ha impulsado un cambio en la memoria sobre la II Guerra Mundial, el colaboracionismo nazi y la represión ejercida por las dictaduras del Cono Sur, desembocando en un movimiento internacional que busca la reparación moral de las víctimas. El surgimiento de este movimiento social español no puede desvincularse de este contexto internacional. El estudio de la memoria histórica se lleva a cabo en Castilla y León con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública.
En esta región, donde la sublevación militar triunfó rápidamente y donde el régimen franquista tuvo más apoyo que en otras regiones, el silencio después de la muerte de Franco fue menos una opción voluntaria en aras de la reconciliación que un producto del miedo instalado en los familiares y supervivientes de la represión. Por ejemplo, el cambio de nombre de las calles se realizó tardíamente en Castilla, al igual que la publicación de estudios sobre la Guerra Civil. Es verdad que ya se cuentan con estudios de la guerra civil en estas provincias, se han publicado mucho más tarde que en otras regiones españolas.
Este desfase significó que algunas de las iniciativas de recuperación de la memoria, como la exhumación de una fosa común de republicanos en Priaranza del Bierzo (León) a instancias del nieto de uno de los republicanos, Emilio Silva, tuvieran lugar en Castilla y León.
Además, asociaciones de otras provincias castellanas han acometido proyectos ambiciosos como «Todos los nombres», que buscan trascender los estudios de casos concretos para llevar a cabo una investigación sistemática de la represión a escala provincial. El descubrimiento de la fosa del Bierzo tuvo una importancia fundamental, tanto desde el punto de vista de la metodología en la búsqueda de desaparecidos como por el eco que tuvo entre otras personas afectadas por el mismo problema o sensibilizadas ante esta cuestión pendiente desde la transición.
Para reunir estas voces dispersas y ejercer presión sobre las instituciones del estado democrático, Emilio Silva y Santiago Macías crearon la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, al darse cuenta de que no era un problema local. El camino recorrido desde entonces ha sido muy importante, llegando incluso a Naciones Unidas, aprovechándose de una declaración de 1992 sobre las personas desaparecidas en dictaduras como Argentina o Chile. Esto abrió la posibilidad de plantear esta cuestión a las Naciones Unidas para presionar al estado español para que llevara a cabo la búsqueda de desaparecidos.
Para saber cómo se cualifica y se concreta el estudio de la represión en Castilla y León, hay que señalar la idea de que la localización de las fosas y de los desaparecidos lleva a plantearse si el régimen republicano no contó con más apoyos de lo que se opinaba. Si hubo más represión habría más apoyo. Convendría matizar la idea de sí en Castilla y León hubo tal aceptación temprana del régimen. Seguramente saldrían localidades donde la República contaba con más apoyos de lo que se consideraba. El conocimiento de las dimensiones de la represión debería conducir a un estudio más profundo del carácter y del tamaño de la adhesión al Franquismo, de las conexiones de la derecha con las organizaciones católicas durante los años 30, lo cual permitiría apreciar mejor los apoyos sociales a la dictadura franquista y la procedencia de buena parte de sus dirigentes locales o provinciales.
Finalmente, la supresión de los símbolos de la sublevación (calles, lápidas) y el recordatorio de los fieles al régimen republicano deberían servirnos para tener una visión más justa de todo este período en Castilla y León.