La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Tras la muerte de Fernando VII, los sectores absolutistas partidarios de Carlos María Isidro iniciaron una insurrección armada para impedir la consolidación en el trono de Isabel II, lo que derivó en una guerra civil.

Los carlistas, bajo el lema “Dios, Patria y Rey”, representaban el legitimismo absolutista, la preeminencia social de la Iglesia, el mantenimiento de las estructuras del Antiguo Régimen y la conservación del sistema foral. Contaron con el respaldo del clero, parte de la nobleza agraria, oficiales reaccionarios del ejército, artesanos y campesinos arrendatarios. La causa isabelina recibió el apoyo de la alta nobleza, funcionarios reformistas y un sector de la jerarquía eclesiástica. La necesidad de ampliar la base social obligó a los isabelinos a comprometer a la burguesía y sectores populares a cambio de reformas.

El conflicto tuvo una dimensión internacional: los carlistas recibieron apoyo de potencias contrarrevolucionarias (Rusia, Prusia, Austria, Nápoles) y los isabelinos, de Francia e Inglaterra.

Etapas de la Primera Guerra Carlista

• Ofensiva Carlista (1833-1835): Inicialmente, se produjo una importante ofensiva carlista liderada por Zumalacárregui. Su muerte debilitó el movimiento.
• Expedición Real (1836-1837): El carlismo cambió de estrategia, realizando expediciones propagandísticas para ganar adeptos. La Expedición Real, encabezada por Carlos María Isidro, llegó a amenazar Madrid en 1837, pero se retiró, lo que supuso un desastre para el carlismo.
• Agotamiento del Carlismo (1838-1840): Ramón Cabrera reavivó el movimiento en el Maestrazgo. Sin embargo, una facción carlista, liderada por el general Maroto, negoció el fin de la guerra con el general isabelino Baldomero Espartero. El Convenio de Vergara (1839) puso fin al conflicto, aunque el carlismo resurgiría en dos guerras más y sería un conflicto recurrente durante el siglo XIX.

El Proceso de Revolución Liberal: Minoría de Edad de Isabel II (1833-1843)

La Regencia de María Cristina (1833-1840)

Debido a la minoría de edad de Isabel II, el país fue dirigido por un gobierno de regencia. La primera regente fue su madre, María Cristina. Para contentar a los liberales, que apoyaban la causa isabelina, promulgó el Estatuto Real (1834), una carta otorgada que establecía Cortes bicamerales sin atribuciones legislativas y con un sufragio muy limitado. El Estatuto consolidó la división entre liberales moderados y progresistas.

La insatisfacción con el Estatuto provocó el Motín de la Granja (1836), obligando a la regente a anularlo y proclamar la Constitución de Cádiz. Los gobiernos progresistas de Mendizábal y Calatrava desmantelaron las estructuras del Antiguo Régimen e implantaron un régimen liberal, constitucional y una monarquía parlamentaria.

Las nuevas Cortes redactaron la Constitución de 1837, que reunía principios progresistas (soberanía nacional, declaración de derechos y libertades, separación de poderes, limitación del poder del monarca) y aspectos moderados (sistema bicameral con un Senado designado por el monarca, financiación del culto católico). El sufragio, aunque ampliado, seguía siendo censitario (5% de la población).

A nivel económico, se impulsó una reforma agraria basada en la abolición de los señoríos, la desvinculación de los mayorazgos y la desamortización de los bienes del clero (Mendizábal, 1836). Esta desamortización buscaba obtener recursos para el ejército liberal, disminuir el déficit de Hacienda y crear una clase propietaria fiel al liberalismo. Se completó con la abolición de los diezmos, los privilegios de la Mesta y los gremios, consolidando la libertad de contratación, de industria y la creación de un mercado nacional.

En 1840, la Ley de Ayuntamientos, que otorgaba a la Corona la facultad de nombrar alcaldes, provocó altercados. María Cristina se exilió y el general Espartero, símbolo de la victoria contra el carlismo, asumió la regencia.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Espartero disolvió las juntas y convocó elecciones, dando la mayoría a los progresistas. Se suprimió la Ley de Ayuntamientos, se impulsó la libertad de prensa y el asociacionismo obrero. Una medida trascendente fue la negociación de un arancel librecambista que abría el mercado español a los tejidos ingleses. La industria catalana se sintió amenazada y se produjo un levantamiento en Barcelona, que Espartero reprimió bombardeando la ciudad.

En 1843, la política autoritaria de Espartero llevó a un pronunciamiento que lo mandó al exilio. Las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los trece años.

El Reinado de Isabel II (1843-1868)

Década Moderada (1844-1854)

Gobierno del partido moderado liderado por el general Narváez. Reformas importantes: promulgación de la Constitución de 1845, fundación de la Guardia Civil, fin de la desamortización de Mendizábal y construcción de las primeras líneas de ferrocarril.

Bienio Progresista (1854-1856)

Tras el pronunciamiento de O’Donnell en Vicálvaro (la Vicalvarada, 1854), los progresistas, liderados por Espartero, alcanzaron el poder. Se puso en marcha la desamortización civil de Madoz (1855), que afectaba a bienes comunales, la Ley de Ferrocarriles (1855) y se intentó promulgar una Constitución (la non nata de 1856).

Bienio Moderado (1856-1858)

Ante la inestabilidad política, Isabel II nombró presidente a Narváez. Se suspendió el Acta Adicional. La crisis económica llevó a la dimisión de Narváez en 1857, sucediéndole varios presidentes, hasta que la reina llamó a O’Donnell.

Gobierno “Largo” de la Unión Liberal (1858-1863)

Gobierno de O’Donnell con miembros de la Unión Liberal, partido de centro. Estabilidad política y activa política exterior (intervenciones en Conchinchina, Marruecos, México, el Pacífico), con escasos resultados y un enorme coste. La crisis económica, los escasos éxitos militares, el malestar social y la corrupción llevaron a O’Donnell a dimitir en 1863.

Crisis Final (1863-1868)

El poder recayó en una camarilla de políticos moderados reaccionarios. Los partidos progresista y demócrata desaparecieron de la escena política. Aumentó la crisis financiera y agraria. El Partido Progresista y el Partido Demócrata firmaron el Pacto de Ostende (1866) para derrocar a la reina. En 1868, la Revolución Gloriosa obligó a Isabel II a abandonar España.

La Revolución Gloriosa se inició el 18 de septiembre de 1868 con la sublevación del almirante Topete en Cádiz, junto a los generales Prim y Serrano. La Batalla del Puente de Alcolea, con la derrota de las tropas realistas, marcó el final del reinado de Isabel II y su exilio en Francia. Comenzaba así uno de los primeros intentos democratizadores de España y del continente.