La proclamación de la Segunda República, el Gobierno provisional y la Constitución de 1931

Tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, el triunfo de republicanos y socialistas en las ciudades reflejó el rechazo al régimen monárquico. Alfonso XIII abandonó el país y se proclamó la Segunda República el 14 de abril, formándose un Gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora.

Francesc Macià proclamó la República Catalana, pero se llegó a un acuerdo para reinstaurar la Generalitat y redactar un Estatuto de Autonomía. El nuevo Gobierno agrupó fuerzas republicanas, socialistas y de izquierdas, que compartían el objetivo de debilitar el poder de la Iglesia y el ejército.

Se promovieron reformas territoriales (reconociendo aspiraciones autonómicas), agrarias (salario mínimo, jornada de 8 horas, laboreo forzoso), laborales (derecho a huelga y vacaciones pagadas), educativas (enseñanza pública, laica y obligatoria), y militares (reducción de mandos y modernización del ejército). También se impulsaron las Misiones Pedagógicas para extender la cultura al ámbito rural.

En cuanto a la religión, el Estado se declaró laico, se eliminó la financiación pública a la Iglesia, y se disolvieron algunas órdenes religiosas, lo que provocó tensiones y disturbios.

El Gobierno implantó el sufragio universal masculino desde los 23 años y reformó la ley electoral. Las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 dieron la victoria a la Conjunción Republicano-Socialista, con el PSOE como fuerza más votada. Por primera vez, fueron elegidas diputadas tres mujeres: Victoria Kent, Clara Campoamor y Margarita Nelken.

La Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre, definió a España como una república democrática y reconoció derechos sociales y colectivos (educación, salud, huelga, divorcio, etc.). Permitía la expropiación por interés social y la nacionalización de servicios públicos. Declaraba la aconfesionalidad del Estado y limitaba la influencia de la Iglesia.

El sufragio femenino generó un intenso debate. Kent se opuso, temiendo que favoreciera a la derecha, mientras que Campoamor lo defendió como un derecho básico. Finalmente, se aprobó el 1 de octubre de 1931.

La proclamación de la Segunda República supuso una transformación profunda en la vida política, social y cultural de España.

El bienio reformista: Reformas estructurales y realizaciones sociales, culturales y territoriales. Reacciones desde los diversos posicionamientos

Tras la aprobación de la Constitución de 1931, Niceto Alcalá-Zamora fue investido como presidente de la Segunda República, iniciando así el denominado bienio reformista (1931-1933), liderado por Manuel Azaña. Desde el principio, la República tuvo que enfrentarse a intentos de desestabilización, como el golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932, que fracasó. Los golpistas fueron encarcelados, aunque más tarde serían amnistiados por el gobierno de Lerroux.

Durante este bienio, el gobierno de Azaña, formado por republicanos de izquierdas y socialistas, emprendió una serie de reformas estructurales. En el ámbito religioso, se buscó la secularización de la sociedad y la laicización del Estado. Se aprobó la ley del divorcio y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que eliminó las ayudas públicas a la Iglesia y convirtió templos y monasterios en propiedad pública. También se intentó prohibir la enseñanza por parte de órdenes religiosas, aunque no se llegó a aplicar.

En el campo educativo, el analfabetismo afectaba al 45% de la población y más de un millón y medio de niños no tenía acceso a la escuela. Se construyeron 10.000 escuelas nuevas y se contrataron 7.000 maestros con mejores salarios. Además, se impulsaron las Misiones Pedagógicas, que llevaban cultura al mundo rural con la participación de figuras como Lorca, Cernuda o María Zambrano.

En el ámbito militar, Azaña reformó el sistema de ascensos, modernizó el reclutamiento y mejoró el equipamiento del ejército. En lo social y laboral, Largo Caballero impulsó seguros por retiro y accidentes de trabajo, fomentó la negociación colectiva y el sindicalismo, aunque no logró implantar un sistema completo de seguridad social por falta de recursos y oposición fiscal.

La reforma agraria fue una de las más ambiciosas, buscando acabar con el latifundismo. Se creó el Instituto de Reforma Agraria y se expropiaron tierras de grandes propietarios para entregarlas a los campesinos. Sin embargo, el proceso fue lento y limitado: solo se asentó a 12.000 campesinos, y la ley fue revertida posteriormente por la derecha.

En cuanto a la cuestión territorial, Cataluña aprobó su Estatuto de Autonomía (Estatut de Núria), que reconocía su autogobierno mediante la Generalitat, con instituciones propias y cooficialidad lingüística entre catalán y castellano. También se le permitió desarrollar un sistema educativo propio en catalán.

La oposición al gobierno vino desde dos frentes. Por un lado, el anarquismo, que mantenía una relación ambigua con la República: la apoyaba frente al fascismo, pero exigía transformaciones más radicales. Hubo enfrentamientos violentos como en Tablada, Zaragoza y Valencia. Por otro lado, la derecha, que incluía a terratenientes, militares, monárquicos y la Iglesia, se opuso frontalmente a las reformas. En 1933 se fundó la CEDA, y comenzaron a financiarse grupos fascistas como Falange Española y las JONS, que usaban la violencia contra partidos de izquierda.

El bienio terminó tras la matanza de Casas Viejas en 1933, cuando anarquistas proclamaron el comunismo libertario y ocuparon tierras. La represión fue brutal: campesinos fueron quemados vivos y asesinados como escarmiento. La opinión pública se volvió contra el gobierno, Azaña dimitió y, presionado por la derecha, Alcalá-Zamora convocó nuevas elecciones. Así finalizó un bienio marcado por reformas ambiciosas, resistencia de los poderes tradicionales y una creciente polarización política.

El bienio de la CEDA y del Partido Radical. El Frente Popular. Desórdenes públicos. Violencia y conflictos sociales

Las elecciones del 19 de noviembre de 1933 marcaron un cambio político en la Segunda República. La nueva ley electoral permitió el voto femenino y favoreció a las coaliciones. La derecha, agrupada en la Unión de Derechas y Agrarias (incluyendo a la CEDA, el Partido Agrario, Renovación Española y Comunión Tradicionalista), logró imponerse frente a una izquierda dividida. La CEDA obtuvo 115 escaños, seguida del Partido Radical con 102. Ante la desconfianza hacia la CEDA, el presidente Alcalá-Zamora encargó la formación del gobierno a Alejandro Lerroux y su Partido Radical.

Durante el gobierno radical (1933-1934), la CEDA presionó para revertir las reformas del bienio progresista. Se favoreció a la Iglesia, se revirtieron avances laborales y se reforzó la influencia de los militares conservadores, como Franco y Goded. La oposición de la izquierda se intensificó, especialmente tras la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934.

La reacción fue inmediata: se convocó una huelga general revolucionaria que derivó en un levantamiento armado en Asturias, donde los socialistas y anarquistas llegaron a instaurar un estado revolucionario durante unos días. La revuelta fue sofocada con violencia por el ejército bajo el mando de Franco, con un saldo de más de 1.400 muertos. En Cataluña, Lluís Companys proclamó el Estado Catalán dentro de una República Federal, pero el ejército intervino y suspendió la autonomía catalana.

Desde octubre de 1934 hasta septiembre de 1935, el gobierno radical-cedista continuó con su política derechista. Se favoreció a los grandes propietarios devolviendo tierras expropiadas, se restringieron las huelgas y se premió a militares opuestos a la República. Sin embargo, la estabilidad del gobierno se vio afectada por escándalos de corrupción como el Estraperlo, lo que debilitó al Partido Radical. En diciembre de 1935, Gil Robles intentó asumir la presidencia, pero Alcalá-Zamora se lo impidió y disolvió las Cortes, convocando nuevas elecciones para febrero de 1936.

En las elecciones del 16 de febrero de 1936, la izquierda se unió en el Frente Popular, que incluía a republicanos, socialistas y comunistas. La derecha, dividida, no logró movilizar el voto de forma efectiva. El PSOE obtuvo 99 escaños, la CEDA 88 e Izquierda Republicana 87. El Frente Popular formó gobierno con Manuel Azaña como presidente y aprobó la amnistía para presos políticos, restableció autonomías y reactivó la reforma agraria. Sin embargo, la inestabilidad social se agravó, con violencia callejera entre grupos de izquierda y las milicias fascistas de Falange Española.

El 17 de julio de 1936, tras meses de conspiración encabezada por el general Mola, sectores del ejército, con apoyo de carlistas y falangistas, iniciaron un alzamiento militar en Marruecos que se extendió rápidamente por España. El asesinato del líder monárquico Calvo Sotelo, en respuesta al asesinato del teniente José del Castillo, aceleró los acontecimientos y convenció a militares como Franco de unirse al golpe. Así comenzó la Guerra Civil Española.

La Guerra Civil: aproximación a la historiografía sobre el conflicto. Desarrollo de la guerra y consecuencias

La Guerra Civil española comenzó el 17 de julio de 1936 tras un fallido golpe de Estado liderado por el general Mola desde el Protectorado español en Marruecos. Los sublevados lograron el control de Marruecos, Canarias, Baleares, Galicia, Castilla, León, Álava, Navarra y parte de Extremadura y Aragón. Sin embargo, las principales ciudades, como Madrid, Barcelona y Valencia, resistieron el golpe. Tras la muerte del general Sanjurjo el 23 de julio en un accidente de avión, se creó en Burgos una Junta de Defensa Nacional para dirigir la guerra de manera colegiada. Las causas del conflicto se explicaban de forma distinta según cada bando. Para los golpistas, España estaba amenazada por el comunismo, la violencia social y la pérdida de valores tradicionales como el catolicismo, por lo que era necesaria una “cruzada” para restaurar el orden. En cambio, la República argumentaba que la democracia había sido atacada por una oligarquía que se resistía a las reformas y utilizaba el miedo al marxismo como pretexto para la sublevación. Según el historiador J. Casanova, la guerra abrió un abismo entre grupos sociales y culturales antagónicos.

Desde el inicio del conflicto, España quedó dividida en dos zonas con características muy distintas. La República conservó la mayor parte de la industria, las reservas de oro del Banco de España y el 70% del presupuesto estatal. Su base de apoyo incluía republicanos moderados, fuerzas obreras y sindicatos, además de algunos empresarios y nacionalistas. Sin embargo, militarmente solo una parte del ejército permaneció leal, por lo que recurrieron a milicias obreras y sindicatos, aunque sin un mando unificado. En cambio, los sublevados controlaban el 70% de la producción agrícola y recibieron apoyo financiero y militar de la Alemania nazi y la Italia fascista. Contaban con un ejército profesional, una disciplina férrea y un mando único bajo Franco, quien se convirtió en líder del bando sublevado tras la toma de Toledo en septiembre de 1936.

Durante la guerra, los sublevados avanzaron desde el sur hacia Madrid, aunque su estrategia se centró en el terror contra la población civil, como en la masacre de Badajoz o la desbandada de Málaga. La batalla de Madrid (noviembre de 1936 – marzo de 1937) fue clave: el ejército franquista intentó tomar la capital, pero fue frenado por la resistencia republicana y las Brigadas Internacionales. En la campaña del Norte (abril-octubre de 1937), los franquistas aislaron y conquistaron el País Vasco, con eventos como el bombardeo de Guernica. En 1938, la República intentó frenar el avance franquista con la batalla del Ebro, su último gran esfuerzo militar. Aunque lograron detener la ofensiva sobre Valencia, el costo humano fue enorme. En diciembre de 1938, Franco inició la conquista de Cataluña, entrando en Barcelona el 26 de enero de 1939. La caída de Cataluña marcó el principio del fin para la República, que aún controlaba Madrid, La Mancha y parte de Valencia, pero con pocas esperanzas de resistir. El 26 de febrero de 1939, Reino Unido y Francia reconocieron a Franco como gobernante legítimo. Mientras Negrín intentaba mantener la resistencia con el apoyo del PCE, el coronel Casado dio un golpe interno y buscó negociar la rendición. Franco, sin embargo, solo aceptó una capitulación incondicional. Madrid cayó el 22 de marzo, y la última ciudad republicana, Alicante, fue tomada el 31 de marzo de 1939, con miles de personas intentando huir sin éxito.

Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras. La represión franquista buscó erradicar al adversario político, justificando la violencia como parte de su victoria. La represión en la zona sublevada causó unas 100.000 muertes, mientras que en la republicana hubo cerca de 50.000, en su mayoría por actos incontrolados durante el caos inicial. A esto se sumaron las bajas de combate (200.000 en total), los bombardeos y las muertes por enfermedades y malnutrición, lo que dejó a España en una profunda crisis demográfica y económica. La memoria de la guerra y sus secuelas siguen siendo objeto de debate en la actualidad.

Evolución política y económica en las dos zonas. La dimensión internacional del conflicto

Tras el fracaso de la negociación con los sublevados, el gobierno de José Giral decidió armar a la población, lo que generó una dualidad de poderes en la España republicana: por un lado, el Estado republicano y, por otro, los partidos y sindicatos socialistas y anarquistas que actuaban con autonomía. En septiembre de 1936, Manuel Azaña sustituyó a Giral por Largo Caballero, quien logró integrar a la CNT en el gobierno y oficializar las colectivizaciones, aunque su mandato profundizó la división en el bando republicano. Mientras los anarquistas defendían la revolución como parte inseparable de la guerra, los comunistas abogaban por la unidad y el fortalecimiento del Estado para alcanzar la victoria.

La ayuda soviética permitió a los comunistas ganar poder dentro de la República, favoreciendo la creación del Ejército Popular y la unificación de las juventudes del PSOE y el PCE en las JSU. Sin embargo, las tensiones internas alcanzaron su punto álgido en mayo de 1937, cuando estallaron enfrentamientos en Cataluña entre anarquistas y comunistas. La negativa de Largo Caballero a ilegalizar el POUM provocó su caída, siendo reemplazado por Juan Negrín, quien consolidó el poder del Estado y favoreció al PCE. Negrín apostó por la resistencia esperando la inminente guerra mundial, pero la falta de apoyo de Francia y Reino Unido y el rechazo de Franco a cualquier negociación debilitaron su posición.

En marzo de 1939, con la caída de Cataluña y el reconocimiento internacional del régimen franquista, el coronel Casado lideró un golpe de Estado contra Negrín con el apoyo del PSOE, republicanos y la CNT. La resistencia comunista fue derrotada y, ante la imposibilidad de negociar la rendición, la guerra terminó con la ocupación de Madrid el 28 de marzo y la caída de Alicante dos días después. El 1 de abril de 1939, Franco proclamó la victoria definitiva.

En la zona sublevada, la Junta de Defensa Nacional asumió el control inicial, aunque Franco pronto se consolidó como líder absoluto. Su prestigio creció con las victorias militares y la intervención de Alemania e Italia, lo que le permitió acumular poder hasta ser proclamado jefe del Estado en octubre de 1936. Desde Salamanca, Franco impulsó la unificación política a través del Decreto de Unificación de 1937, que fusionó Falange y el carlismo en un partido único: FET y de las JONS. En 1938, formó su primer gobierno, eliminó la autonomía de Cataluña y el País Vasco, derogó reformas republicanas y reprimió a la oposición con la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939.

A nivel internacional, Francia y Reino Unido optaron por la no intervención, afectando especialmente al bando republicano. La URSS apoyó a la República con armas y asesores, aunque de forma limitada y condicionada a la influencia del PCE. También destacaron las Brigadas Internacionales y la ayuda de México. En contraste, los sublevados recibieron un apoyo mucho mayor de la Alemania nazi, con la Legión Cóndor, y de la Italia fascista, con tropas y armamento. Portugal también colaboró con Franco, mientras empresas estadounidenses suministraron petróleo y vehículos.

Así, la Guerra Civil española se convirtió en un conflicto de dimensiones internacionales, con la intervención de potencias extranjeras y el enfrentamiento entre ideologías que anticiparon la Segunda Guerra Mundial.

El franquismo. Fundamentos ideológicos del régimen franquista en el contexto histórico europeo

La dictadura franquista se instauró tras la victoria del bando sublevado en la Guerra Civil Española y se mantuvo hasta la muerte de Francisco Franco en 1975. Franco, de formación militar, impregnó su régimen con valores como la disciplina, el orden y la autoridad, influenciado por su experiencia en Marruecos. Ideológicamente, su mirada se dirigía hacia el pasado, especialmente hacia los Reyes Católicos, rechazando los valores del liberalismo del siglo XIX, la Ilustración del siglo XVIII y la decadencia del XVII.

El franquismo fue siempre una dictadura, aunque se adaptó a los distintos contextos internacionales. En sus primeros años, mostró rasgos fascistas por la influencia del momento, pero con el tiempo se inclinó más hacia un autoritarismo de tipo militar, similar al de Primo de Rivera o Salazar en Portugal. Carecía de un proyecto ideológico sólido y moderno, y su objetivo era restaurar un orden tradicional y nacional-católico.

En cuanto a sus bases ideológicas, el franquismo se fundamentaba en el autoritarismo, el antiliberalismo, el nacional-catolicismo, el populismo conservador y el anticomunismo. Rechazaba los principios democráticos, como la soberanía popular, el pluralismo político y la separación de poderes. El comunismo, el socialismo y la masonería eran considerados enemigos de la patria y se combatían mediante la represión, la censura y el control total de la sociedad.

El nacionalismo español fue un pilar esencial del régimen. Se buscó la homogeneización cultural, suprimiendo los nacionalismos periféricos y sus lenguas (como el catalán, gallego o euskera), en favor del castellano. El nacional-sindicalismo, inspirado en el fascismo, eliminó la lucha de clases creando un sindicato vertical obligatorio que unía a trabajadores y empresarios bajo el control estatal, aunque siempre favoreciendo a los propietarios.

El nacional-catolicismo reforzó la alianza con la Iglesia, que legitimó la dictadura y obtuvo a cambio un control casi absoluto de la educación y la vida moral del país. Se impuso el catolicismo como religión oficial y se prohibió la libertad religiosa. Aunque el régimen pretendía aparentar cierta forma de representación mediante la llamada “democracia orgánica”, esta era ficticia. Las Cortes no tenían poder real y Franco concentraba toda la autoridad, rodeado de ministros elegidos por su lealtad y pertenencia a las “familias” del régimen.

Estas familias eran el ejército, la Falange, la Iglesia y los monárquicos. El ejército fue el pilar principal, participando activamente en el gobierno y el control social. La Falange fue usada por Franco para construir el partido único, el Movimiento Nacional, encargado de la propaganda y el adoctrinamiento. La Iglesia católica mantuvo autonomía y gran influencia, mientras que los monárquicos apoyaron el régimen con la esperanza de restaurar la monarquía.

A nivel social, el régimen contó con el apoyo de grandes terratenientes, empresarios y una clase media conservadora. Tras la guerra y la represión posterior, la mayoría de la población quedó despolitizada, desmovilizada y, en muchos casos, aceptó el régimen por resignación o temor. Así, el franquismo se consolidó como una dictadura de larga duración, caracterizada por su autoritarismo, su represión y su visión nostálgica del pasado.

Institucionalización del régimen. Relaciones internacionales y etapas políticas

El franquismo puede dividirse en tres grandes etapas: la autarquía y consolidación inicial (1939–1956), el periodo tecnocrático y aperturista (1956–1973) y el tardofranquismo (1973–1975). El contexto internacional fue clave para definir su evolución.

Tras la Guerra Civil, el régimen mostró rasgos fascistas, como el Fuero del Trabajo (1938) o la creación del sindicato vertical. España se alineó ideológicamente con el Eje (Alemania e Italia), aunque no participó directamente en la Segunda Guerra Mundial. Franco se reunió con Hitler en Hendaya (1940), pero sus exigencias impidieron la entrada en la guerra. No obstante, envió la División Azul a combatir contra la URSS y apoyó logísticamente al Eje.

Tras el giro de la guerra a favor de los Aliados, España volvió a declararse neutral. En 1945, al terminar la guerra, fue aislada internacionalmente y excluida de la ONU. Para adaptarse, Franco reforzó su alianza con la Iglesia y aprobó leyes como el Fuero de los Españoles (1945) o la Ley de Sucesión (1947), que proclamaba a España un reino sin rey, con Franco como jefe vitalicio.

El anticomunismo del régimen lo hizo útil en el contexto de la Guerra Fría. Entre 1950 y 1953 firmó acuerdos con EE. UU., como los Pactos de Madrid, que ofrecieron apoyo económico a cambio de bases militares. En 1955, España entró en la ONU. Esta etapa consolidó el nacionalcatolicismo, mientras crecían las protestas internas y la situación económica se deterioraba.

A partir de 1957, tecnócratas del Opus Dei impulsaron una apertura económica con el Plan de Estabilización (1959), que liberalizó la economía y modernizó el país, aunque sin democratizarlo. En paralelo, se reforzó la estructura del régimen con leyes como la de Principios del Movimiento Nacional (1958).

Desde mediados de los 60, se evidenciaron tensiones entre aperturistas (como Fraga o Solís Ruiz), que buscaban reformas, e inmovilistas (como Carrero Blanco), que defendían el control total del sistema. El caso Matesa (1969), un escándalo de corrupción, debilitó a los tecnócratas, pero Franco aseguró su sucesión nombrando a Juan Carlos de Borbón como su heredero.

En 1973, Carrero Blanco fue nombrado presidente, pero fue asesinado por ETA ese mismo año. Su sucesor, Arias Navarro, intentó iniciar una tímida apertura con medidas como la legalización de asociaciones políticas dentro del Movimiento Nacional, pero no logró contentar ni a reformistas ni a inmovilistas (“el búnker”).

La tensión social aumentó con huelgas y protestas estudiantiles. La represión continuó, como muestran las ejecuciones de 1974 y 1975. A nivel internacional, la dictadura fue criticada, especialmente tras la Revolución de los Claveles en Portugal.

En 1975, Franco, gravemente enfermo, no pudo hacer frente a la crisis del Sáhara Occidental, y el régimen firmó los Acuerdos de Madrid con Marruecos. Finalmente, Franco murió el 20 de noviembre de 1975, dejando como sucesor a Juan Carlos de Borbón e iniciando la Transición hacia la democracia.

Transformaciones sociales y económicas

Durante los primeros años del franquismo, se impuso una economía autárquica inspirada en modelos fascistas. El Estado controlaba la producción, los precios y el comercio, buscando la autosuficiencia. Se creó el Servicio Nacional del Trigo y se devolvieron tierras a antiguos latifundistas. La escasez generada por este modelo fomentó el mercado negro, del que se beneficiaron las élites.

En agricultura, se impulsó la colonización interior mediante el Instituto Nacional de Colonización. En industria, se fundó el INI (1941) para desarrollar empresas estatales como SEAT, Renfe o Endesa. Esta política limitó importaciones, elevó los costes y provocó inflación.

El comercio interior se vio afectado por la guerra y la escasez, instaurándose la cartilla de racionamiento. En el exterior, el aislamiento internacional redujo el intercambio comercial. La economía se debilitó por la pérdida de reservas, el pago de la deuda italiana y la exclusión del Plan Marshall. Para aumentar ingresos, se crearon nuevos impuestos que recayeron en las clases trabajadoras.

El modelo autárquico entró en crisis y, con la entrada de tecnócratas del Opus Dei, se aprobó el Plan de Estabilización de 1959, que liberalizó la economía, atrajo inversiones extranjeras y permitió la intervención del FMI. El crecimiento se recuperó, pero aumentaron las desigualdades sociales. Durante los años 60 y principios de los 70, España vivió un fuerte crecimiento económico: turismo, inversión extranjera y emigración fueron sus motores. El turismo pasó de 6 a 34 millones de visitantes entre 1960 y 1973. Estados Unidos se convirtió en el principal socio económico.

La inversión extranjera creció cinco veces en una década y se aprovechó de una mano de obra barata y con escasos derechos. Aun así, muchos trabajadores emigraron a Europa occidental (Francia, Alemania, Suiza), enviando remesas que ayudaron a la economía.

También hubo un gran éxodo rural hacia las ciudades industriales (Madrid, Cataluña, País Vasco). El campo se mecanizó, reduciendo la necesidad de mano de obra, lo que provocó la salida de 2,3 millones de jornaleros. A la vez, se crearon polos de desarrollo industrial en ciudades como Vigo, Valladolid, Zaragoza o Sevilla. Destacaron sectores como la automoción, la minería y la química.

La sociedad franquista se basaba en valores tradicionales: catolicismo, ruralidad, obediencia. El régimen desmovilizó políticamente a la población mediante propaganda y represión. La educación, bajo control de la Iglesia, promovía la disciplina y la sumisión.

Se impuso un modelo de familia tradicional. La mujer quedaba relegada al hogar, bajo el modelo de la Sección Femenina. La homosexualidad se consideró delito desde 1954, al incluirse en la Ley de Vagos y Maleantes.

La modernización económica trajo consigo cambios sociales: aumentó la natalidad, bajó la mortalidad y creció la esperanza de vida. La mujer comenzó a incorporarse lentamente al mercado laboral (15% en 1950; 28% en 1975).

El éxodo rural elevó la urbanización: en 1970, el 67% de la población vivía en municipios de más de 10.000 habitantes. Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao crecieron rápidamente, aunque con graves problemas de vivienda y chabolismo en sus periferias.

Se consolidaron nuevas clases medias, pero también crecieron las desigualdades: el 1,2% de la población concentraba el 22% de la riqueza, mientras más de un millón de familias vivían en la pobreza.

Con la mejora del nivel de vida y el acceso a la educación superior, aumentaron las demandas sociales. Las protestas obreras y estudiantiles crecieron, reflejando una sociedad cada vez más alejada de los principios del régimen.

La represión, el exilio y los movimientos de protesta contra la dictadura. La cultura durante el Franquismo en España y en el exilio

Desde 1939, la dictadura franquista aplicó una fuerte represión basada en leyes como la de Responsabilidades Políticas (1939), la de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), y la de Orden Público (1959). Estas normas sirvieron para justificar encarcelamientos, torturas, ejecuciones y trabajos forzados. Aún en 1945 había unos 43.000 presos políticos, y la pena de muerte siguió aplicándose hasta los últimos años del régimen. Muchos opositores huyeron al exilio, mientras que otros fueron internados en campos de concentración o forzados a trabajar en grandes obras, como el Valle de los Caídos. La represión fue especialmente dura contra las mujeres que no encajaban en el modelo tradicional: sufrieron torturas, violaciones, rapado de pelo y humillaciones. Además, unas 30.000 criaturas fueron robadas a madres republicanas y entregadas a familias franquistas. A partir de los años 50, el “terror caliente” dio paso a un “terror frío”, más burocrático. Se depuró a profesores y funcionarios críticos con el régimen, se impuso la censura y se reprimieron las lenguas y culturas catalana, vasca y gallega.

Primera etapa (1939–1959) En los primeros años, la oposición fue muy limitada por la fuerte represión. El PCE lideró la resistencia desde la clandestinidad y apoyó a los maquis, guerrillas rurales activas hasta 1950. Destaca la fallida invasión del Valle de Arán (1944). La Guardia Civil logró desmantelar estos grupos con violencia.

Desde el exilio, Juan de Borbón defendió la restauración monárquica y publicó el Manifiesto de Lausana (1945), que pedía la sustitución de Franco. El régimen respondió con la Ley de Sucesión (1947), que designaba heredero a Juan Carlos, educado bajo el control del dictador. La República en el exilio trató de mantenerse activa desde México, con Diego Martínez Barrio como presidente y José Giral como jefe de gobierno, pero no obtuvo reconocimiento internacional. En 1950, la ONU reconoció al régimen franquista.

Segunda etapa (1959–1975) Durante el “segundo franquismo”, la oposición se reactivó. En 1962 se celebró el Congreso de Múnich, donde opositores internos y exiliados pidieron la democratización del país. El régimen calificó el evento como el “contubernio de Múnich” y reprimió a los participantes. El PCE, liderado por Santiago Carrillo, fue el principal partido opositor, con gran implantación clandestina. El PSOE resurgió desde el exterior y, en el Congreso de Suresnes (1974), eligió a Felipe González como secretario general.

El movimiento obrero también cobró fuerza. En 1962 nacen las Comisiones Obreras (CC.OO.), sindicato vinculado al PCE, que se infiltró en los sindicatos oficiales para negociar mejores condiciones laborales. Su dirigente, Marcelino Camacho, fue encarcelado en el Proceso 1001 (1972). También el movimiento estudiantil creció. En 1965 lograron disolver el sindicato universitario oficial y crearon asociaciones antifranquistas. Las protestas derivaron en estados de excepción como el de 1969. Incluso parte de la Iglesia, inspirada por el Concilio Vaticano II, se desmarcó del régimen y algunos sacerdotes fueron detenidos por su activismo.

En el ámbito nacionalista, se intensificaron las protestas pacíficas en Cataluña y surgió ETA en el País Vasco, como grupo armado independentista y de extrema izquierda. Tras la guerra, la cultura española sufrió un empobrecimiento profundo. Muchos intelectuales marcharon al exilio (Picasso, Alberti, Marañón), mientras otros, como Aleixandre, optaron por el aislamiento. La censura, el control ideológico y el rechazo al pensamiento crítico dominaron el panorama. El régimen usó la prensa, el cine y la enseñanza como medios de adoctrinamiento. Se exaltaban los valores tradicionales, la familia católica, el nacionalismo español y la figura de Franco. Sin embargo, en los años 60 se abrió una pequeña grieta. La Ley de Prensa de 1966 suavizó la censura, lo que permitió cierta crítica social. En cine destacaron Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem; en literatura, autores como Camilo José Cela y Miguel Delibes ofrecieron miradas más realistas y críticas.