Fernando VII, cercado políticamente, jura la Constitución de 1812, y se inicia con ello el Trienio Constitucional o Liberal, que tiene amplia repercusión en los países europeos, afectados por un segundo ciclo de revoluciones liberales en torno a los años veinte del siglo XIX. En Madrid, los liberales, desde una Junta Provisional dan paso a la formación del Gobierno, en el que destacan antiguos doceañistas (2), tales como Canga Argüelles y Martínez de la Rosa. El primer objetivo del nuevo gobierno es la reimplantación del marco constitucional, pero con algunos cambios que ofrezcan seguridad a los sectores conservadores, como una segunda Cámara y garantías sobre la propiedad para los grandes propietarios de tierras. Con esta política reformista, el liberalismo español se escinde cada vez más en dos corrientes: la moderada o doceañista y la exaltada, que es la principal artífice de la revolución.
La obra gubernativa de los liberales tiende a la reforma del Antiguo Régimen:
En 1820 se suprimen los mayorazgos, y también es disuelto el Tribunal de la Inquisición; para la Administración local se implanta la ley municipal de 1823; se proclama la libertad de imprenta, se expulsa a los jesuitas y se deroga el fuero eclesiástico. Entre las reformas sociales destacan la reducción del diezmo a la mitad (junio de 1821), la libertad de contratación, la desamortización de tierras de propios y baldíos, y la reglamentación de la instrucción pública y privada. Para cubrir el impresionante déficit de la Hacienda pública, los liberales acuden a créditos en el exterior y a la puesta en práctica de medidas que afectan a los bienes económicos de la Iglesia, como la ley de supresión de bienes monacales, que establece la disolución de la mayor parte de los conventos y la desamortización de sus bienes. La presión fiscal baja con el objetivo de favorecer una acumulación de capital. Pero un ambiente hostil rodea al Gobierno tanto en el interior como en el exterior del país. En el interior, las malas cosechas de 1822 originan un profundo malestar en una parte importante del campesinado, agobiado por los impuestos. Asimismo, la oposición realista crece y aúna fuerzas ante el nuevo Gobierno exaltado de Evaristo San Miguel. En el exterior, la Santa Alianza, reunida en el Congreso de Verona (1822), decide el restablecimiento del orden absolutista en España, reclamado por el mismo rey, y se otorga a Francia el mandato para reponer de nuevo a Fernando VII como monarca absoluto. El 7 de abril de 1823 se produce la invasión en España a cargo de los Cien mil hijos de San Luís, comandados por Luís Antonio de Borbón, duque de Angulema, que penetra sin apenas resistencia hasta Cádiz, refugio del Gobierno liberal, que ha llevado consigo al rey. Mediante un acuerdo del duque de Angulema con los liberales cercados, Fernando VII es liberado.
Hombres ilustres del liberalismo español, como Martínez de la Rosa, Flórez Estrada, Istúriz, el conde de Toreno y Mendizábal, se ven forzados a salir de España

El Trienio Liberal o Constitucional (1820-1823)
Fernando VII, cercado políticamente, jura la Constitución de 1812, y se inicia con ello el Trienio Constitucional o Liberal, que tiene amplia repercusión en los países europeos, afectados por un segundo ciclo de revoluciones liberales en torno a los años veinte del siglo XIX.
En Madrid, los liberales, desde una Junta Provisional dan paso a la formación del Gobierno, en el que destacan antiguos doceañistas (2), tales como Canga Argüelles y Martínez de la Rosa. El primer objetivo del nuevo gobierno es la reimplantación del marco constitucional, pero con algunos cambios que ofrezcan seguridad a los sectores conservadores, como una segunda Cámara y garantías sobre la propiedad para los grandes propietarios de tierras. Con esta política reformista, el liberalismo español se escinde cada vez más en dos corrientes: la moderada o doceañista y la exaltada, que es la principal artífice de la revolución.
La obra gubernativa de los liberales tiende a la reforma del Antiguo Régimen:
En 1820 se suprimen los mayorazgos, y también es disuelto el Tribunal de la Inquisición; para la Administración local se implanta la ley municipal de 1823; se proclama la libertad de imprenta, se expulsa a los jesuitas y se deroga el fuero eclesiástico. Entre las reformas sociales destacan la reducción del diezmo a la mitad (junio de 1821), la libertad de contratación, la desamortización de tierras de propios y baldíos, y la reglamentación de la instrucción pública y privada.
Para cubrir el impresionante déficit de la Hacienda pública, los liberales acuden a créditos en el exterior y a la puesta en práctica de medidas que afectan a los bienes económicos de la Iglesia, como la ley de supresión de bienes monacales, que establece la disolución de la mayor parte de los conventos y la desamortización de sus bienes. La presión fiscal baja con el objetivo de favorecer una acumulación de capital.
Pero un ambiente hostil rodea al Gobierno tanto en el interior como en el exterior del país. En el interior, las malas cosechas de 1822 originan un profundo malestar en una parte importante del campesinado, agobiado por los impuestos. Asimismo, la oposición realista crece y aúna fuerzas ante el nuevo Gobierno exaltado de Evaristo San Miguel.
En el exterior, la Santa Alianza, reunida en el Congreso de Verona (1822), decide el restablecimiento del orden absolutista en España, reclamado por el mismo rey, y se otorga a Francia el mandato para reponer de nuevo a Fernando VII como monarca absoluto. El 7 de abril de 1823 se produce la invasión en España a cargo de los Cien mil hijos de San Luís, comandados por Luís Antonio de Borbón, duque de Angulema, que penetra sin apenas resistencia hasta Cádiz, refugio del Gobierno liberal, que ha llevado consigo al rey. Mediante un acuerdo del duque de Angulema con los liberales cercados, Fernando VII es liberado.
Hombres ilustres del liberalismo español, como Martínez de la Rosa, Flórez Estrada, Istúriz, el conde de Toreno y Mendizábal, se ven forzados a salir de España.