La derrota y las pérdidas humanas (en torno a 50.000) sumieron a la opinión pública y a la clase política española en un estado de desencanto y frustración. Significó la destrucción del mito del
Imperio español, en un momento en que las potencias europeas, tras la Conferencia de Berlín de 1885, estaban construyendo vastos imperios coloniales en Asía y África, dejando a España relegada a
un papel secundario en el contexto internacional. Además, la prensa extranjera presentó a España como una nacíón moribunda, con un ejército totalmente ineficaz, un sistema político corrupto y unos
políticos incompetentes. Sin embargo, a pesar de la envergadura del “desastre”, las repercusiones políticas y económicas inmediatas fueron menores de lo esperado: —Políticamente no hubo quiebra del Estado y el sistema de la Restauración sobrevivíó. —Económicamente supuso un revés para algunas exportaciones españolas, pero favorecíó a la Hacienda (que reformó los impuestos para financiar la guerra)
Y a la inversión, debido a la
repatriación de capitales. Lo que sí provocó el desastre del 98 fue una crisis moral e ideológica. Puso en evidencia las limitaciones del régimen de la Restauración para solucionar los problemas de España, propició la
aparición del regeneracionismo, favorecíó un gran empuje y protagonismo de los nacionalismos periféricos y un importante cambio de mentalidad de los militares que, tras la derrota, se
inclinaron hacia posturas más autoritarias frente a la ola de antimilitarismo que siguió al “desastre”. El ejército volvíó a injerir en la vida política, convencido de que la derrota había sido culpa de la
ineficacia y corrupción de los políticos y del parlamentarismo. En este contexto surge en España el Regeneracionismo, una corriente de pensamiento originada a raíz de la crisis del 98, como respuesta alternativa al sistema político de la Restauración. Desde un punto de vista social, el regeneracionismo representaba la opinión de amplios sectores de las clases medias y de la pequeña y mediana burguésía, que no se identificaban con un régimen al
servicio de una reducida oligarquía.No se trataba de una corriente unitaria, sino más bien de un planteamiento ético ante la sociedad y la política, que se puede dividir en tres grandes corrientes: —Un regeneracionismo literario vinculado a escritores de la Generación del 98 (Unamuno, Ortega y Gasset, etc.) —Un regeneracionismo intelectual, relacionado con la Institución Libre de Enseñanza.
Esta Institución, influenciada por el Krausismo, se creo en 1876 con el objetivo de renovar la
metodología pedagógica con base exclusiva en la razón y la ciencia frente a la fe y la religión
defendida por la iglesia y el gobierno. Uno de sus principales seguidores fue Joaquín Costa, quien en su obra Oligarquía y
caciquismo realizó un diagnóstico de los males de España: políticos, económicos
desigualdad social y analfabetismo. Para combatirlos propónía soluciones como modernizar la
economía y la agricultura mediante el reparto de tierras; alfabetizar la sociedad ; acabar con caciquismo y la oligarquía  para preparar a España para el parlamentarismo, la democracia y el progreso. —Un regeneracionismo político, conservador o “desde dentro”, adoptado por una serie de políticos como Silvela y Maura. Ambos deploraban el caciquismo y sus consecuencias y que creían en “una revolución desde arriba”. Concebían la regeneración como “la dignificación de la política”,
no como la modernización de la sociedad. Estas propuestas intentaron ser aplicadas en los primeros gobiernos reformistas del siglo XX a
través de las presidencias de Maura y Canalejas.

El gobierno, presidido por Cánovas, inició una política de mediación enviando a Martínez
Campos. Esta vez fracasó, pues la insurrección era más consciente, extendida y organizada. Fue
relevado por Valeriano Weyler con 200.000 soldados, iniciándose una política de represión
(campos de concentración) que se tradujo en una guerra feroz entre 1896 y 1897, caracterizada por la
superioridad militar española y el dominio del terreno por parte de los guerrilleros cubanos, que
recibían armamento y suministros estadounidenses. Pero la combatividad de los “Mambises” y la
acción combinada del calor, las tormentas y las enfermedades tropicales, se cebaron con los soldados
de la península.
Tras el asesinato de Cánovas (8 de Agosto de 1897), Sagasta forma nuevo gobierno e intenta
una política de conciliación, concediendo a Cuba la ansiada autonomía, el sufragio universal, la
igualdad entre insulares y peninsulares y la autonomía arancelaria, enviando a Blanco en sustitución
de Weyler para ponerlo en práctica.
Pero estas reformas llegaron tarde. Los independentistas, con el apoyo de EEUU, ya no se
conformaban con la autonomía y aspiraban a la independencia. El nuevo presidente estadounidense,
Mckinley, con ayuda de la opinión pública (influida por los ideólogos del imperialismo

norteamericano), decide declarar la guerra a España. El pretexto fue el hundimiento del acorazado
“Maine”, atracado en el puerto de La Habana, enviado allí para “proteger los intereses
norteamericanos en la isla”. Pese a la propuesta española de una comisión de investigación
internacional, EEUU, tras una rápida y particular investigación, atribuyó toda la responsabilidad a
España, a quien correspondía garantizar la seguridad del puerto.
El gobierno norteamericano propuso primero la compra de la isla por 300 millones de dólares
y, ante la previsible negativa española, lanzó un ultimátum que amenazaba con la guerra si en tres
días España no renunciaba a la isla.
Dada la desigualdad de fuerzas, la guerra tuvo un desenlace rápido. La derrota naval de
Santiago de Cuba y algunas batallas terrestres fuerzan a España a pedir la Paz
Tras la derrota española frente a los EEUU, en Diciembre de 1898 se firma el Tratado de Paz
de París, según el cual España renunciaba a Cuba, Puerto Rico y Filipinas a cambio de veinte
millones de dólares. Finalmente, y ante la dificultad de sostener los últimos restos de su Imperio
colonial en el Pacífico, España vendíó a Alemania los archipiélagos de las Marianas, las Carolinas y
las Palaos (por quince millones de dólares) y a EEUU algunas islas del archipiélago de Joló.
Los restos del antiguo Imperio colonial español quedaron a partir de ese momento bajo la
influencia y dominio americano.

Sin embargo, este crecimiento fue uno de los más bajos del continente (en este tiempo Gran Bretaña
triplicó su población), debido al mantenimiento de un régimen demográfico antiguo caracterizado por
elevados niveles de natalidad y mortalidad, baja esperanza de vida (en torno a los 34,8 años, mientras que
en Francia, Gran Bretaña o Suecia superaba los 45), y elevada mortalidad infantil (29 por mil en 1900).
La elevada mortalidad fue debida a las malas condiciones sanitarias y al impacto de las enfermedades
epidémicas (fiebre amarilla y cólera) y las endémicas (tuberculosis, viruela, tifus, sarampión),
relacionadas con la pobreza de la mayoría de la población, unido a las crisis de subsistencia.
Las migraciones internas fueron escasas hasta 1860, pero a partir de esta fecha se inició un lento
éxodo rural que provocó el aumento de la población urbana, especialmente en las capitales de provincia.
El crecimiento más importante se produjo en Madrid, centro político, y en Barcelona, principal centro
industrial, que al finalizar el siglo contaban con poco más de 500.000 personas. El aumento obligó a
demoler sus murallas medievales y acometer los planes de reforma urbana (ensanches). A pesar la
creciente urbanización, la mayoría de la población española continuaba siendo rural.
La emigración exterior como válvula de escape de la superpoblación del campo fue considerable
en la segunda mitad del siglo. La más importante fue la emigración hacia América, que entre 1882 y
1899 ascendíó a un millón de personas debido a dos factores: una legislación que eliminó las trabas
legales a la emigración y la crisis agraria de fines de siglo. Los focos de emigración fueron Galicia,
Asturias, Cantabria, Canarias y Cataluña. Los destinos fueron Argentina, México, Cuba y Brasil.

Frente a la primacía industria de Gran Bretaña en el Siglo XIX, todas las naciones europeas trataron
de proteger sus nacientes industrias de la competencia inglesa. El medio más extendido era imponer
aranceles a la importancia de productos extranjeros (política económica proteccionista).
En España, los defensores de este impuesto eran los fabricantes de algodón catalanes; los
productores cerealistas castellanos; y desde finales del siglo, los industriales siderúrgicos vascos.
Frente a los defensores del proteccionismo, se encontraban los defensores del librecambismo.
Estos defendían que las fuerzas del mercado (ley de la oferta/demanda) debían actuar libremente. Esta
posición fue defendida por los comerciantes y las compañías ferroviarias, que esperaban de al rebaja de
los aranceles un aumento del comercio y los trasportes. La política arancelaria española pasó por diversas
etapas:
—Un acusado proteccionismo inicial (arancel de 1826)
—Una reducción paulatina del proteccionismo desde mediados de siglo (se reducen el número de
artículos a gravar).
—Una política relativamente librecambista con el Arancel Figuerola de 1869: no se prohibía la
importación de ningún producto.
—Un retorno al proteccionismo durante la Restauración, que culminó en el Arancel de 1891, con el
que se inició un largo periodo de fuerte proteccionismo hasta 1959.