2.- PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS

2.1.- Desarrollo del proceso desamortizador

La revolución agraria es una condición previa para el desarrollo industrial, ya que la agricultura ha de proporcionar alimentos a las ciudades, materias primas, mano de obra sobrante y mercado para los productos industriales. Para que ésta se produzca son necesarios la transformación del sistema de propiedad feudal (vinculada) existente en el Antiguo Régimen por un sistema capitalista (libertad en el uso de la tierra)
Y la introducción de avances tecnológicos.
La reforma del sistema de propiedad se llevó a cabo mediante las desamortizaciones. En el Antiguo Régimen, gran parte de la tierra era de manos muertas, tierras vinculadas a la nobleza o a la Iglesia, que no tributaban ni podían ser vendidas y, por tanto, no podían ser adquiridas por propietarios que les sacaran más rendimientos. También existían las tierras pertenecientes a los ayuntamientos de propios y comunes, cultivadas o sin cultivar, que ayudaban a subsistir a los campesinos del municipio.
Los primeros en plantear el cambio del sistema de propiedad vinculada por la propiedad libre fueron los ilustrados en el reinado de Carlos III, pero su aplicación se hará posteriormente. El proceso se llevaría a cabo de forma discontinua: la primera desamortización fue la de Godoy y las más importantes las de Mendizábal y Madoz.

Veamos los pasos principales del proceso desamortizador:
Entre 1766 y 1770, durante el reinado de Carlos III, se produjo la venta de algunos bienes estatales (conseguidos en parte por la expropiación de los jesuitas) y municipales con el objetivo de asentar jornaleros sin tierra y mejorar la producción.
Posteriormente, Carlos IV y su ministro Manuel Godoy, con el objetivo de obtener dinero para costear las numerosas guerras en las España se involucró, desde el gobierno se desamortizó tierras de hospitales, hospicios, cofradías, casas de misericordia, etc.
El hermano de Napoleón, José I, rey de España entre 1808 y 1813, puso en marcha la desamortización de tierras pertenecientes a miembros del clero y de la nobleza que se habían resistido a la invasión francesa. Se desconoce la cantidad de los bienes desamortizados, ya que la mayor parte de ellos volvieron a sus antiguos propietarios.
En el marco de la importante labor legislativa de las Cortes de Cádiz por desmantelar el Antiguo Régimen se aprobaron el Decreto general de desamortización de 1813. Este prevéía la nacionalización y venta de una importante masa de bienes eclesiásticos y civiles, pero no se llevó a la práctica por la llegada de Fernando VII y la instauración del poder absoluto.
Será en la década de los 30 del Siglo XIX cuando la desamortización entre en su fase definitiva. A través de dos decretos de 1836 y 1837, Juan Álvarez de Mendizábal, nombrado por la Regente M. Cristina tras ser presionada por los liberales que apoyaban la permanencia de su hija en el trono, ponía en marcha la desamortización de los bienes del clero secular y del clero regular. Estos decretos establecían la disolución de todas las órdenes que no se dedicaran a la enseñanza o la asistencia hospitalaria, y que sus tierras fueran incautadas por el Estado y vendidas. Los objetivos eran dos:
• Reducir la Deuda Pública y que el Estado pudiera conseguir recursos para vencer al carlismo;
• Crear una base social de propietarios que a partir de ese momento estarían muy interesados en el triunfo del liberalismo.
El siguiente paso en el proceso de desamortización llegó de la mano de Pascual Madoz, ministro durante el Bienio Progresista. La desamortización de Madoz fue una desamortización civil, es decir, afectó fundamentalmente a los bienes del Estado, las órdenes militares, las cofradías y, sobre todo, de los ayuntamientos (los llamados bienes de propios y comunes). El objetivo principal era conseguir recursos para la modernización del país, sobre todo para la construcción de ferrocarriles (asunto en el que España llevaba un retraso considerable).
Los gobiernos progresistas de la Regencia de María Cristina aprobaron la Ley de Desamortización Eclesiástica de Mendizábal (1835) –de los bienes del clero regular–, que suprimía numerosas órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la beneficencia y educación. El decreto propónía la venta en lotes pequeños pero rentables, que no podían ser acumulados, con el fin de crear una clase media agraria. Sin embargo, las comisiones municipales fueron las encargadas de hacer los lotes y, al estar controladas por la oligarquía o los campesinos más ricos, hicieron grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios. No se exigíó el pago en metálico.
En el Bienio Progresista, se aprobó la más importante de las leyes desamortizadoras: la Ley General de Desamortización de Madoz (1855) que puso en venta las tierras cultivadas del patrimonio municipal, estatal y de las Órdenes Militares, y concluyó la venta de las tierras del clero. Se obligó a los Ayuntamientos a vender las tierras de propios (alquiladas a los vecinos) y los baldíos; se prohibíó la venta de tierras comunales (usadas por los vecinos de forma gratuita), pero, como no siempre era fácil diferenciarlas de las anteriores, muchos ayuntamientos también vendieron las tierras comunales. La urgencia por solucionar los problemas financieros del Estado hizo que la desamortización tuviera sobre todo una finalidad recaudatoria: las propiedades eran subastadas y adjudicadas al mejor postor (se exigíó el pago en metálico). Los beneficios obtenidos sirvieron para afrontar el problema de la Deuda Pública, financiar la guerra carlista y poco más. La desamortización no contribuyó a crear la clase media rural que deseaban sus promotores.
Las consecuencias de la desamortización fueron:
– Un cambio de propiedad: el 40% de la tierra cambió de manos. Los compradores fueron aristócratas o sectores de la burguésía urbana -comerciantes o industriales- que veían la tierra como un signo de prestigio y estabilidad económica. De esta forma no se creó una clase media rural sino que se consolidó el latifundismo. La nueva burguésía agraria se comportó como la aristocracia, a la que trataba de imitar, viviendo de las rentas y no convirtiendo sus nuevas propiedades en modernas explotaciones capitalistas, con algunas excepciones.
– Los pequeños agricultores salieron muy perjudicados al perder los derechos tradicionales de arrendamiento y de uso comunal sobre bosques y prados con cuyos recursos completaban sus escasas rentas. Empiezan a predominar los jornaleros sin tierra (dos millones). Además, el 95% de los campesinos siguen siendo pequeños propietarios que se encuentran en los niveles mínimos de subsistencia (cinco millones). Por tanto, la desamortización será una causa directa del aumento de la conflictividad social en el campo.
– El problema de un sistema de propiedad inadecuado se agravó: las grandes propiedades (latifundios) predominan en el sur, las pequeñas propiedades (minifundios) en el norte y en la huerta de Valencia, y escasean las propiedades medias. Esto se convirtió en el principal obstáculo para el desarrollo y modernización de la agricultura. Los latifundios se caracterizaron por el desinterés del propietario–
Solía arrendar sus tierras y vivir de las rentas-, la escasa inversión, los bajos rendimientos y el empleo masivo de jornaleros con bajos salarios (paro estacional y analfabetismo). Los minifundios no permiten acumular capital y hacer inversiones.
– La producción agraria aumentó hasta 1880. La desamortización fue un estímulo para la agricultura, ya que los nuevos dueños querían sacar provecho de lo adquirido. El aumento de la producción agraria se debíó al aumento de la superficie cultivada, a veces tierras marginales. La vid tuvo un crecimiento espectacular: la aparición de la filoxera en Francia fue aprovechada por España para convertirse en la primera potencia mundial. Este es el momento en el que se configuran las zonas vitícolas españolas (Rioja, Jerez, Penedés…). Pero, a partir de 1880 se produce una crisis motivada por la baja productividad agraria, a lo que se suma la crisis de la viticultura en 1890, cuando la filoxera ataca a las viñas españolas. La crisis agraria se intentó salvar mediante el proteccionismo y una reconversión que llevaría a sustituir el vino por otros productos de exportación como las naranjas, almendras o corcho a comienzos del S. XX.
En 1900, el 66% de la población activa sigue dedicándose al sector primario, lo que indica una escasa modernización de la agricultura española. 
2.2.- Análisis y valoración del proceso desamortizador
A través de las desamortizaciones, de la abolición de los señoríos, de la supresión del mayorazgo, etc., los liberales convirtieron la tierra en una mercancía que se podía vender y comprar. Este conjunto de cambios forma parte de la sustitución del Antiguo Régimen por una sociedad capitalista.
La desamortización desmanteló casi por completo la propiedad de la Iglesia y de sus fuentes de riqueza; el diezmo su otra alternativa fue también suprimido en 1837.
No resolvíó el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo. Se consiguió rescatar 5.000 millones de reales de los 14.000 acumulados y se pusieron a tributar una enorme cantidad de propiedades que hasta entonces habían permanecido exentas, aumentando así los ingresos de la Hacienda.
Pero se hizo de mala manera: para la compra de los bienes enajenados no era imprescindible pagar en dinero metálico ya que podían pagarse con títulos de la deuda pública. Y esto favorecíó a los especuladores y los propietarios de tierra que poseían estos títulos y no los campesinos modestos como se pretendía. Los nuevos propietarios eran, en general, personas más interesadas en obtener beneficios rápidos que en dedicarse en serio a la agricultura: funcionarios, militares, comerciantes, propietarios y antiguos propietarios de tierras, etc.
No produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores. Los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. Muchos de los nuevos propietarios vivían en las ciudades, completamente ajenos a los problemas agrícolas.
El proceso desamortizador reforzó la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el Norte. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, a nuevos inversores de la burguésía financiera, industrial o profesional, que traficaron con las tierras o con los títulos de deuda que suministraban a los compradores. Unos y otros constituirán la nueva elite terrateniente que detentará el poder durante el reinado de Isabel II (tanto en el partido moderado o en el progresista, ambos identificados con el régimen liberal).
Tanto en el medio rural como en las ciudades, la clase humilde de la nacíón no podía comprar, bien porque no llegaba información de las subastas, o bien porque se encontraban con subastas amañadas por los potentados locales, que solían estar en connivencia con quienes presidían las subastas.
La alta burguésía acaparó los mejores edificios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la periferia.
Provocó un proceso de deforestación, pese a las prohibiciones del gobierno en ese sentido.
En realidad, como han puesto de manifiesto muchos historiadores, se perdíó una oportunidad muy buena para haber hecho una auténtica reforma agraria, que hubiera puesto la tierra en manos de quienes tenían verdadero interés en ella: los campesinos.