Década Moderada (1844-1854)
Las elecciones de 1844 dieron la mayoría a los moderados, quienes formaron un gobierno presidido por Narváez. Este gobierno impulsó una política basada en los principios del liberalismo moderado. Posteriormente, se reformó la Constitución progresista de 1837 y se aprobó la Constitución de 1845, que recogía las ideas básicas del moderantismo, como la soberanía conjunta entre el rey y las Cortes. Además, los moderados intentaron mejorar sus relaciones con la Iglesia, firmando en 1851 un concordato con la Santa Sede. Se suspendió la venta de bienes eclesiásticos y se acordó el retorno de los no vendidos. A cambio, la Santa Sede reconocía a Isabel II, mientras el Estado se comprometía al sostenimiento de la Iglesia española.
Bienio Progresista (1854-1856)
El autoritarismo del gobierno moderado provocó la oposición y el levantamiento de progresistas y demócratas. Esta unión culminó en junio de 1854 con el pronunciamiento de Vicálvaro, liderado por el general O’Donnell, quien fundó un nuevo partido llamado «Unión Liberal». Los sublevados elaboraron el Manifiesto de Manzanares, exigiendo el cumplimiento de la Constitución de 1845 y la reforma de la ley electoral. Espartero fue nombrado nuevamente presidente y O’Donnell ministro de Guerra.
En cuanto a la legislación económica, la medida más importante del gobierno progresista fue la ley desamortizadora, a cargo del ministro Madoz, que afectó a bienes propios y comunes. Gran parte de los ingresos se invirtieron en la red de ferrocarriles.
El moderantismo intentó consolidar la estructura del nuevo Estado liberal bajo los principios de centralismo, uniformidad y jerarquización. Se emprendió una reforma fiscal y se abordó la reforma de la administración pública. La ley de administración local dispuso que los alcaldes de las ciudades con más de 2000 habitantes serían nombrados por la Corona. Sin embargo, los gobiernos moderados no lograron dar estabilidad política al Estado. Una nueva revolución en 1854 permitió a los progresistas regresar al poder, poniendo fin a diez años de gobierno moderado.
El Proceso de Revolución Liberal (1833-1868)
El testamento de Fernando VII establecía la creación de un Consejo de Gobierno para asesorar a la regente María Cristina, presidido por Francisco Bermúdez y compuesto por absolutistas. La única reforma significativa fue la nueva división provincial de España, buscando una mayor unidad administrativa. España quedó dividida en 29 provincias.
Ante la expansión de la insurrección carlista, el trono isabelino se debilitó por falta de apoyos. Se nombró un nuevo gobierno liderado por Francisco de la Rosa, un liberal moderado, quien propuso el Estatuto Real, un conjunto de reglas para convocar Cortes, sin ser una constitución ni una carta otorgada. Las reformas fueron insuficientes, evidenciando la división entre liberales moderados y progresistas.
Progresistas al Poder
Los progresistas, con fuerte influencia en el movimiento popular, la milicia nacional y las juntas revolucionarias, protagonizaron revueltas exigiendo la reunión de Cortes, la reorganización de la milicia nacional y la libertad de prensa. María Cristina nombró a Mendizábal, un liberal progresista, quien inició la reforma del Estatuto Real. Los progresistas se dedicaron a desmantelar el Antiguo Régimen e implantar un sistema liberal constitucional y de monarquía parlamentaria.
La primera actuación fue la reforma agraria liberal de 1837, con tres medidas principales: disolución del régimen señorial, desvinculación y desamortización. Se implementaron medidas para el libre funcionamiento del mercado, completando la liberalización de la economía.
El gobierno progresista convocó Cortes extraordinarias para redactar una nueva constitución, adaptando la de 1812. La Constitución de 1837 fue aprobada en junio, promulgando principios del progresismo como la soberanía nacional, aunque con elementos moderados como la creación de dos cámaras (Congreso y Senado) y la concesión de poderes a la Corona. También se aprobaron la ley de imprenta y la ley electoral.