Mapa de la Sociedad y la Propiedad Agraria a Comienzos del Siglo XIX

A comienzos del siglo XIX, la agricultura era la base de la riqueza nacional. No obstante, la producción agrícola del Antiguo Régimen estaba limitada por dos inconvenientes:

• Los agricultores se enfrentaban a las ventajas de los ganaderos, lo que se concretaba en la prohibición de cerrar los campos y en la utilización de pastos comunes que no se podían roturar por la ganadería trashumante.
• Un pequeño mercado de bienes libres, pues las leyes amortizaban los patrimonios de la corona, nobiliarios y eclesiásticos. Había pocas tierras en propiedad de los labradores, que debían recurrir al arrendamiento sin el estímulo de la propiedad.

España estaba compuesta por una mayoría de personas que vivían en el medio rural, pero con grandes diferencias en cuanto a la propiedad de la tierra. Se puede afirmar que, a medida que se avanza hacia el sur, aumentan las desigualdades.

• En la zona norte predominaba la explotación agraria basada en los labradores (propietarios y arrendatarios).
• Hacia el centro de España había cierto equilibrio entre labradores y jornaleros.
• En la franja al sur del Tajo, Extremadura hasta Murcia, incluyendo Castilla La Nueva, Lérida y los dos archipiélagos, la capa social más numerosa era la de los jornaleros.
• Andalucía, por último, era la zona de mayor número de jornaleros.

El resto de la población del sector primario correspondía a los pastores y pescadores.

Las Desamortizaciones

La palabra desamortización se refiere a una apropiación por parte del Estado de tierras y edificios que pertenecían a instituciones o entidades que normalmente no enajenaban sus propiedades. El Estado, una vez que nacionalizó los bienes amortizados (municipios, entidades de beneficencia, enseñanza y otras instituciones), debería haberlos vendido en el mercado libre mediante pública subasta. Sin embargo, en muchos casos las cosas no sucedieron según el modelo ideal; no siempre se utilizó la subasta, sino otros procedimientos como los repartimientos (cultivo de tierras sin legalizar), colonizaciones o, sencillamente, la apropiación indebida.

La desamortización española se puede dividir en periodos, y las principales leyes las propusieron los ministros Soler en la época de Godoy, Mendizábal y Pascual Madoz.

Desvinculación y Supresión de Señoríos

Durante siglos, la concesión de un título nobiliario implicaba que el noble correspondiente poseía bienes suficientes que le respaldaban y le permitirían a él y a sus descendientes mantener el tipo de vida que correspondía a la nobleza. Por ello, quien heredaba el título, el mayor de los hijos, heredaba también todos los bienes vinculados a la casa nobiliaria. Los señoríos de origen feudal implicaban la propiedad de la tierra y, sobre todo, jurisdicción, además de privilegios y excepciones legales.

Todo esto era indiscutible en el Antiguo Régimen. La situación empezó a cambiar por un decreto de 1798 que otorgaba facultad a los poseedores para enajenarlos mediante pública subasta, al que se acogieron muy pocos. A este hecho se une la eliminación del poder señorial que ejercían los nobles sobre los campesinos. Esta ley fue derogada por Fernando VII. El Trienio Liberal reanudó la obra de las Cortes de Cádiz; en 1820, la ley de Desvinculación suprimió totalmente los mayorazgos, abriendo la puerta para que los nobles vendieran sus tierras, lo que lógicamente afectó a la nobleza con menos recursos. La ley no expropiaba las propiedades, solo obligaba a repartirlas entre todos los hijos y permitía su enajenación. Anulada de nuevo esta legislación por Fernando VII, otras leyes volvieron a legislar la desvinculación. El patrimonio de cada casa nobiliaria tenía que ser inventariado; de dicho patrimonio, el dueño podía vender en vida hasta la mitad. Al morir el poseedor del mayorazgo, una mitad de los bienes pasaba al hijo mayor, la otra mitad al resto de los hijos. Los efectos plenos de la desvinculación no se dieron hasta la segunda herencia después de muerto, esto ocurrió en momento diferente para cada casa mobiliaria. En 1837, una ley terminó con los señoríos y con los restos del feudalismo, se legalizó dejar de pagar rentas, pechas o impuestos que imponían los señores.

Algunas casas nobiliarias enajenaron prácticamente su patrimonio, otras, como la de Alba, no solo lo mantuvieron, sino que lo acrecentaron con nuevas compras en la desamortización. Respecto a la pequeña nobleza, se desprendieron de parte de la mitad de sus bienes. El ritmo de ventas se aceleró con la primera herencia entre los hijos y aún aumentó a finales del XIX con la segunda herencia, cuando la mitad que correspondía al primogénito fue repartida entre todos sus herederos.

Consecuencias

En España, los procesos desamortizador y desvinculador fueron claves para poner en marcha y consolidar el sistema liberal. El proceso afianzó un considerable número de propietarios agrícolas de tipología muy diversa:

• Medianos y pequeños propietarios.
• Terratenientes o hacendados de nuevo cuño.
• Aumento de la propiedad de los ya latifundistas.

Estas transformaciones fueron lentas a lo largo de un siglo y medio. Se desamortizaron aproximadamente el 50% de las tierras cultivables, a estas hay que sumar las tierras desvinculadas que pasaron al mercado. Aun con una legislación común en toda España, las condiciones previas del campo y de la sociedad local, la desamortización y la desvinculación señorial tuvieron consecuencias diferentes. En cuanto a los grupos sociales, se potenció lo que ya había; en las ciudades se benefició la naciente burguesía de los negocios, donde había labradores acomodados y medianos, se fortalecieron y pasaron a ser acomodados. Donde había terratenientes, estos solieron aumentar las propiedades. Las tierras de mayor tamaño cayeron en manos de personas más ricas.