La Desamortización de Mendizábal

Durante su breve etapa como presidente del Consejo de Ministros, Mendizábal había adoptado una serie de medidas tendentes a lograr el triunfo en la guerra y a reestructurar el grave problema de la deuda nacional. Entre ellas destacó la reactivación de la desamortización de los bienes del clero regular, que constituían una continuación de las efectuadas por Godoy y posteriormente por las Cortes de Cádiz y los gobiernos del Trienio Liberal. Entre 1835 y 1837, Mendizábal emprendió una gran desamortización eclesiástica mediante la nacionalización y venta en pública subasta al mejor postor de los bienes expropiados previamente a la Iglesia. Su legislación acabó con las tierras y propiedades eclesiásticas amortizadas y suprimió los monasterios y conventos de las órdenes religiosas masculinas y femeninas del clero regular, a excepción de los dedicados a la beneficencia y las misiones de Asia. Todas las fincas rústicas y los bienes urbanos desamortizados fueron subastados en presencia de un juez en los distintos ayuntamientos. El objetivo de la desamortización era conseguir financiación para sufragar la deuda pública y los gastos de la guerra civil y crear una clase media de campesinos propietarios, pero también aumentar los apoyos sociales y políticos del liberalismo y el régimen isabelino.

Las consecuencias de la desamortización perjudicaron al pueblo porque empobreció a los campesinos, despojados del trabajo que realizaban en las tierras de la Iglesia que venían cultivando desde hacía siglos y muchos cayeron en la miseria. Los enormes puestos a la venta solo pudieron ser adquiridos por las mayores fortunas. Igualmente, la desamortización aumentó la distancia entre el nuevo régimen liberal y el clero católico, que perdió la mayor parte de sus propiedades y el cobro del diezmo. La desamortización eclesiástica se complementó con otras medidas: desaparición de los señoríos y mayorazgos en 1836, supresión de la Mesta, introducción de la libertad de producción y comercio y supresión de los derechos señoriales.

La Herencia del Antiguo Régimen

La propiedad de la tierra en España del Antiguo Régimen se caracterizó por el dominio útil de la tierra, que estaba en manos de la nobleza e Iglesia. La nobleza, gracias a la institución del mayorazgo, había constituido un patrimonio de bienes rústicos y urbanos sustraídos al libre comercio. La Iglesia era propietaria de grandes extensiones de tierra como consecuencia de las numerosas donaciones de que era objeto desde hacía siglos. La tierra quedaba en manos muertas. Los municipios eran propietarios de tierras que tenían su origen en concesiones reales durante la Reconquista, consistían en bosques cuya utilización adoptó dos formas: tierras de aprovechamiento común y tierras de propios. La cantidad de tierra que se podía obtener había ido disminuyendo. El campo español aparecía vacío y sumido en la rutina. La despoblación tenía su origen en la dureza de la vida del labrador: el exceso de trabajo y su escasa remuneración. Pero el problema seguía siendo el bajo rendimiento agrícola a causa del retraso técnico. La situación era más difícil si tenemos en cuenta las trabas ejercidas por la ganadería trashumante sobre la agricultura.

Los Efectos de la Desamortización

• Desde el punto de vista económico: favoreció una expansión de la superficie cultivada y de la producción agraria. Esta expansión estuvo acompañada de la deforestación. Acrecentó la concentración de tierra en pocas manos, ya que las familias más poderosas conservaron intactos sus patrimonios. Tampoco se obtuvieron los resultados financieros que se esperaban.
• Desde el punto de vista social: se sustituyó la estructura social señorial-campesina por una estructura capitalista. Los principales beneficiarios no fueron los antiguos trabajadores de las tierras. La roturación de la vieja propiedad municipal empobreció a los ayuntamientos, privándolos de su autonomía económica, y asentó a campesinos empobrecidos sobre tierras no aptas para el cultivo en propiedad individual.
• Desde el punto de vista político: se creó una masa fiel a la causa liberal. En definitiva, no se aprovechó la ocasión para obtener una clase media agraria que hubiera podido ser un factor de equilibrio en la nueva sociedad.

Las Guerras Carlistas

Antecedentes: Las Causas y los Apoyos del Conflicto Carlista

La oposición del carlismo al liberalismo provocó un largo conflicto cuyas causas son:

• La cuestión sucesoria: el conflicto estalló por la negativa de los partidarios de Don Carlos a reconocer la legitimidad de Isabel como reina y de su madre María Cristina como regente durante la minoría de edad de su hija. Las dos fueron apoyadas por los liberales. La fracción contraria, denominada carlista, consideraba que la Ley Sálica no estaba derogada y que el hermano de Fernando VII debía ser rey, que era Carlos VI.
• La guerra no fue una simple cuestión dinástica, sino un conflicto civil de fuerte contenido ideológico y de clase. El carlismo era enemigo acérrimo del liberalismo y de todo lo que implicaba. Eran partidarios del absolutismo regio de origen divino, del integrismo religioso y la defensa de los intereses de la Iglesia y del foralismo.

En cuanto a los apoyos por cada uno de los bandos son:

• Los carlistas contaron con el respaldo de aquellos sectores que temían el liberalismo: la pequeña nobleza rural, el campesinado más tradicional y el bajo clero.
• Isabel y la reina regente estuvieron apoyadas por los liberales. Entre ellos se encontraban las clases medias urbanas, la alta burguesía, la nobleza liberal y una parte del clero. Los liberales recibieron ayuda diplomática, financiera y material de Francia, Reino Unido y Portugal.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

La Guerra de los Siete Años estalló dos días después del fallecimiento de Fernando VII. Carlos María Isidro reivindicó sus derechos dinásticos sobre los de Isabel en el Manifiesto de Abrantes. El pretendiente fue declarado soberano en varios puntos de España, con lo que se iniciaron las hostilidades entre carlistas e isabelinos.

• La primera etapa transcurrió entre 1833 y 1835. Los partidarios de Don Carlos organizaron un ejército bajo el mando de Zumalacárregui. Emplearon la táctica de guerrillas y controlaron el País Vasco, Navarra y varios puntos de Valencia. Durante estos dos años apenas se produjeron combates en la mitad sur peninsular y ambos bandos emplearon métodos brutales de represión.
• La segunda etapa se alargó entre 1836 y 1837. Los carlistas, concentrados en el foco vasco-navarro, organizaron expediciones militares por toda España en busca de apoyos: el general Miguel Gómez (1836) recorrió el territorio peninsular de extremo a extremo y Don Carlos (1837) alcanzó las puertas de Madrid.
• La tercera fase se extendió entre 1837 y 1840 y se caracterizó por la ofensiva isabelina bajo el mando de Espartero. Los carlistas, desmoralizados por las derrotas, se dividieron: los ultras, que querían mantener la guerra a toda costa, y los moderados, partidarios de una solución pacífica.

La Segunda Guerra Carlista (1846-1849)

Conocida como la Guerra de los Matiners (madrugadores) por su costumbre de entrar en combate a primeras horas de la mañana. Se desarrolló en Cataluña con el pretexto del fracaso de los planes de boda entre Isabel II y el hijo de Don Carlos. El general Cabrera trató de organizar un ejército sin éxito. En alguna ocasión llegaron a recibir apoyos de guerrilleros republicanos. Posteriormente se produjeron sublevaciones carlistas: en 1855 en Cataluña y en 1860 la Ortegada.

La Tercera Guerra Carlista (1872-1876)

Tras la Revolución del 68 y la instauración de Amadeo I, resurgió el carlismo y aumentó su presencia en el Parlamento. En 1872, la fracción más ultra del carlismo se impuso y apoyó una nueva sublevación a favor del nuevo pretendiente, Carlos VII. Tras un primer fracaso, la insurrección prendió en las provincias de Cataluña, Navarra y el País Vasco. Los carlistas establecieron su capital en Estella y consiguieron muchos triunfos. La Restauración de los Borbones en 1875 acabaría por hundir el carlismo.

Los Decretos de Nueva Planta

El alineamiento de los reinos y territorios de la Corona de Aragón con la causa del archiduque Carlos sirvió de pretexto a Felipe V para suprimir sus instituciones y privilegios mediante la promulgación de los Decretos de Nueva Planta. A partir de ese momento, su organización político-administrativa estaría basada en la de Castilla y se imponía la obligación del uso del castellano como lengua administrativa y jurídica. Los decretos derogaron instituciones como las Cortes de los distintos reinos, sus diputaciones permanentes, el cargo de Justicia Mayor, sus tradicionales concejos municipales, así como sus sistemas fiscales y monetarios propios. Igualmente, quedaron suprimidos las aduanas y los puertos secos interiores de la Corona de Aragón. No obstante, los territorios aragoneses pudieron conservar alguna de sus singularidades. Del mismo modo, tampoco asimilaron el sistema fiscal castellano, ya que se establecieron diversas formas de contribución según los territorios: el catastro, el equivalente, la única contribución y la talla. Los virreinatos de la Corona de Aragón también fueron suprimidos. Al contrario que los territorios aragoneses, las provincias vascas y Navarra conservaron sus instituciones, sus fueros, sus aduanas interiores e incluso sus exenciones militares. Fue la recompensa de Felipe V por haberse mantenido fieles a la causa borbónica.

La Guerra de la Independencia (1808-1814)

Tras el inicio de la rebelión contra los franceses en Madrid, la insurrección se extendió al resto del país. Durante el conflicto, desde 1808 hasta 1814, se produjeron al mismo tiempo dos fenómenos distintos: la guerra contra el ejército francés en defensa de la independencia y la reorganización política del país según los principios del liberalismo. Igualmente, la guerra se convirtió en un conflicto internacional, un conflicto civil entre españoles y tuvo un indudable carácter religioso.

La guerra se desarrolló en tres fases:

• La primera fase acontece entre el fracaso del levantamiento del 2 de mayo y noviembre de 1808. Durante estos meses, el ejército francés intentó ocupar las principales vías de comunicación desde la frontera gala hasta Lisboa, Sevilla y Cádiz. En junio tuvo lugar el primer sitio de Zaragoza, con el objetivo de controlar la vía de comunicación del Ebro, pero fracasó por la resistencia de la ciudad al mando del general Palafox. El hecho más destacado de esta fase fue la batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808, en la que el ejército francés del general Dupont fue derrotado por las tropas del general Castaños. Fue la primera vez que un ejército napoleónico era derrotado en campo abierto.
• La segunda fase transcurre entre finales de 1808 y 1812. Napoleón acudió a España con la Grande Armée, bien entrenada y muy capacitada. Primero conquistaron Burgos, después sitiaron Zaragoza, que esta vez sí cayó, y a continuación, tras la victoria de Somosierra, tomaron Madrid. Solo Cádiz quedó libre de la ocupación. En esta fase, la resistencia española se organizó en guerrillas, nueva forma de lucha caracterizada por la actuación de pequeños grupos de combatientes que realizaban ataques rápidos y por sorpresa a las tropas enemigas. Entre los guerrilleros destacaron las partidas de Espoz y Mina, Juan Martín»El Empecinad» y el cura Merino.
• La tercera fase se inició en la primavera de 1812. Aprovechando la retirada de tropas francesas para la invasión de Rusia, los ejércitos españoles, ayudados por los británicos de Lord Wellington, intensificaron su ofensiva. Como resultado, se obtuvieron las victorias de Arapiles, Vitoria, Irún y San Marcial. Finalmente, Napoleón no tuvo más remedio que firmar el Tratado de Valençay, el 11 de diciembre de 1813, por el que se reconocía la libertad de España y se liberaba a Fernando VII.

Las consecuencias más destacadas de la Guerra de la Independencia fueron unas pérdidas demográficas cuantiosas, unos daños materiales importantes (algunas ciudades quedaron totalmente arrasadas), a nivel económico la destrucción de abundantes industrias estatales y privadas, y a nivel internacional la puesta en marcha de los procesos independentistas en las colonias de América.

Las Cortes de Cádiz (1810-1813)

La idea de convocar Cortes se había planteado por primera vez en la Junta Central, pero fue el Consejo de Regencia quien realizó la convocatoria a finales de enero de 1810. Su apertura tuvo lugar el 24 de septiembre. A diferencia de las Cortes tradicionales, divididas en estamentos, las de Cádiz reunieron a todos los diputados o representantes llegados de los diversos puntos de España en una única asamblea. Las Cortes funcionaron hasta septiembre de 1813. Hubo escasa presencia de nobles y miembros del alto clero. La clase media urbana fue la verdadera protagonista de las Cortes.

En las Cortes gaditanas, los diputados pertenecían a tres grupos ideológicos:

• Liberales: partidarios de la aplicación de reformas revolucionarias y de conceder la soberanía solo a las Cortes. Fueron los que ejercieron mayor influencia en las Cortes.
• Renovadores o jovellanistas: seguidores de Jovellanos. Abogaban por una reforma del sistema político basada en un compromiso entre nación y Cortes estamentales. La soberanía pertenecía a los órganos que reflejan la continuidad histórica del pueblo español: rey-Cortes conjuntamente.
• Absolutistas: llamados despectivamente»servile» por sus adversarios. Pretendían la vuelta al Antiguo Régimen tal y como existía antes de la Revolución Francesa y de la invasión napoleónica.

En las Cortes se aprobaron dos tipos de medidas revolucionarias: unas de carácter político, con la intención de suprimir el absolutismo y establecer una Constitución que asumiera la división de poderes (su resultado fue la Constitución liberal de 1812), y otras de carácter social, cuyo objetivo era erradicar la sociedad estamental y los privilegios para establecer una sociedad organizada sobre los principios del individualismo ilustrado: libertad, igualdad, propiedad y seguridad.

La Constitución de 1812

La obra más importante de las Cortes de Cádiz fue la Constitución de 1812. Se trata de la primera Constitución liberal española y la primera ley fundamental aprobada por un parlamento nacional en la historia de España. Las Cortes Constitucionales la aprobaron el 19 de marzo de 1812. Sus principios básicos son:

• Soberanía nacional: el poder político pertenecía a la nación española en su conjunto, incluidos los habitantes de los reinos ultramarinos.
• División de poderes: el poder legislativo fue confiado a unas Cortes unicamerales, el ejecutivo al rey y sus ministros, mientras que el judicial quedó depositado en los tribunales. El régimen era una monarquía parlamentaria, característica inusual durante el Antiguo Régimen. El monarca no podía disolver las Cortes y solo poseía un derecho de veto suspensivo transitorio (durante dos años) sobre las leyes aprobadas en las Cortes. Después quedaba obligado a aceptar y sancionar la ley si así lo aprobaba la mayoría de los diputados.
• Reconocimiento de derechos individuales: libertad de imprenta, derecho de propiedad privada, la inviolabilidad de domicilio y el derecho a la educación. No existía un título específico reconociendo estos derechos, sino que se distribuían a lo largo del texto.
• Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley: se impuso en un doble plano: en el territorial, se suprimieron todos los fueros y leyes que iban en contra de la Constitución; en el personal, se estableció que unos mismos códigos y tribunales regirían para todos los españoles sin excepción. Con respecto a los impuestos, todos los españoles los pagarían de modo proporcional a su fortuna. Este principio se hace extensible a los deberes militares y al ejercicio de empleos en la administración pública. Se establecía una milicia nacional para garantizar el orden constitucional.
• Sufragio universal masculino indirecto en cuatro grados: las mujeres no votaban y los electores no elegían directamente a los diputados en Cortes, sino que elegían a unos compromisarios o representantes que, a su vez, se encargaban de designarlos.
• El catolicismo es la religión oficial del Estado.

La Constitución de 1876

Fue el documento jurídico fundamental del periodo de mayor longevidad hasta la actualidad. Permaneció en vigor hasta 1931, aunque fue vulnerada y suspendida en varias ocasiones. Para su elaboración se reunió una Asamblea de Notables. El intento de restaurar la Constitución de 1845 y el deseo de adoptar la democrática de 1869 obligaron a Cánovas a actuar como mediador. Él propuso un texto nuevo, amplio y flexible, capaz de dar cabida a cuantos optasen por aceptar los objetivos recogidos en el Manifiesto de Sandhurst y la doctrina de la Constitución interna. Las Cortes que aprobarían la Constitución fueron convocadas por sufragio universal. La Constitución de 1876 mantuvo la tradición constitucional española iniciada en Cádiz. Está inspirada en la Constitución moderada de 1845 y, en menor medida, en la progresista de 1869. Su tono es doctrinario y conservador.

Los Gobiernos Conservadores (1875-1881)

Cuando la paz en el país estaba asentada tras la finalización de las guerras carlistas y cubana, el partido de Cánovas ejerció el poder hasta 1881 sin interrupción, momento en el que el Partido Liberal aceptó la Constitución de 1876. Esta etapa se conoce como la»dictadura de Cánova» debido a su control del partido y ordenamiento del Estado. Las medidas del gobierno conservador tendieron a consolidar el nuevo régimen mediante la defensa del orden social, de la monarquía y de la propiedad. Una de las primeras disposiciones fue la abolición de los fueros vascos, que provocó el aumento del nacionalismo vasco, ultraconservador y ultracatólico, que más tarde será uno de los problemas de la Restauración. Cánovas acentuó la política de restricción de libertades. Entre las leyes aprobadas se encuentran:

• Ley Electoral de 1878 (hasta 1890).
• Regulación de las libertades de reunión y asociación.
• Ley de Imprenta de 1879.

Las disposiciones de Cánovas se complementaron con leyes para reforzar el centralismo político-administrativo. En el aspecto económico, los conservadores intentaron poner orden en algunos asuntos urgentes. En la política exterior, se procuró quitar el aislamiento internacional con acuerdos como el compromiso de 1883 con Gran Bretaña sobre Gibraltar.

Los Gobiernos Liberales (1881-1884)

Hasta 1880, debido a su difícil configuración y heterogeneidad, no se fundó el Partido Fusionista, poco después llamado Partido Liberal, encabezado por Sagasta. En 1881 accedió al poder y se llevó a la práctica el turnismo. La etapa liberal comenzó con un gobierno presidido por Mateo Sagasta. Sus primeras disposiciones fueron consecuentes con su significación liberal. En el verano de 1883, dos sucesos deterioraron la situación política: en primer lugar, varias intentonas republicanas en Badajoz y otras comunidades, urdidas desde la Asociación Republicana Militar, y en segundo lugar, el deterioro en las relaciones diplomáticas franco-españolas provocado por la visita de Alfonso XII a París. A ellos se unieron los desórdenes en el campo andaluz, atribuidos supuestamente a la anarquista Mano Negra. Estos sucesos y la oposición dentro de su partido obligaron a Sagasta a dimitir y dar paso a un efímero gobierno presidido por José Posada Herrera, de Izquierda Dinástica. De su breve labor resultó significativa la creación de una Comisión de Reformas Sociales por el ministro de Gobernación, Segismundo Moret, para atender las cuestiones relativas al bienestar de las clases trabajadoras.