El Sexenio Democrático o Revolucionario (1868-1874)

Introducción

El Estado liberal y nacional se había consolidado en España durante el reinado de Isabel II, pero en la mayor parte del reinado, la opción política predominante fue la moderada, que construyó un sistema autoritario y oligárquico que impidió que las masas se incorporaran al mismo. Estas circunstancias condujeron al Sexenio Democrático o Revolucionario, en el que por primera vez en nuestra historia se ensayó un Estado democrático, primero como monarquía y luego como república.

La Revolución de 1868 y el gobierno provisional

El 18 de septiembre de 1868 se inicia en Cádiz la revolución conocida como La Gloriosa o Septembrina, con la sublevación del almirante Topete en la bahía de Cádiz, apoyado por los generales Prim (progresista) y Serrano (unionista). Todo ello venía organizándose desde el Pacto de Ostende (1866). El manifiesto de los sublevados se titulaba España con honra, donde proponía la formación de un gobierno provisional y el sufragio universal. A ello se le sumó el descrédito de la Reina por los escándalos de su vida privada. Las tropas leales a Isabel II fueron derrotadas en Alcolea (Córdoba) y la reina se exilió en Francia.

La insurrección se propagó por diferentes ciudades y el levantamiento obtuvo el apoyo popular, traduciéndose en la formación de juntas revolucionarias. Desde los últimos años del reinado, se observaba un descontento social tanto en el ámbito agrícola, por el incremento de los campesinos sin tierra tras la reforma agraria liberal, como en el mundo industrial, por las penosas condiciones de trabajo, la precariedad laboral y las largas jornadas pagadas con escasos salarios.

La formación de un gobierno provisional presidido por Serrano trajo la disolución de las juntas y la convocatoria de elecciones, por sufragio universal a Cortes Constituyentes, que dieron la victoria a las fuerzas gubernamentales. De ellas nació la Constitución de 1869, considerada como la primera auténticamente democrática de nuestra historia ya que incluyó los principios básicos del liberalismo democrático: la soberanía nacional, que reside en las Cortes y se traduce en el ejercicio del sufragio universal; una declaración exhaustiva de derechos individuales y libertades del ciudadano. Se limitaron los poderes de la Corona y se estableció la independencia del poder judicial.

La regencia de Serrano (1869-1870)

Establecida constitucionalmente la monarquía como forma de estado, fue nombrado regente el general Serrano y el general Prim como jefe de Gobierno. Este período contó con importantes medidas económicas como el establecimiento de la Peseta como moneda nacional, la Ley de Minas o el arancel de Figuerola (que liberalizaba el comercio exterior). El nuevo régimen tuvo que afrontar problemas como las insurrecciones populares y republicanas, además del inicio de la Guerra de Cuba (Grito de Yara). El asunto más importante era encontrar un nuevo rey; entre los candidatos, Prim impuso sus condiciones: debía ser demócrata y no podía ser Borbón. Finalmente fue proclamado rey de España su candidato preferido, Amadeo de Saboya.

El reinado de Amadeo I (enero de 1871 – febrero de 1873)

El rasgo más característico del breve reinado de Amadeo de Saboya fue la permanente inestabilidad social y política (tres elecciones y seis gobiernos) a causa de los graves problemas que surgieron desde su comienzo: el asesinato de Prim, antes de la llegada del rey; el escaso apoyo de los partidos políticos; la agitación social ligada al naciente movimiento obrero; el rechazo de la Iglesia, de las élites tradicionales y del ejército; la tercera guerra carlista, que estalló en este momento, y la Guerra de los Diez Años de Cuba (finalizada con la Paz de Zanjón en 1878).

Además, la coalición gubernamental, tras ganar las elecciones, se dividió en constitucionalistas (Sagasta) y radicales (Ruiz Zorrilla). En febrero de 1873, aprovechando un conflicto entre el Gobierno y el Ejército, cada vez más dispuesto a dar un golpe de Estado, Amadeo I abdicó.

La Primera República (febrero de 1873 – enero de 1874)

Tras la abdicación del rey, las Cortes proclamaron la República, pero esta tampoco logró estabilizar el sistema, ya que a los problemas heredados se añadió el conflicto dentro de las filas republicanas entre unitarios y federalistas (federales: defendían un estado descentralizado; unitarios: defendían un estado único, representaban el sector republicano más conservador), lo que provocó que en menos de un año se sucedieran cuatro presidentes. Hasta 1874 se desarrolló una República federal, primero con Figueras y posteriormente con Pi y Margall, quien llevó a cabo un proyecto de Constitución con 17 estados federados que incluían Cuba y Puerto Rico e intentó regular el trabajo infantil. Otras medidas de la fase federal fueron: la abolición de la esclavitud (Puerto Rico 1873, Cuba 1880) y la supresión de las quintas y los consumos. La república federal se vio desbordada por la presión de la guerra carlista, la guerra de Cuba, los movimientos sociales, la presión de los militares alfonsinos y por el espontáneo movimiento cantonalista, una radicalización del federalismo que pretendía la creación de pequeños núcleos territoriales autónomos. Su principal exponente fue el de Cartagena (Cantón Murciano), liderado por Antonete Gálvez y que pervivió hasta enero de 1874.

El cantonalismo provocó el giro a la derecha de la República, que se apoyó en el ejército con Salmerón y, sobre todo, Castelar, quien gobernó de forma autoritaria. Finalmente, el golpe de Estado del general Pavía (3 de enero de 1874), que entró en las Cortes disolviéndolas, puso fin a esta experiencia política.

La dictadura del general Serrano

Tras el golpe, la junta de Capitanes Generales nombró jefe del gobierno al general Serrano, quien aplicó una política dictatorial, manteniendo las formas republicanas. Fue una época de transición con la Constitución de 1869 en suspenso y la republicana sin aprobar. La burguesía se había vuelto conservadora y anhelaba el restablecimiento del orden, que comenzaron a identificar con el proyecto de Cánovas del Castillo para la restauración de la monarquía liberal en el hijo de Isabel II, el príncipe Alfonso. Finalmente, otro pronunciamiento militar dirigido por el General Martínez Campos, en Sagunto, el 29 de diciembre de 1874, acabó con el Sexenio e impuso la Restauración borbónica.

Conclusiones del Sexenio

A partir de los principios contenidos en la Constitución de 1869 (inspirados en La Gloriosa), los dirigentes del Sexenio intentaron dos ensayos de nuevo régimen político que se mostraron inviables en la práctica: la monarquía de Amadeo de Saboya y la Primera República. El experimento democrático que supuso este período no pudo cuajar debido a que surgieron grandes contratiempos políticos: la guerra de Cuba, la guerra carlista, la insurrección cantonal y el malestar social creciente. Todo ello desembocará en la Restauración borbónica de Alfonso XII.

La Restauración Borbónica (1874-1902)

Introducción

La Restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II, se produjo tras el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto, el 29 de diciembre de 1874. El artífice del sistema fue Antonio Cánovas del Castillo, quien hizo firmar al príncipe Alfonso el Manifiesto de Sandhurst, que fue publicado en España unos días antes del golpe. Los historiadores sitúan el fin del período con la mayoría de edad de Alfonso XIII, en 1902.

El funcionamiento del sistema canovista

Cánovas dotó a la monarquía restaurada de un sistema liberal y autoritario que permitía la alternancia pacífica en el gobierno de una derecha e izquierda moderadas y liberales. Este objetivo implicaba la exclusión de los militares de la actividad política, aunque ello no fue obstáculo para apoyarse en ellos para finalizar la Tercera Guerra Carlista y la Guerra de Cuba (Paz de El Zanjón). El sistema, inspirado en el modelo inglés, se apoyaba sobre tres soportes:

• El rey y las Cortes, como instituciones fundamentales legitimadas por la historia. Cánovas retornaba así a los planteamientos del liberalismo doctrinario y su defensa de la soberanía compartida rey-Cortes, que constituían la base ideológica del antiguo Partido Moderado.
• El bipartidismo como sistema idóneo: la labor de gobierno debía recaer exclusivamente en dos partidos principales, que se turnarían en el poder y en la oposición: el Partido Conservador, liderado por el propio Cánovas y continuador de la tradición del Partido Moderado, y el Partido Liberal, liderado por Sagasta, la izquierda moderada burguesa.
• La Constitución de 1876, como marco jurídico del sistema. De inspiración moderada (1845) pero con algunos aspectos recortados de la progresista de 1869. Su gran ventaja radicaba en la elasticidad, al contrario de la rigidez de las Constituciones anteriores. Establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Aumentaba las prerrogativas del rey, que mantenía el poder ejecutivo y podía vetar a los ministros, sancionaba y promulgaba las leyes. Además, convocaba, suspendía y disolvía las Cortes. Las Cortes eran bicamerales y tenían un poder limitado: el Senado era muy elitista y conservador, y sus miembros eran aristócratas y potentados designados. El Congreso era electivo, pero la Constitución no definía el tipo de sufragio. La declaración de derechos era semejante a la de 1869, pero dejaba la regulación concreta de su ejercicio a las leyes ordinarias. El catolicismo se declaraba como religión oficial del Estado y se prohibían las manifestaciones públicas de cualquier otra religión, aunque se reconocía la libertad individual de culto.

El turno de partidos

Los dos partidos principales (Conservador y Liberal) estaban ideológicamente más próximos entre sí de lo que aparentaban, y aceptaban el juego trucado de la alternancia, tal y como quedó acordado verbalmente en el Pacto de El Pardo, cuando falleció Alfonso XII en 1885:

1. Los dos partidos se relevaban en el poder de forma pacífica y se concedían mutuamente plazos razonables de gobierno.
2. El partido en la oposición aceptaba los cambios de cierta importancia realizados por el partido en el poder y se comprometía a mantenerlos cuando le correspondiera gobernar.
3. Cuando un partido consideraba que le había llegado el momento de gobernar, o de dejar el gobierno y pasar a la oposición, lo pactaba con el otro partido y con el rey.
4. El monarca, entonces, según el poder que le reconocía la Constitución, mandaba formar gobierno al nuevo partido, disolvía las Cortes y convocaba nuevas elecciones, que, debidamente manipuladas, proporcionaban la mayoría necesaria al partido que empezaba a gobernar.
5. El partido saliente del gobierno se convertía en oposición y esperaba el turno.

El caciquismo y el fraude electoral

Acordado el cambio de gobierno, eran convocadas nuevas elecciones y se fabricaban los resultados. Cada partido tenía su red organizada que garantizaba los resultados electorales en su turno de gobierno.

1. Desde el Ministerio de la Gobernación en Madrid se comunicaba a los gobernadores civiles de las provincias los resultados electorales que se pretendían.
2. En cada capital de provincia, el gobernador civil elaboraba la lista de los candidatos («encasillado») que habían de salir elegidos en cada localidad, entregando a los caciques locales las instrucciones correspondientes.
3. En las comarcas, pueblos y aldeas, los caciques locales (personalidades con poder e influencias) se encargaban de que resultaran elegidos los candidatos de su circunscripción incluidos en el «encasillado», para lo cual recurrían a los más variados procedimientos: presiones, amenazas, extorsiones de todo tipo y, en caso necesario, al «pucherazo».

La capacidad de manipulación y fraude era mucho menor en las ciudades que en el medio rural, donde las viejas formas de dominación feudal todavía pervivían, aunque modificadas, en los nuevos mecanismos de control de los terratenientes sobre los campesinos.

La crisis de fin de siglo

La existencia de un importante movimiento independentista en Cuba y Filipinas, junto con la intervención de Estados Unidos, provocó el desastre del 98 y la pérdida del imperio colonial español. A ello hay que añadirle los problemas sociales derivados de la industrialización del país y el auge del movimiento obrero junto con el de los regionalismos en Cataluña y el País Vasco, convertidos en nacionalismos. Todos estos acontecimientos desataron la crisis.

La derrota del 98 no produjo un cambio de gobierno, pero surgió el “regeneracionismo” impulsado por intelectuales como Joaquín Costa y políticos como Francisco Silvela. Buscaban la dignificación de la política, la modernización social y la superación del atraso cultural. Los regeneracionistas consideraban al deficiente sistema educativo español una de las causas fundamentales del atraso del país y criticaban el sistema de la Restauración.

Conclusiones de la Restauración

El sistema canovista, o régimen de la Restauración, surgió como respuesta al convulso Sexenio Democrático, con la intención de asentar en España un régimen liberal doctrinario de carácter moderado, opuesto a los intentos “democratizadores” del Sexenio. Tuvo éxitos notables, como el hecho de la pacificación del país y el dotarlo de un régimen político civil, sin pronunciamientos militares, de carácter estable y una cierta prosperidad económica. Sin embargo, su esencia fraudulenta, su escasa sensibilidad social, su elitismo político excluyente y su alejamiento de la realidad, que fue evidente con el “Desastre del 98”, pusieron de manifiesto que era un régimen incapaz de adaptarse al siglo XX.

Las Desamortizaciones en España (Siglo XIX)

Introducción

La desamortización fue un hecho fundamental en el proceso de la revolución burguesa. Significó un cambio esencial en el sistema de propiedad y tenencia de la tierra. Las desamortizaciones consistieron en la expropiación, por parte del Estado, de las tierras eclesiásticas y municipales –hasta entonces amortizadas o en manos muertas– para su posterior venta a particulares en pública subasta. En España, en la primera mitad del siglo XIX se dieron varias desamortizaciones. Las más importantes fueron las de Mendizábal (1836-1851) y la de Pascual Madoz (1855-1924).

Causas de la desamortización

Ya los reformistas ilustrados del siglo XVIII, preocupados por obtener el máximo rendimiento de la tierra y los recursos naturales, fuente para ellos de la riqueza y fortaleza del Estado, habían insinuado la necesidad de cambiar el sistema señorial de propiedad de la tierra. En el Antiguo Régimen una gran parte de la tierra era de “manos muertas”, es decir, vinculadas a dominios monásticos o a municipios que, además de no tributar, no podían ser vendidas por sus titulares, estaban fuera del mercado y por ello no podían ser capitalizadas ni mejoradas. Si se quería promover la reforma agraria era necesario que pasaran a ser bienes privados susceptibles de mejoras técnicas.

El primer paso era la promulgación de leyes para desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales. El proceso suponía dos fases: en primer lugar, el Estado se adueñaba de esos bienes, por lo que dejaban de ser de “manos muertas” (o dejar de estar fuera del mercado), para convertirse en bienes nacionales; después salían a la venta, mediante pública subasta. El producto de lo obtenido lo aplicaría el Estado a sus necesidades, principalmente a amortizar la Deuda Pública.

La desamortización de Mendizábal

Tanto José I como las Cortes de Cádiz decretaron nuevas desamortizaciones, que al igual que la del Trienio Liberal (1820-1823) no tuvieron efectos por el retorno al absolutismo. Fue tras la muerte de Fernando VII cuando la revolución liberal burguesa se afianzó y en 1836, en medio de la guerra civil con los carlistas, Mendizábal puso en venta todos los bienes del clero regular (frailes y monjas). De esta forma quedaron en manos del Estado y se subastaron no solamente tierras, sino casas, monasterios y conventos con todos sus enseres. Al año siguiente, 1837, otra ley amplió la acción al sacar a la venta los bienes del clero secular.

Para lograr el establecimiento del régimen liberal en 1836, era condición necesaria ganar la guerra carlista, y para ello se necesitaban los recursos económicos que proporcionaran la desamortización y el apoyo social de la burguesía al régimen liberal. Además, al amortizar la Deuda Pública, el Estado saneaba la Hacienda y aparecía como más solvente, con lo que podía suscribir nuevos empréstitos en el extranjero en mejores condiciones.

La desamortización de Madoz

En 1855, el ministro de Hacienda Pascual Madoz, también progresista, promulgó su “Ley de Desamortización General”. Se llamaba así porque se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los eclesiásticos, que no habían sido vendidos en la etapa anterior, y los propios de los pueblos (eran llamados bienes de “propios” aquellos que proporcionaban, por estar arrendados, una renta al Concejo, en tanto que los “comunes” eran los que no proporcionaban renta y eran utilizados por los vecinos del lugar). Fue la desamortización más larga en el tiempo y no concluyó hasta 1924.

El procedimiento utilizado para las ventas fue similar al de Mendizábal. Pero hubo algunas diferencias. El dinero obtenido fue dedicado, en parte, a financiar la industrialización del país y a la expansión del ferrocarril. Por otra parte, el Estado no era propietario de los bienes, sino los ayuntamientos. Aquel percibía el importe de las ventas en nombre de estos y lo transformaba en títulos de Deuda; lo que significaba que el Estado custodiaba los fondos de los ayuntamientos y los utilizaba para el bien de todos.

Consecuencias de la desamortización

Cambios sociales

La burguesía compradora se convirtió en terrateniente. En conjunto, el proceso no sirvió para que las tierras se repartieran entre los campesinos; es decir, no fue una reforma agraria, sino un medio para conseguir dinero para los planes del Estado. La expulsión de campesinos de los nuevos latifundios y la concentración de la propiedad de la tierra generó, asimismo, una gran masa de campesinos sin tierra, proletariado agrícola, que a mediados de siglo superaba los dos millones de personas.

Cambios de los modos de explotación de la tierra

Se estima que el volumen total de tierra que cambió de manos llegó hasta el 50% de la tierra cultivable. La desamortización trajo consigo una expansión de la superficie cultivada y una agricultura más productiva. Al liberalizarse la tenencia y explotación de la tierra, en algunas zonas se produjeron procesos de inversiones, mejora y especialización en los cultivos. Así, en levante se crearon explotaciones hortofrutícolas, y en Andalucía se extendió el olivar y la vid, en gran parte, con destino al mercado exterior.

Consecuencias culturales

La desamortización produjo una gran pérdida y expolio de bienes culturales de los antiguos monasterios, sobre todo. Muchas obras arquitectónicas se arruinarían, y bienes muebles (pinturas, bibliotecas, enseres) fueron vendidos a precios irrisorios y, en gran parte, salieron para otros países. Todo ello a pesar de que en 1840 se habían establecido unas comisiones provinciales encargadas de catalogar y custodiar esos bienes.

Conclusión de las Desamortizaciones

Para finalizar, podemos afirmar que las desamortizaciones supusieron un paso fundamental para el establecimiento del Liberalismo y sus consecuencias transformaron social y económicamente, además de culturalmente, el desarrollo posterior de España. Por lo tanto, nos encontramos en un capítulo más de la Revolución Burguesa, la cual seguirá cerrando el acceso del campesinado a la propiedad de la tierra y provocando que las tensiones sociales en el ámbito rural se proyecten en el siglo XX.