El Retorno a la Democracia
Luego de ocho años de interrupción democrática a manos de las juntas militares tras la derrota en la Guerra de Malvinas, Argentina comenzó el camino hacia la normalización institucional. En las elecciones de 1983, Raúl Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical (UCR), ganó con el 52% de los votos, superando al Partido Justicialista (peronismo) que obtuvo el 40%.
Derechos Humanos, Transición y Sublevaciones Militares
El gobierno de Alfonsín tuvo que afrontar el complejo proceso de transición democrática en un país marcado por ocho años de gobierno militar. Propuso recortar el presupuesto militar y que la lucha antisubversiva quedara en manos de la policía, dentro del marco de la ley y el respeto de los derechos humanos. Además, anunció el reordenamiento de los sindicatos. Alfonsín se presentaba como garante de la normalización institucional, donde la libertad, la paz, la democracia, el respeto por las garantías individuales y los derechos humanos (mutilados por las juntas militares) expresaban justicia y modernidad.
Dos Ejes Prioritarios: La Normalización Institucional y la Cuestión Militar
El gobierno de Alfonsín se centró en dos ejes principales: la normalización institucional y la temática militar. Esto incluyó el juicio a los ex comandantes y la gestión del problema militar relacionado con las Fuerzas Armadas y los levantamientos.
Juicio a las Juntas Militares
Alfonsín pretendía que las propias Fuerzas Armadas sancionaran a quienes habían violado los derechos humanos. El gobierno ordenó el arresto de los comandantes de las tres primeras juntas y la persecución de los principales líderes guerrilleros. Pretendió, de esta manera, igualar las responsabilidades de los grupos guerrilleros y del terrorismo de Estado.
La CONADEP: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
Con el objetivo de investigar las desapariciones ocurridas durante la dictadura, se creó la CONADEP. Su informe, titulado “Nunca Más”, afirmó la existencia de 8961 desaparecidos, 340 campos clandestinos de detención y 15000 militares involucrados.
La Política Económica del Gobierno de Alfonsín
La dictadura militar dejó a Argentina en una situación crítica, marcada por la deuda externa y la fuerte concentración de la riqueza en unos pocos grupos económicos muy poderosos. El regreso a la vida democrática con el gobierno de Alfonsín generó un fuerte optimismo.
El Plano Cultural y Educativo
La democracia restableció la libertad de expresión. Las universidades recuperaron su autonomía y numerosos intelectuales retornaron a las aulas.
Consulta por el Canal Beagle y los Derechos de las Mujeres
Durante la presidencia de Alfonsín se realizó la consulta popular por el Canal de Beagle. Además, la transición democrática, más allá de aciertos y errores, significó una ampliación de los derechos de las mujeres. Surgió un renovado movimiento feminista que cuestionaba la diferencia jerárquica entre los sexos, considerándola parte de los cimientos autoritarios. En 1987 se sancionó la Ley de Divorcio Vincular. A fines de 1983 se creó el Programa de Promoción de la Mujer y la Familia en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social.
En 1987, al programa le sucedió la Subsecretaría de la Mujer, diseñada sobre la base de seis áreas prioritarias: atención, salud, educación, trabajo, vida cotidiana y familia, legislación y medios de comunicación. El movimiento de mujeres en Argentina fue una experiencia única en Latinoamérica debido a su continuidad y periodicidad, visibilizando las realidades de mujeres que sufrían la exclusión.
Normativas Legales que Aumentaron los Derechos de las Mujeres
Entre las normativas que ampliaron los derechos de las mujeres se destacan la Ley de Patria Potestad Compartida (Ley 23.264), que establecía la patria potestad ejercida por ambos cónyuges, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), uno de los instrumentos internacionales más notables para garantizar la igualdad de derechos.
Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida
Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida fueron promulgadas durante el gobierno de Alfonsín. La Ley de Punto Final fijaba una fecha tope para iniciar causas relacionadas con la represión ilegal. El presidente presentó un proyecto que fijaba un plazo de 60 días para presentar nuevas acusaciones. Después de ese lapso, solo podían ser juzgados quienes habían cometido delitos que involucraban a niños, como el robo de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. La Ley de Obediencia Debida establecía que los oficiales subalternos no podían ser juzgados por haber cumplido órdenes.
Levantamientos Militares
Durante el gobierno de Alfonsín se produjeron varios levantamientos militares. El levantamiento carapintada se produjo por un amotinamiento en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, liderado por Aldo Rico. Los carapintadas expresaron su descontento y exigieron un aumento de presupuesto para las Fuerzas Armadas. Posteriormente, se produjeron otros levantamientos, como el de Monte Caseros (16 de enero de 1988) en Corrientes, también liderado por Rico, y el de Villa Martelli (4 de diciembre de 1988) en Buenos Aires, dirigido por Mohamed Alí Seineldín. En enero de 1989, el grupo de izquierda Movimiento Todos por la Patria (MTP) tomó por asalto el cuartel de La Tablada. El objetivo era evitar un supuesto golpe de estado. El ataque fue severamente reprimido y dejó muertos, heridos y desaparecidos.