Los inicios del reinado de Juan Carlos I y la Transición Democrática Española

En 1975 comienza el reinado de Juan Carlos I. Significa la restauración de los borbones en el trono y el comienzo de una serie de transformaciones de las instituciones de la dictadura, que culminarían en un sistema democrático. Este proceso, conocido como Transición, ha sido considerado modélico por la manera pactada y pacífica en la que se llevó a cabo. El 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I jura ante las Cortes como nuevo rey. Sin embargo, asesores del monarca, entre ellos Torcuato Fernández Miranda, tenían ya diseñado un proceso de cambio político mediante una reforma controlada y dentro de la legalidad franquista. En un principio se mantuvo a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno, pero se incluyó a ministros aperturistas como Fraga, Areilza o Suárez. Adolfo Suárez es nombrado presidente del gobierno. Las Cortes aprobaron la reforma del Código Penal, permitiendo la legalización de los partidos políticos. Se decretó una amnistía de los presos políticos, que excluía los delitos de terrorismo. Para llevar a cabo su proyecto, Adolfo Suárez debía conseguir que la oposición democrática aceptara el plan, y convencer a los altos mandos del Ejército de la necesidad de la reforma. De esto último se encargó el rey don Juan Carlos, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En noviembre de 1976 Suárez consigue que las Cortes aprueben la Ley para la Reforma Política. Significaba el cambio hacia un sistema democrático a partir de las instituciones franquistas. No obstante, la campaña electoral fue muy agitada, con atentados terroristas y actos clandestinos, como la rueda de prensa de Santiago Carrillo, presidente del PCE. El gobierno de Suárez salió muy reforzado, y la oposición abandonó sus posturas rupturistas. En 1977 la adopción de medidas que restablecieran todas las garantías democráticas se vio ensombrecida por una enorme tensión social, motivada por los grupos de extrema derecha y de los grupos terroristas. Todos los partidos políticos fueron legalizados por el gobierno salvo el PCE, debido a las resistencias de los sectores conservadores y del Ejército. Pero la legalización de este partido era necesaria para una completa normalidad democrática, por lo que finalmente fue legalizado por orden de Adolfo Suárez el 7/04/1977, provocando la dimisión del Ministro de Marina y la protesta de muchos militares. Se convocaron elecciones generales en junio de 1977. El centro político lo ocupó la coalición UCD, en la que se unían liberales, democristianos y socialdemócratas, en torno a Adolfo Suárez. Los nacionalismos estaban representados por Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana, el PNV y Euskadiko Ezquerra. El resultado de las elecciones dio el triunfo a la UCD, quedando como principal partido de oposición el PSOE. El gobierno sería presidido por Adolfo Suárez. Suárez propuso a todas las fuerzas políticas los llamados Pactos de la Moncloa, en los que se establecían medidas económicas que comprometían también a los empresarios y los sindicatos. También se incluía una reforma de los impuestos, el control de la Seguridad Social y un programa de inversiones públicas. Era el resultado del consenso entre grupos políticos de ideologías muy dispares, define a España como un Estado social y democrático de derecho, teniendo como valores principales la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En abril se celebraron las primeras elecciones municipales libres, consiguiendo la izquierda ocupar la mayoría de grandes ayuntamientos mediante pactos entre PCE y PSOE. Durante estos años sigue la ofensiva terrorista, siendo 1980 el año más sangriento con más de cien asesinatos entre miembros del Ejército, Guardia Civil y la Policía. El malestar iba creciendo en el Ejército y la tensión entre los partidos políticos también aumentó, agravándose la crisis interna de la UCD. Las diferentes ideologías que configuraban la coalición empezaron a hacer críticas a Adolfo Suárez, que se vio aislado, por lo que presentó la dimisión en enero de 1981. El rey designa a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. El 23 de febrero de 1981, cuando se estaba celebrando la sesión de investidura del nuevo presidente en el Congreso, se produce un intento de golpe de Estado. El teniente coronel Tejero irrumpe con la Guardia Civil en el edificio, mientras que el general Milans del Bosch saca el ejército a las calles de Valencia. La falta de apoyo de otros generales y el compromiso del rey con el proceso democrático consiguieron el fracaso del golpe. Con su gobierno y la victoria del PSOE en las elecciones generales de octubre de 1982 se da por concluida la Transición.

Constitución 1978 y Sistema Democrático Español

Tras constituirse las nuevas Cortes tras las elecciones de junio de 1977, todos los grupos coincidieron en la necesidad de abordar la elaboración de una Constitución. Tras ser largamente debatida en las Cortes, ambas cámaras, el Congreso y el Senado, en sesión conjunta, aprobaron el 31 de octubre de 1978 el texto constitucional. La Constitución fue sancionada por el rey y entró en vigor el día 29 de diciembre. Valores y principios. Garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de empresa, la economía de mercado y, entre otros, los derechos a la vida, a la huelga y a la educación. Las instituciones y la configuración del Estado de las autonomías. La Constitución reconoce la separación e independencia de los tres poderes. El poder ejecutivo es responsabilidad del gobierno, que se compone del presidente, los vicepresidentes y los ministros. El presidente del gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados a propuesta del rey. El poder judicial, por su parte, corresponde a jueces y magistrados, sometidos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Este se ocupa de controlar la constitucionalidad de las leyes, y también resuelve los posibles conflictos entre las normas aprobadas por los parlamentos de las Comunidades autónomas y las normativas del Estado. En cuanto a la organización territorial del Estado español, la Constitución ha querido dar respuesta, a través de las autonomías, a la reivindicación histórica que el nacionalismo vasco y catalán ha venido demandando desde finales del siglo XIX. La Constitución declara, en efecto, que España está integrada por diversas «nacionalidades» y regiones que acceden a su autogobierno, asumen determinadas funciones y competencias, las cuales aparecen descritas en sus respectivos Estatutos de autonomía, que tienen que ser aprobados por las Cortes. Cumplido el proceso de organización territorial, España cuenta con 17 Comunidades y dos ciudades autónomas. La promulgación de la Constitución Española de 1978, con la creación del Estado de las Autonomías, es el punto de partida para una nueva época. El 21 de noviembre de 1980 se decide iniciar el proceso autonómico por la vía del artículo 143 de la Constitución. El 24 de noviembre de 1980, las cinco Diputaciones Provinciales adoptan acuerdos favorables para iniciar el proceso autonómico y consultar a los ayuntamientos. El 10 de agosto de 1982, las Cortes Generales aprueban el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha mediante la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto que permite a Castilla-La Mancha acceder al autogobierno. Según el Estatuto, los poderes de la región se ejercen a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuyos órganos de gobierno son las Cortes de Castilla-La Mancha, elegidas cada cuatro años, el Presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se convierte, así, en una entidad territorial que, dentro del orden jurídico establecido, tiene autonomía legislativa y competencias ejecutivas, así como la facultad de administrarse mediante sus propios representantes.